En la nota escrita a mano en una página arrancada de un libro de texto dice que el venezolano Argenis Rafael Barrios López ha asistido a dos universidades: Puente Ayala y PAMC. Sin embargo, este hombre de 30 años no tiene estudios superiores. Al menos no en instituciones de educación formal. Puente Ayala es el apodo de la prisión José Antonio Anzoátegui de la ciudad de Barcelona, una de las más violentas de Venezuela. Y el PAMC es la Penitenciaría Agrícola de Monte Cristo, en el Estado fronterizo de Roraima (al norte de Brasil), que en los últimos años ha sido escenario de dos grandes masacres que conmocionaron al país. En estas dos cárceles, obtuvo certificados de criminalidad que atrajeron la atención del grupo criminal brasileño Primer Comando de la Capital (PCC). Ahora, López es uno de los 19 venezolanos denunciados por la Fiscalía del Estado de Roraima acusados de formar parte de la facción. Lo que más llamó la atención de las autoridades fue que todos eran “miembros bautizados” por el PCC, no solamente colaboradores.
La nota con la afiliación de López al PCC fue incautada durante un operativo realizado en la PAMC por las fuerzas federales de intervención que operan en el Estado desde 2018, con el objetivo de arrebatar el control de las cárceles de las manos de la facción tras las escenas de barbarie que se vivieron en la unidad en 2016 y 2017, con un saldo de más de 40 muertos. La cooperación de extranjeros con el grupo no es nada nuevo: algunos paraguayos e incluso italianos, por ejemplo, tienen conexiones con el PCC. Pero el bautizo de los venezolanos muestra un fortalecimiento de los lazos entre el crimen organizado de ambos países. El testimonio de Cristian Alexis Graterol Cabello, otro venezolano denunciado, refuerza esta tesis. Según él, al menos 740 de sus compatriotas se han unido a las filas de la facción en Roraima en los últimos años. Además, el PCC se ha aliado con el grupo criminal Tren de Aragua, uno de los más importantes de Venezuela, que se dedica a “la extorsión, los secuestros, los homicidios, el robo de vehículos y el tráfico de drogas y armas”, según informa el grupo de investigación internacional InSight Crime. Venezuela, a pesar de no ser un gran productor de drogas, es considerado un territorio libre para el tráfico, incluso con sospechas de participación de militares en negocios turbios.
Los venezolanos bautizados no solo ocupan posiciones subordinadas dentro del organigrama del PCC en Roraima. Cabello es un ejemplo de la confianza depositada por los delincuentes brasileños. Sucedió a Michel Mota Magalhães en el control de los puntos de venta de droga en el complejo residencial Vila Jardim, el barrio más importante de Boa Vista, la capital estatal. Los documentos incautados por la intervención federal en el PAMC también señalan que el acusado formaba parte del área de “comunicación y relaciones de Estados y Países”, departamento del PCC encargado de coordinar la venta de drogas al por menor, un puesto muy importante dentro de la jerarquía del grupo. Según la Fiscalía, le correspondía “administrar, verificar los estados de cuenta, dar órdenes de pago para la compra de narcóticos y armas, compra de casas de apoyo, pago a familiares de presos que estaban en penitenciarías federales, retiro de dinero de Brasil a Paraguay, conversión de dinero en dólares en Paraguay, Panamá, México y España”. En otras palabras, Cabello ha ocupado una posición destacada y una acción internacional para la facción.
Además de él, otros tres venezolanos acusados han ocupado cargos estratégicos para la organización criminal: Carlos Geraldo Gonsales García, en el “sumario disciplinario”; Michel Joseph Touron en el “confinamiento del tabaco” (servicio del sector financiero de la facción) y Luis Adrián Mora Quijada, en el “tribunal de delitos” de la facción en Roraima, este último encargado de juzgar y ejecutar las sentencias en nombre del PCC. Según la fiscalía, los venezolanos “entraron en Brasil por la frontera de Santa Elena de Uairén/Pacaraima, ciudad venezolana ubicada al sureste, en el Estado de Bolívar, y la mayoría de ellos proceden de centros penitenciarios venezolanos controlados por facciones criminales, por lo que se sospecha que forman parte de grupos criminales extranjeros con los que la facción brasileña ya tenía contacto”.
El prestigio de los hermanos del PCC es tan grande que una parte de ellos ha tenido como padrino de bautismo en la facción a Ozélio de Oliveira: el nuevo hermano debe ser nombrado por un antiguo miembro, que sigue siendo responsable de la conducta del novato. Oliveira era uno de los principales nombres del grupo criminal en Roraima y Brasil, siendo responsable en 1998 del secuestro de Wellington de Camargo, hermano del dúo musical Zezé de Camargo y Luciano. Oliveira creó la célula Roraima del PCC cuando estaba detenido en Piraquara, en el interior de Paraná, Estado al sur de Brasil. Habría sido el responsable por la orden que dio lugar a las masacres de presos rivales en la PAMC en 2016 y 2017.
La presencia de Ozélio en la conexión venezolana del PCC es destacada en la denuncia: “La participación de un miembro de la cumbre nacional del PCC en el bautismo de venezolanos demuestra que la facción criminal concede una importancia estratégica a la entrada de estos delincuentes, muchos de los cuales proceden de facciones extranjeras que operan en el país vecino”, dice el fiscal. Oliveira fue asesinado por la policía en enero de 2021 en São José dos Pinhais, cerca de Curitiba capital del Estado de Paraná. Según las autoridades, él planeaba secuestrar a un empresario de la región.
¿Qué despertó el interés del PCC por estos venezolanos? “Es difícil de decir. Lo que se sabe es que son personas que ya han tenido una experiencia en la delincuencia. Creo que el hecho de que hayan pasado por las cárceles venezolanas ha llamado la atención del PCC. Además, la facción tiene interés en las armas de gran calibre que pueden adquirirse fácilmente en el país vecino, que también recibe droga de Colombia”, dice Carlos Alberto Melotto, fiscal especializado en delitos de narcotráfico, organizaciones criminales y lavado de dinero, que presentó la denuncia contra los 19 hermanos. Un posible efecto del acercamiento entre el PCC y los grupos criminales del país vecino, según Melotto, sería el aumento de las incautaciones de fusiles y otras armas pesadas en Roraima el año pasado. “Sabemos que Venezuela es un país muy corrupto con una frontera seca prácticamente abierta”, lamenta.
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