El precio de la luz bate otro récord y seguirá su escalada en el arranque de septiembre: 132 euros el megavatio hora

Una torre de transporte de energía en Bilbao.
Una torre de transporte de energía en Bilbao.Luis Tejido / EFE

El precio de la electricidad continúa su escalada. Tras marcar este martes un récord de 130,53 euros el megavatio-hora (MWh), mañana miércoles alcanzará un nuevo máximo histórico con 132,47 euros, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). Unas cifras nunca vistas que han consagrado a agosto como el mes más caro de la historia, tras pulverizar nueve días su récord a lo largo del mes, y que meten presión al Gobierno para buscar medidas adicionales en este arranque de septiembre que alivien el impacto de la espiral alcista sobre el bolsillo del consumidor.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, compareció el lunes en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la situación. Reconoció que el recibo de los más de 10 millones de hogares que tienen contratada la tarifa regulada (PVPC o precio voluntario para el pequeño consumidor), indexada al mercado mayorista, se encarecerá en un 25% en comparación con el año pasado, que cerró con unos precios históricamente bajos por la pandemia. Pero aseguró que esta tarifa sigue siendo un 20% más barata que la del mercado libre (donde el precio de la energía lo acuerda el cliente con su comercializadora) y descartó intervenciones en el sistema de fijación de precios.

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De esta manera, la vicepresidenta tercera dio un portazo a la propuesta de Unidas Podemos de topar los precios de nuclear e hidroeléctrica, que en virtud de las reglas de funcionamiento del mercado mayorista ―iguales para toda Europa― reciben retribuciones muy por encima de sus costes de producción. Ribera aseguró que ni se intervendrán los precios ni se modificará el sistema que fija los precios en el pool ―así se conoce el mercado mayorista de la electricidad― porque supondría una vulneración del derecho comunitario.

Detrás de esta espiral alcista en el mercado mayorista de la electricidad están los precios disparados del gas y de los derechos de emisión de CO₂, que han repuntado con fuerza con la reactivación económica tras el parón impuesto por la pandemia y la decisión de Bruselas de acelerar su hoja de ruta hacia la neutralidad climática. Este miércoles 1 de septiembre la hora más cara se situará en los 139,95 euros de 21.00 a 22.00 horas, mientras que la más barata será de 3.00 a 4.00 de la madrugada con 114,74 euros.

La ministra recordó que el Gobierno ya rebajó este verano el tipo de IVA del 21% al 10% ante los primeros repuntes de precios, y anunció que la suspensión temporal del impuesto de generación, que se aprobó en junio por un periodo de tres meses, se ampliará hasta finales de año. También avanzó que se estudian medidas para limitar la volatilidad del PVPC, que pasarían por “integrar en parte una cesta de indicadores más estables”, y reiteró que el Ejecutivo trabaja en dos proyectos de ley que supondrán cambios estructurales en el mercado, invitando a los demás grupos políticos a apoyarlos: la limitación del dividendo del CO₂ de las centrales no emisoras ―principalmente, nuclear e hidroeléctrica― y la creación de un fondo para sacar el coste de las primas a las renovables del recibo repartiéndolo entre todas las comercializadoras de energía.

Centrales hidroeléctricas

Las centrales hidroeléctricas, con costes amortizados y operadas por empresas privadas bajo régimen de concesión, han marcado el precio de la electricidad en más de la mitad de las horas en este agosto de fuego mientras que algunos embalses han sido vaciados. El Gobierno ya había anunciado la apertura de expedientes para investigar estas prácticas, que la misma Ribera tachó de escandalosas, y estudia la creación de una empresa pública que se haga cargo de las presas, tal y como reivindica Unidas Podemos. Esta última medida, sin embargo, tardaría en surtir efecto, ya que se descarta revocar las concesiones antes de tiempo y muchas de ella no se extinguirán hasta dentro de más de una década.

Durante su comparecía en el Congreso, en la que ha apoyado la propuesta de crear una comisión de investigación que estudie las razones de la subida de precios, la ministra echó más gasolina al fuego. Anunció que el Ejecutivo trabaja en la aplicación del artículo 55 de la Ley de aguas, que permite a las cuencas hidrográficas regular el caudal de los ríos para evitar prácticas contrarias al medioambiente, y acusó a las eléctricas de no haber mostrado ninguna “empatía social”, recordando que también la empatía “cotiza en Bolsa”.


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