Con nocturnidad y alevosía, el presidente de Túnez, Kais Said, decretó anoche la prolongación por un periodo indefinido de las medidas excepcionales que aprobó el pasado 25 de julio, y que incluyen la congelación del Parlamento y la asunción por su parte de plenos poderes ejecutivos. El anuncio se hizo a través de una breve nota en la página de Facebook de la presidencia en la que se limitaba a informar que el presidente se dirigiría a la nación “en los próximos días”. La decisión llega un mes después de que el presidente Said destituyera al entonces primer ministro Hichem Mechichi, suspendiera la actividad del Parlamento y desatase con ello una grave crisis constitucional.
Aquel golpe de fuerza dado por Said se basó en una interpretación forzada de un artículo de la Constitución reservado para situaciones de “peligro inminente” para la seguridad nacional y que habilita al presidente a adoptar medidas de excepción. El propio Said se había dado un plazo de 30 días en su decreto del 25 de julio, y se esperaba que en este plazo de tiempo nombraría un nuevo primer ministro o presentaría una hoja de ruta. Pero no ha hecho ni lo uno ni lo otro.
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El artículo 80 de la Constitución no especifica una duración exacta para su aplicación, sino que cesará “cuando las circunstancias que llevaron a su aplicación ya no sean válidas”. Pero sí establece que en un plazo de 30 días, el presidente del Parlamento o 30 diputados podrán acudir al Tribunal Constitucional para que éste evalúe si se cumplen los requisitos para su aplicación. Sin embargo, es imposible aplicar esta cláusula porque casi siete años después de aprobar la nueva Constitución democrática del país todavía no se ha creado la corte suprema por falta del consenso necesario entre los partidos políticos. Por lo tanto, formalmente, no existe ninguna cortapisa a las actuaciones de Said, más aún con las labores del Parlamento suspendidas.
“A día de hoy, el presidente todavía no ha explicado cuáles son las causas de ese peligro inminente. No ha justificado desde el punto de vista legal sus acciones”, se quejaba recientemente en una tertulia televisiva el experto constitucionalista Jawhar Benbarek. Antes del 25 de julio, el país estaba sumergido en una grave crisis política, económica y sanitaria, con una media de unas 200 muertes diarias a causa del coronavirus. Desde entonces, y gracias a un programa de vacunación masiva, la situación ha mejorado y el Gobierno ha relajado las restricciones a los contactos sociales, por ejemplo, retirando la prohibición de los populares mercadillos al aire libre.
Manifestantes tunecinos el pasado 25 de julio. En vídeo, las claves de la crisis constitucional de Túnez.
La prolongación indefinida de los poderes absolutos de Kais Said puede reavivar el debate en Túnez de si el presidente dio un golpe de Estado. De momento, argumentos legales aparte, el presidente parece tener el apoyo de una mayoría abrumadora de la ciudadanía. Algunas encuestas apuntan que más del 80% de los tunecinos aprueban su órdago del 25 de julio a la clase política tradicional, a la que culpan de la acumulación de crisis que padece el país y acusan de ser tremendamente corrupta. .
Said, de 63 años, es un político independiente que venció de forma abrumadora las elecciones presidenciales de 2019 —obtuvo un 72% de los votos— con la promesa de extirpar la omnipresente corrupción y renovar la clase política. De hecho, entre sus medidas excepcionales del pasado 25 de julio figuraba levantar la inmunidad de los diputados, lo que ha llevado al arresto de una decena, si bien buena parte de ellos han sido luego liberados. Conocido entre la población por haber sido tertuliano habitual en los medios, los detractores del presidente le acusan de ser un populista con un escaso respeto a la ley, a pesar de ser profesor de Derecho Constitucional.
Durante este mes, se ha especulado mucho en la prensa sobre cuáles eran los planes del presidente, que en su programa político proponía una reforma radical de las instituciones. Hostil a la noción de partido político, Said propone una especie de democracia local y directa, con la elección en cada pueblo o barrio de un representante, que serían los encargados de escoger luego a los diputados en el Parlamento nacional.
Los rumores apuntan a que Said abolirá la Constitución y ordenará a un grupo de constitucionalistas que diseñen una nueva Carta Magna según sus designios, que incluirían el paso a un sistema presidencialista, en lugar del semi-presidencial en vigor. No obstante, hasta el momento, son solo especulaciones, pues ni el presidente, ni ningún miembro de su estrecho círculo de colaboradores ha dado la menor explicación a la opinión pública.
Según varias fuentes, el presidente no está consultando sus próximos pasos con los partidos políticos. De hecho, ni tan siquiera ha recibido en el Palacio Presidencial a los líderes del único partido que lo ha apoyado sin fisuras, el Movimiento del Pueblo, panarabista. Tanto el principal partido de la oposición, los islamistas moderados de Ennahda, como las cancillerías occidentales le han instado infructuosamente a volver lo más pronto posible “a la senda constitucional”.
Habida cuenta de la delicada situación económica del país, con una acuciante deuda externa, Said corre el riesgo de alienar a sus principales apoyos en el exterior, a menos que no piense sustituirlos por algunas potencias regionales, como Emiratos Árabes, Egipto o Arabia Saudí, encantados con la salida del poder de los islamistas.
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