Nada hay ya que resista a la imparable confrontación entre las fuerzas políticas españolas. Hace una década, el Congreso de los Diputados instauró el 27 de junio como Día de las Víctimas del Terrorismo y organizó un acto anual que pretendía simbolizar la unidad de los partidos frente a la violencia política. El homenaje institucional comenzó a resquebrajarse el año pasado, cuando la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) decidió no asistir, una postura secundada por Vox. Este domingo el plante se extendió al PP, que, mientras se celebraba el acto en el hemiciclo, prefirió participar en una concentración de protesta a las puertas de la Cámara junto a miembros de AVT y Covite, así como dirigentes de Vox.
La imagen no pudo resultar más desconcertante. Dentro de la Cámara, un acto solemne con las presidentas del Congreso y el Senado, el del Tribunal Constitucional, la vicepresidenta primera del Gobierno, los ministros de Interior y Justicia, y representantes de asociaciones integradas en la Fundación Víctimas del Terrorismo. Dos acérrimos adversarios políticos se sentaban en la misma bancada: la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que asistía por primera vez, y el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Carlos García Adanero. Junto a ellos, los representantes de Ciudadanos, Edmundo Bal; del PNV, Aitor Esteban, y de ERC, Gerard Álvarez. Dos únicos parlamentarios populares estaban presentes, aunque en su condición institucional de miembros de la Mesa de la Cámara, Ana Pastor y Adolfo Suárez Illana.
Y, al mismo tiempo, frente a la Puerta de los Leones, un centenar de personas formaba una concentración de protesta. Entre ellos se contaban los portavoces de las asociaciones mayoritarias de víctimas, una delegación del PP encabezada por su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, otra de Vox con Jorge Buxadé al frente y el diputado Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, partido que sí participó en el acto, pero que tenía “el corazón, la comprensión y los afectos fuera”, según explicó ―dentro― Edmundo Bal.
En el hemiciclo, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, recordaba que la “unidad social y política fue fundamental, hace 10 años, para que ETA fuese derrotada”. Fuera, se escuchaban gritos pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez y tanto los representantes de las asociaciones como los políticos de la derecha presentes acusaban al Gobierno de “blanquear a los herederos de los asesinos” y clamaban contra el acercamiento de presos de la banda a cárceles del País Vasco. La presidenta de la AVT, Maite Araluce, exigía la ilegalización de EH Bildu, y Gamarra, interpelada al respecto por los periodistas, evitaba respaldar expresamente esa solicitud.
La solemnidad del acto institucional, con un minuto de silencio y piezas de música clásica interpretadas por dos alumnos del Conservatorio de Música de Madrid, no pudo sustraerse al clima de división. Batet comenzó su discurso subrayando que este homenaje anual “pertenece a las víctimas” y como tal ellas “son libres de participar o de ausentarse”. En nombre de la fundación de víctimas habló su presidente, Tomás Caballero, hijo de un concejal de UPN asesinado por ETA en 1998, quien admitió la “ausencia voluntaria de gran parte” de las asociaciones, a las que mostró su “consideración y respeto”, y pidió al Gobierno una “reflexión” sobre las circunstancias que han provocado esa fractura.
Antes del acto, las declaraciones en el patio del Congreso de algunos de los presentes habían evidenciado aún más la discordia. El primero en comparecer ante la prensa fue el portavoz de Ciudadanos, quien lanzó una diatriba contra el Gobierno en la que vinculó sus acuerdos con EH Bildu a los indultos a los líderes del procés. Las palabras de Bal indignaron al presidente de la Asociación de Víctimas del 11-M, Eulogio Paz, quien dijo que eran “impropias de un político que se digne de serlo”. “Todos los Gobiernos, del PSOE y del PP, han acercado y han indultado a terroristas”, manifestó. En nombre del colectivo de víctimas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, su vicepresidente, Javier López, explicó que ellos también son críticos con la política del Ejecutivo, pero consideró que en un “acto institucional como este” están “absolutamente fuera de lugar las reivindicaciones políticas”. Y añadió: “A título personal, no entiendo la ausencia del PP y de Vox”.
En su discurso ante la Cámara, el presidente de la Fundación de Víctimas trasladó una petición concreta al Gobierno y a los partidos: que promuevan reformas legales para impedir los homenajes públicos a terroristas. “Son un ultraje a las víctimas y una incitación al odio y a la violencia”, denunció Caballero. “Una democracia como la nuestra no puede seguir permitiéndolo”. La portavoz de EH Bildu no aplaudió el discurso.
Pese a la atmósfera de hostilidad, Batet no desistió de sus llamamientos a la unidad de las fuerzas políticas: “Convoco este acto porque creo en él y en su sentido, convencida de que actos como este son los que hacen comunidad y, sobre todo, los que hacen Estado”. En la calle, solo se escuchaban airados discursos contra un Gobierno acusado de “equidistancia” entre los terroristas y sus víctimas. Allí sí se respiraba una aparente unidad, aunque por debajo circulaba una corriente subterránea bien distinta. En una esquina la diputada de Vox Cristina Esteban cuchicheaba con su compañero europarlamentario Hermann Tertsch: “¡Y luego hay quien vota al PP, los del Movimiento Vasco de Liberación!”.
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