Tras las grandes batallas internas en el Gobierno por las pensiones —pospuesta de momento— y la reforma laboral —resuelta con un gran pacto— llega otro de los asuntos centrales de la disputa dentro de la coalición: los impuestos. Unidas Podemos ha lanzado una propuesta con una gran subida impositiva sobre todo a las rentas altas que lograría casi 30.000 millones de euros más, según sus cálculos, con la intención de abrir el debate y forzar que la reforma fiscal anunciada por el Ejecutivo y varias veces postergada se apruebe ya este año 2022.
En Unidas Podemos entienden que si no se hace en los próximos meses, el calendario electoral de 2023 —municipales, autonómicas y generales— hará que se deje para la siguiente legislatura. Pero el PSOE cerró el paso con claridad a la propuesta de sus socios, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, calificó en TVE este miércoles de “inoportuna”, porque llega dos semanas antes de que se haga público el informe de los expertos en el que los socialistas se quieren basar para plantear cualquier tipo de reforma fiscal.
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Le contestó rápidamente Ione Belarra, ministra de Asuntos Sociales y secretaria general de Podemos, el partido que más claramente está impulsando esta propuesta de profunda reforma fiscal, con un mensaje que deja en evidencia la intención de este sector del Gobierno por diferenciarse de su aliado socialista: “A mí lo que me parece enormemente inoportuno es que en nuestro país, en plena recuperación económica, todavía los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas paguen el doble de impuestos que lo que pagan las grandes empresas. Eso es una enorme injusticia, eso sí que es absolutamente inoportuno”, replicó Belarra en un acto de campaña en Villaquilambre (León).
Los socialistas creen que Podemos ha acelerado este debate precisamente porque esta semana llega la recta final de la campaña en Castilla y León. El grupo de Belarra señala, por el contrario, que lo hacen ahora porque ha llegado el momento de plantear esta cuestión una vez resuelta la reforma laboral y no niegan que quieren marcar perfil propio, pero insisten en que lo más importante para ellos ahora es lograr que el PSOE se comprometa a hacer la reforma este año, de lo contrario será imposible.
El PSOE no ha querido opinar públicamente de la reforma que plantea Unidas Podemos, pero en privado la ven descabellada porque creen que es inviable absolutamente aumentar en 30.000 millones de euros la recaudación.
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El sector socialista del Ejecutivo insiste en que ya se han tocado mucho los impuestos en esta legislatura, y María Jesús Montero sostuvo que se ha cumplido “el 90%” de lo pactado en el acuerdo de gobierno. En realidad, se ha cumplido sobre todo la parte del Impuesto de Sociedades —con un mínimo del 15% que empieza a operar este año— y el endurecimiento del régimen fiscal de las Socimi o un mayor control sobre las Sicav —ambos instrumentos de las grandes fortunas para reducir al mínimo sus impuestos—, lo que ha hecho que se cierren muchas. Además, se ha creado un impuesto sobre algunos servicios digitales, la llamada tasa Google, y el de transacciones financieras. Pero el que apenas se ha tocado es el IRPF. El acuerdo planteaba subirlo a partir de 130.000 euros anuales y se ha hecho a partir de 300.000, y en las rentas de capital por encima de 200.000. También se han reducido los beneficios de los planes de pensiones.
Los socialistas quieren evitar a toda costa tocar más el IRPF y están más dispuestos a una armonización de otros impuestos que las autonomías del PP prácticamente han reducido a cero como sucesiones o patrimonio. La gran pregunta, que el PSOE espera que resuelva el comité de expertos, es cómo gravar a las rentas altas y grandes fortunas que se escapan del IRPF mediante todo tipo de vericuetos. El acuerdo de gobierno de 2019 solo dice que “se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo”.
Podemos quiere centrarse ahí y pretende recaudar 10.000 millones con una reformulación completa del impuesto del patrimonio. El PSOE está dispuesto a estudiar fórmulas —el presidente, Pedro Sánchez, dijo hace dos semanas que le parece un debate “necesario” el de este impuesto sobre las grandes fortunas y señaló que “si se quiere justicia social, tiene que haber justicia fiscal”—, pero la gran discusión ahora es de tiempos.
Unidas Podemos quiere hacerlo ya, y ha fijado posición, aunque Yolanda Díaz, su referente político, fue más suave que las ministras de Podemos —ella no milita en este partido—. La vicepresidenta segunda dijo que debe “entenderse” que su grupo tenga “posiciones propias”, pero a la vez insistió en que el Gobierno en su conjunto “hablará a través del Ministerio de Hacienda” y que Unidas Podemos “respetará” los trabajos del comité de expertos. El PSOE prefiere esperar y no aclara si este año será el de la gran reforma fiscal o más bien habrá algunos retoques —en especial en fiscalidad verde— para llegar más adelante, probablemente ya en la próxima legislatura, a una reforma más completa que incluya también una nueva financiación autonómica.
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