El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, a su llegada este martes a la Audiencia Nacional.NACHO DOCE (REUTERS)
El Ibex 35 ha vuelto a la Audiencia Nacional. Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, ha acudido este martes a declarar como imputado ante el juez Manuel García-Castellón por los encargos de la eléctrica al grupo empresarial encabezado por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, epicentro de una macrotrama de corrupción que ejecutaba trabajos de espionaje para compañías y particulares. A lo largo de más de dos horas de interrogatorio, el máximo ejecutivo de la eléctrica se ha desmarcado de los contratos firmados con el antiguo policía e, incluso, ha ido un paso más allá al presentarse como víctima de la propia trama. “Ni ordené, ni autoricé, ni conocí nada”, ha dicho, según han detallado varias fuentes jurídicas.
Galán ha llegado al órgano judicial apenas cinco minutos antes de su cita con el juez, fijada a las 10.30. Escoltado por tres miembros de su equipo, el presidente de Iberdrola no ha podido evitar el paseíllo ante las cámaras de televisión y los periodistas apostados a las puertas de la Audiencia. Pese a que solicitó declarar por videoconferencia, el magistrado rechazó sus pretensiones. Y ha tenido que recorrer el camino que ya hicieron antes otros representantes del Ibex, como Francisco González, expresidente del BBVA; Antonio Brufau, presidente de Repsol; e Isidro Fainé, expresidente de CaixaBank.
Iberdrola admite que contrató con Cenyt, la trama de empresas de Villarejo. Pero descarta cualquier encargo ilícito y alega que era una compañía “legalmente constituida”, con sede en la Torre Picasso y con 30 empleados. En esta línea, la energética resta importancia al papel del comisario —“en esa compañía trabajaba Villarejo”, minimiza—, pese a que el policía era su máximo responsable y se entrevistaba personalmente con Antonio Asenjo, jefe de Seguridad de Iberdrola. “Es uno más de los 18.000 proveedores de la eléctrica”, añaden fuentes de la compañía, que insisten en que, además, es “imposible” que Galán conociese los detalles de lo facturado al comisario.
Así lo ha reiterado el ejecutivo este martes al juez. Según varias fuentes, el presidente de Iberdrola ha insistido en que él se encuentra en la cúspide de la corporación y que se encarga de la “estrategia” de la compañía y de buscar inversiones, sin entrar en los detalles de cada departamento. Según ha respondido, habrá que preguntarle a Asenjo por qué decidió hacerse con los servicios de Cenyt. “Un director no es un mandao, tiene autoridad para tomar decisiones. Y este señor ha sido cesado porque tomó decisiones equivocadas”, ha argumentado Galán sobre su antiguo responsable de Seguridad. “No conocía a Villarejo”, ha recalcado: “Nadie me informó de nada”.
Iberdrola y Galán se presentan, es más, como víctimas de una conspiración. “No permitiremos que quieran desestabilizar [a la empresa] con mentiras, por el simple hecho de que se la quieran quitar a los accionistas. Es una empresa bandera española, que tiene 400.000 puestos de trabajo directos e indirectos, que acaba de lograr un contrato de 22.500 millones de euros en el Reino Unido y que es un ejemplo para todo el mundo”, defienden fuentes de la dirección. “Galán ha logrado, por fin, ser recibido por el juez tras pedirlo desde hace meses y con el fin de poder defenderse de las calumnias de las que se le acusa”, apostilla la eléctrica, que asegura que las agendas de Villarejo contienen indicios de que el consejero de otra compañía, “interesada en adquirir” Iberdrola, encargó precisamente espiar a Galán.
Esta cita culmina una larga escalada por el cuadro directivo de Iberdrola. Antes de la comparecencia del presidente, el juez y la Fiscalía han interrogado a otros ejecutivos de la compañía. Este lunes, hacían lo propio con Francisco Martínez Córcoles, ex director general de Negocios y todavía consejero externo; y con Gabinete Rafael Orbegozo, ex jefe de Gabinete de Galán. Ambos negaron su implicación en la trama. La misma posición ha adoptado Fernando Becker, ex director corporativo de la energética en España, que también ha declarado este martes.
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SuscríbeteLos reproches al juez
El actual presidente de Iberdrola, que ha defendido su inocencia en todo momento, ha mantenido una actitud oscilante a lo largo de la instrucción. En mayo de 2021, Galán intentó adelantarse al magistrado después de que un informe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía detallase nuevas conversaciones entre Villarejo y el ex jefe de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, imputado en la causa y señalado como el interlocutor de la compañía con la trama. En ellas, el comisario se refería al máximo ejecutivo como conocedor de los encargos. El directivo se ofreció entonces para declarar de forma voluntaria, cuando las pesquisas ya vaticinaban su pronta imputación, pero García-Castellón ignoró su iniciativa y lo acabó imputando el 23 de junio tras pedírselo la Fiscalía Anticorrupción.
Ahí se acabó la paz. Iberdrola inició entonces una ofensiva contra la investigación, que alcanzó su máxima expresión en diciembre tras frustrarse la fusión de su filial en EE UU con PNM. A través de un duro escrito, la energética afirmó que la causa le genera un enorme “daño reputacional” y acusó al magistrado de traspasar todas “las líneas inimaginables”.
En el momento de su imputación, García-Castellón emitió un auto de 23 páginas donde describía los indicios contra Galán. En ese documento, el juez subrayaba que se habían encontrado hasta 15 facturas sin pedido, emitidas y abonadas por un total de 1,04 millones de euros al grupo Cenyt, la trama societaria de Villarejo. Según el instructor, los conceptos de esas facturas fueron “manipulados” para ocultar la verdadera finalidad de los trabajos encargados al comisario, sobre los que el presidente de Iberdrola tenía “conocimiento exclusivo”.
Los cinco proyectos
La instrucción se centra en, al menos, cinco proyectos: Arrow, que tenía por objetivo eliminar la oposición municipal y de los ecologistas a la construcción de una central en Arcos de la Frontera (Cádiz); Black Board, para conseguir información comprometedora sobre Manuel Pizarro, presidente en aquellos momentos de Endesa, su gran rival en el sector eléctrico; Gipsy, para investigar a directivos internos ante las sospechas de que estuvieran cobrando comisiones ilegales; Posy, el espionaje a Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid, para evitar el asalto de la constructora al consejo de administración de la eléctrica en 2009; y Wind, “centrado en la investigación de la sociedad suiza Eólica Dobrogea y su accionista mayoritario, Christopher Kaap, con quienes Iberdrola Renovables Energía S. A. se había aliado para desarrollar proyectos en Rumania”.
El magistrado ha concedido gran importancia a las declaraciones de José Antonio del Olmo, un antiguo ejecutivo de la compañía que se encuentra actualmente enfrentado con la cúpula de la eléctrica. Del Olmo ejerció como director de control de funciones corporativas dentro de Iberdrola y, según recalcó el instructor, comunicó a sus superiores en 2004 “diversas irregularidades que presentaban los trabajos del proyecto Arrow”. Para guardarse las espaldas, llegó a depositar entonces un informe en una notaría, que se encuentra incorporado al sumario, pero que la energética trata de desacreditar.
“Del Olmo mantuvo una relación con Villarejo”, repite Iberdrola contra su antiguo directivo: “Hizo un documento falso en connivencia con el notario. Robó documentos de Iberdrola para dárselos a un medio de comunicación y presentó una prueba que se ha acreditado que es falsa”, arguye la empresa contra él. De hecho, dentro de esta guerra, la compañía también ha desplegado una campaña dentro de la propia eléctrica y ha llegado a colgar en su intranet artículos contra Del Olmo, donde se detallan sus presuntas propiedades, para que los lean el resto de empleados. Una actitud que ha propiciado críticas. En un comunicado interno, el sindicato ELA califica esta publicación de “prescindible”: “No aporta absolutamente nada. No le corresponde a la plantilla valorarlo, sino al juzgado correspondiente si procede […] Creemos que, incluso, puede ser utilizada en contra de la empresa si llegase a manos de terceros”.
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