Luego de haber alcanzado máximos históricos, los cultivos de coca en Colombia comienzan a marcar una tendencia a la baja en el Gobierno de Iván Duque. Después de alarmantes aumentos, y tras varios años de enormes esfuerzos, el país andino ha logrado reducir las hectáreas dedicadas al cultivo del producto base de la cocaína. La superficie total destinada a la coca pasó de 169.000 a 154.000 hectáreas al cierre del año pasado, de acuerdo con el informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (SIMCI), presentado este miércoles en el palacio presidencial en Bogotá. Es el segundo año consecutivo de disminución desde el récord de 171.000 hectáreas en 2017.
“Es la mayor reducción de cultivos ilícitos en los últimos seis años en nuestro país”, destacó el presidente, acompañado por varios consejeros y miembros de su gabinete, en una declaración junto a Pierre Lapaque, representante en Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), encargada de la medición que se toma como la cifra oficial de narcocultivos. “El narcotráfico es un mal que afecta a la humanidad”, declaró un solemne Duque al calificar ese flagelo como un “asesino de líderes sociales”, “degradador” y “ecocida” que afecta a muchos lugares privilegiados de la geografía colombiana. Para el mandatario, combatir el narcotráfico es un “deber moral” de toda la sociedad. “Celebro también que la droga producida el año pasado se encontró con una gran capacidad de incautación”, remató.
A pesar de ese descenso, la producción de cocaína se mantiene estable debido a una mayor productividad, advierte la UNODC. “La coca sube en enclaves, pero baja en la gran mayoría del país”, explicó Lapaque al reconocer los esfuerzos tanto del Gobierno como de las comunidades que se han comprometido a abandonar los narcocultivos. Solo hubo incrementos significativos en los departamentos de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela (24%), y Valle del Cauca, sobre la costa del Pacífico, que sirve como corredor del narcotráfico (82%). Por el contrario, hubo reducciones importantes en Caquetá (-62%), Antioquia (-29%) y Nariño, en la frontera con Ecuador (-12%).
En su larga batalla, Colombia, el mayor productor mundial de hoja de coca, ha conseguido reducir las hectáreas de 168.000 en el año 2000 a 48.000 en 2012 y 2013, los niveles más bajos desde que hay registros. Sin embargo, después crecieron a 69.000 hectáreas en 2014, 96.000 en 2015, 146.000 en 2016 y el máximo de 171.000 en 2017, siempre de acuerdo con la medición del Simci. La cifra del año pasado constituye así un considerable espaldarazo para Duque, sometido a una enorme presión por parte del Gobierno de Donald Trump. El mandatario colombiano ha fijado el eje de su política exterior en Washington, un estrecho socio en la estrategia antinarcóticos hace más de dos décadas.
Desde que llegó a la Casa de Nariño en agosto de 2018, Duque ha dado un giro en la política antidrogas con respecto a Juan Manuel Santos (2010-2018). Mientras que su antecesor abogó por cambiar el enfoque en la lucha global contra el narcotráfico, y desde distintos foros ha pedido abordar el problema como un asunto de derechos humanos y salud pública –incluso en su discurso de aceptación del Nobel de Paz–, Duque ha marcado una línea más dura y un regreso al prohibicionismo. El mandatario ha favorecido la erradicación forzosa en detrimento de la sustitución voluntaria pactada con las comunidades de campesinos. “Trabajaremos combinando todas las herramientas, en un enfoque integral, para reducir el área de cultivos ilícitos”, apuntó Duque este miércoles, sin mencionar el propósito que contempla el Ejecutivo para regresar a las fumigaciones aéreas con glifosato, un controvertido herbicida potencialmente cancerígeno.
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