BOGOTÁ, Colombia – El presidente colombiano, Iván Duque, lamentó este martes que a su mentor, el exmandatario y senador Álvaro Uribe, a quien la Corte Suprema de Justicia le dictó detención domiciliaria, “no se le permita defenderse en libertad”, mientras que a criminales se les garantice el no ir a prisión.
“Duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o, inclusive, tengan garantizado jamás ir a prisión, y que a un servidor público ejemplar, que ha ocupado la más alta dignidad del Estado, no se le permita defenderse en libertad, con la presunción de inocencia”, dijo Duque en una declaración.
Justamente, el presidente había criticado en mayo del año pasado la decisión de la Corte Suprema de dejar en libertad a alias “Jesús Santrich”, exjefe de la antigua guerrilla de las FARC que había sido detenido por narcotráfico y semanas después de recuperar su libertad retomó las armas para fundar una disidencia con alias “Iván Márquez”.
Uribe, que fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010, anunció este martes en sus redes sociales la orden del alto tribunal de detención domiciliaria en un proceso que le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos, aunque la propia Corte Suprema no se ha pronunciado aún al respecto.
Después de entregar la Presidencia en 2010 a Juan Manuel Santos, Uribe se convirtió en jefe de la oposición y fundó en 2013 el partido Centro Democrático, al que pertenece Duque.
LLAMADO A LA REFLEXIÓN
Ante la decisión de la Corte, el presidente Duque hizo un llamado “a la reflexión” y aseguró que entiende “el papel de las instituciones y la independencia de poderes”.
“Como ciudadano y creyente en las instituciones espero que las vías judiciales operen y que existan plenas garantías para que un ser humano íntegro ejerza a plenitud su defensa en libertad”, añadió Duque.
En ese sentido, el jefe de Estado calificó a Uribe como “un patriota genuino, entregado a servir a Colombia, como consta en una larga carrera de servicio público como director de la Aerocivil, alcalde de Medellín, senador, gobernador y como presidente de Colombia en dos ocasiones”.
Igualmente manifestó que el expresidente y su familia “han sido víctimas de todo tipo de ataques y difamaciones, de todo tipo de epítetos y de todo tipo de acusaciones”.
“Con gallardía, ha acudido siempre a todos los llamados que le ha hecho la Justicia, con la frente en alto”, aseveró.
El caso por el que se ordenó prisión domiciliaria para Uribe comenzó en febrero de 2012 cuando el expresidente demandó por supuesta manipulación de testigos a Iván Cepeda, congresista del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
El atentado terrorista de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá, en enero del año pasado, dejó 22 muertos y 66 heridos.
Esa demanda acabó volviéndose en contra de Uribe cuando el magistrado José Luis Barceló, que fue quien recibió el caso en la Corte Suprema, no solo lo archivó sino que decidió abrir una investigación al expresidente al considerar que pudo incurrir en la posible manipulación de testigos.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó este martes la detención domiciliaria del expresidente y senador Álvaro Uribe, dentro de un proceso que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos, informó el propio acusado.
La Corte Suprema escuchó el año pasado a Uribe, senador desde 2014 por el Centro Democrático, y realizó otras diligencias con las cuales debía decidir en esta semana la situación del expresidente, que gobernó el país entre 2002 y 2010.
Miles de colombianos abarrotaron este viernes los comercios para aprovechar las ventajas tributarias del primer día sin IVA decretado por el Gobierno para estimular la economía, lo que puso en alerta a las autoridades sanitarias que temen que las aglomeraciones propaguen la COVID-19.
La posibilidad de la detención preventiva de Uribe ya había caldeado el ambiente en la redes sociales donde seguidores y opositores del expresidente se enzarzaron en una polémica, mientras que el Centro Democrático ya había fijado su posición expresando preocupación.
“El Centro Democrático, con el debido respeto que merecen las instituciones y la administración de justicia de nuestro país, expresa su grave preocupación ante las diferentes versiones de prensa que sugieren una decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en contra el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez”, dice el comunicado.
GUERRA DE TESTIGOS
El caso comenzó en 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador de izquierdas Iván Cepeda, que preparaba por esa época una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo, proceso que acabó volviéndose en contra del expresidente.
El magistrado José Luis Barceló no solo archivó el caso sino que decidió abrir una investigación al expresidente por supuesta manipulación de testigos contra el senador Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo (PDA) y uno de los más enconados críticos de Uribe.
El Centro Democrático, partido fundado por Uribe y al que pertenece el presidente colombiano, Iván Duque, indicó en su comunicado que el proceso contra el exmandatario hace parte de la guerra ideológica que vive Colombia entre izquierda y derecha.
Según el mensaje, “distintos elementos asociados con la izquierda armada comenzaron a tejer un imaginario criminal desde el cual fueron preconstituyendo la apariencia de una verdad, ficticiamente incriminante, para deformar -en la percepción pública- la conducta institucional y privada de quien ha observado una vida intachable”.
DIFERENCIAS IDEOLÓGICAS
Para el partido, una decisión contraria a Uribe sería una paradoja porque castigaría al político que más combatió a los grupos armados ilegales, en especial a la antigua guerrilla de las FARC.
“Una decisión contra la honra de Álvaro Uribe Vélez, sin la solidez absoluta de un acervo probatorio incontrovertible, nos empujaría hacia una inédita paradoja de la historia: los delincuentes que arrasaron la paz nacional y llenaron de lágrimas nuestros hogares, sentados en el Congreso, y el hombre que rescató la nación y sacó a Colombia de la oscuridad, pagando un precio insólito por vencerlos”, añadió.
El 8 de octubre del año pasado, la Corte Suprema vinculó formalmente a Uribe a un proceso por presunto fraude procesal y soborno de testigos.
De esta forma, Uribe se convirtió en el primer expresidente que responde a un proceso penal en la Corte Suprema ya que por tener fuero de senador su caso queda fuera de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que es la que se ocupa de los procesos a jefes de Estado y exmandatarios.
ABOGADO POLÉMICO
Una de los implicados en el caso de Cepeda que compromete a Uribe es el controvertido abogado Diego Cadena, quien hasta hace pocas semanas fue uno de los defensores del expresidente.
La Fiscalía acusó la semana pasada a Cadena y al socio de este, Juan José Salazar, de sobornar testigos para obtener declaraciones favorables a Uribe, por lo que pidió prisión domiciliaria para ellos.
Según la Fiscalía, Cadena fue a la cárcel de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca (suroeste), el 18 de julio de 2017 para hablar con Carlos Enrique Vélez, condenado por paramilitarismo.
Rescatan a extranjeros en Colombia.
Durante esa visita, añade la entidad, Cadena prometió a Vélez el pago de 200 millones de pesos (unos $54,000 de hoy) con el fin de “que declarara falsamente ante la Corte Suprema, a la cual le debía cambiar su versión respecto a que el senador Iván Cepeda lo había abordado varias veces para que presentara una versión en contra de Álvaro Uribe Vélez”.
Antes de la audiencia Cadena aceptó que dio dinero a esos testigos pero dijo que lo hizo como “ayuda humanitaria” y que el expresidente Uribe no sabía de esas entregas.
El defensor de Cadena, el abogado Iván Cancino, rechazó los cargos de la Fiscalía y anunció que presentará pruebas en favor de su cliente.