Colombia adoptó hace años una política de puertas abiertas ante la migración venezolana, un flujo masivo que se intensificó con el deterioro de la crisis económica y el bloqueo institucional en Caracas. De los cerca de cinco millones de personas que se fueron en busca de oportunidades, casi 1,7 millones se establecieron en el país vecino, según datos oficiales. El impacto de esos números en los servicios públicos colombianos viene de lejos, pero el presidente Iván Duque hizo el lunes un anuncio especialmente polémico que le costó una oleada de críticas. Los migrantes sin papeles, mantuvo, no tendrán derecho a la vacuna contra la covid-19 que se empezará a administrar en febrero. Detrás de esa afirmación hay otra cifra: alrededor de 950.000 venezolanos “en condición irregular”, uno de los sectores más vulnerables y expuestos de la sociedad, quedarán excluidos del programa de vacunación, que en su conjunto contempla la distribución de 40 millones de dosis.
“Tenemos la priorización, siempre serán los ciudadanos colombianos. Esa será nuestra prioridad, porque así está marcada”, afirmó Duque en una entrevista en la emisora Blu Radio. El mandatario explicó que los casos de ciudadanos con doble nacionalidad “se van manejar, no en función de la nacionalidad”. “Si son personas que están regularizadas, si son personas que tienen las condiciones y, adicionalmente, están dentro de las patologías y la población de riesgo definidas por el Ministerio de Salud eso da criterio orientador para la aplicación de la misma”, añadió en referencia a la vacuna. Al ser preguntado sobre los migrantes sin residencia, insistió: “Quienes no tengan en este momento la acreditación de ser ciudadanos colombianos y que no tengan regularizada su situación migratoria, por supuesto que no. Si no, imagínese lo que estaríamos viviendo: tendríamos en este momento casi que un llamado a la estampida a que todo el mundo cruce la frontera a pedir que lo vacunen”.
Duque está radicalmente enfrentado al régimen de Nicolás Maduro y ha dado su apoyo a la oposición encabezada por Juan Guaidó. Con esas premisas, su Gobierno optó por permitir sin apenas trabas, atendiendo a razones humanitarias, la entrada de los migrantes venezolanos. El cierre de total de la frontera terrestre, más de 2.200 kilómetros repletos de caminos informales, las llamadas trochas, hubiera sido por otro lado inviable. Esa medida ni siquiera se hizo efectiva en las semanas de estricto aislamiento decretado por la pandemia de coronavirus. En cualquier caso, la decisión de excluir a los sin papeles de las vacunas, que en Colombia serán de las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca y la plataforma Covax, enturbió un horizonte político ya de por sí muy tenso. El alcance de los cuestionamientos es de carácter social y sanitario.
“No vacunar a los venezolanos es una mala idea desde un punto de vista epidemiológico. Pero es sobre todo una propuesta antiética: excluye a los más vulnerables y discrimina de forma casi amenazante en contra de un grupo de personas por su nacionalidad y estatus migratorio”, señaló a través de las redes sociales el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, hoy rector de la Universidad de los Andes. Uno de los líderes de la oposición, el excandidato presidencial Gustavo Petro, rechazó con dureza el fondo del anuncio. “Este mensaje logra que millones de colombianos aplaudan olvidando que hay millones de colombianos en Venezuela, Ecuador, EE UU y España, y que para nada nos gustaría que los excluyeran de la vacuna. La xenofobia es uno de los pilares del fascismo”, manifestó el senador izquierdista. El expresidente Ernesto Samper se preguntó qué pasaría si “a Trump le diera por negarles la vacuna del Pfizer a todos los migrantes latinos que viven en EE UU”.
Los migrantes venezolanos sin papeles y sin empleo formal son precisamente quienes más expuestos están al virus. Y la escasez de recursos, las precarias condiciones de vida y el hecho de que no puedan aislarse porque su subsistencia depende de lo que ganan en el día a día, principalmente gracias al comercio ambulante, puede multiplicar los riesgos del resto de la sociedad. Duque no quiere generar, asegura, un efecto llamada, pero esta decisión choca con la política migratoria que abrazó cuando ganó las elecciones en 2018. Desde Caracas, Maduro aprovechó para arremeter una vez más contra Bogotá hablando de “xenofobia” y llegando a afirmar en un acto público: “Tenemos que cuidarnos de Colombia, porque de ahí viene todo el mal que entra a Venezuela”. Las relaciones entre los dos países llevan años rotas. La quiebra es irreversible y el Gobierno bolivariano considera a Duque y al presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, como sus principales adversarios.
Al mismo tiempo, la oposición venezolana que se referencia en Guaidó evitó criticar la medida y salió en defensa del presidente de Colombia. “La pandemia ha afectado a todos y a los más vulnerables de manera más severa. Con el inicio de la vacunación urgen todos los esfuerzos por lograrla en el menor tiempo posible, países como Colombia y el presidente Iván Duque ya inician estrategia certera en esa dirección”, escribió el dirigente de Voluntad Popular. El representante de su equipo en Bogotá, Tomás Guanipa, que en Colombia tiene cargo de embajador, manifestó que el Gobierno colombiano “ha tenido siempre la mano extendida para apoyar a los más de 1,7 millones de venezolanos que han tenido que salir huyendo de la emergencia humanitaria”. “Sus políticas de integración, salud y educación han sido pioneras en la región”, agregó. Duque siempre ha pedido mayor inversión internacional para sostener el fenómeno migratorio. En mayo, una conferencia de donantes destinó casi 2.800 millones de dólares a los refugiados y migrantes venezolanos.
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