De nada parece haber servido el ejercicio de pragmatismo de los socios del Gobierno de coalición progresista votando a favor del candidato del PP a magistrado del Tribunal Constitucional, Enrique Arnaldo, a pesar de sus evidentes problemas para cumplir con la apariencia de imparcialidad que exige el cargo. El sapo que han tragado el PSOE y Unidas Podemos por su pacto con el PP para renovar el tribunal de garantías no ha allanado, sin embargo, el acuerdo con los populares para acabar con el bloqueo más sangrante. El del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que hace tiempo superó los mil días con el mandato caducado. El PSOE volvió a instar este viernes al PP a renovar “de una vez por todas” el órgano de gobierno de los jueces, pero el líder del PP, Pablo Casado, hizo oídos sordos y se mantuvo en su posición de bloqueo: solo pactará si se cambia el método de elección del Poder Judicial, una condición que sabe que el Gobierno rechaza de plano.
Tras la aprobación por el Congreso este jueves de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, el PSOE volvió a la carga para insistir en la necesidad de renovar también a los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que este diciembre cumplirán tres años con el mandato caducado. El portavoz de los socialistas en el Congreso, Héctor Gómez, recordó a los populares que la asignatura pendiente sigue siendo la renovación de este órgano: “Le instamos en todos los ámbitos y espacios públicos y privados a que asuman de una vez por todas esa responsabilidad para acabar con esta situación que ya se prolonga demasiado en el tiempo”, emplazó Gómez en una entrevista en TVE.
El órgano de gobierno de los jueces quedó fuera del acuerdo sobre los nuevos nombramientos votado el jueves porque el PP condiciona ese pacto a que el PSOE se comprometa a la vez a cambiar el método de elección de los vocales para la próxima renovación. A pesar de la incoherencia que supone en el discurso del PP mantener el bloqueo del Poder Judicial porque se pretende su “despolitización” mientras se ha propuesto como candidato al Constitucional a un jurista estrechamente vinculado al PP y de conductas supuestamente irregulares, Pablo Casado no suaviza sus exigencias. Desde La Palma, el líder del PP insistió en que no pactará con el PSOE si no hay una reforma de la ley que regula el órgano de gobierno de los jueces para que 12 de los 20 vocales pasen a ser elegidos exclusivamente por la carrera judicial. “Yo sigo manteniendo que hay que despolitizar el Poder Judicial. El Constitucional no es poder judicial. Son órganos constitucionales cuya elección depende de los diputados y senadores que representan al pueblo español”, argumentó Casado. “Yo espero que, tal y como ha dicho Estrasburgo sobre Polonia la semana pasada, en el CGPJ se proceda a una modificación de la ley para que sus miembros sean elegidos por los jueces. Somos absolutamente claros”, advirtió el líder popular. El PP no se mueve.
Casado insiste en una condición que el Gobierno no está dispuesto a satisfacer, transmiten fuentes gubernamentales. Los socialistas defienden que el modelo actual tiene toda la legitimidad y el carácter democrático porque la selección de los 12 vocales judiciales y los 8 no judiciales del CGPJ requiere un amplio consenso del Parlamento a través de una mayoría cualificada, de tres quintos, y, además, los candidatos son preseleccionados por los propios jueces. El portavoz socialista, Héctor Gómez, abrió la puerta a estudiar modificaciones de la ley más adelante, pero no ahora. “El PSOE está abierto a atender cualquier otra propuesta de cara al futuro, pero en este caso y en este momento hay una ley, hay un mandato constitucional sobre el que tenemos que actuar”, incidió.
Por lo tanto, las posiciones de las dos partes siguen impidiendo un acuerdo. Si ninguna cede, la renovación es imposible. Ambos lo saben y a pesar de ello tienen voluntad de volver a sentarse, aunque hasta ahora no ha habido avances. “Está todo parado”, transmiten en el PP.
Casado mantiene esa posición sobre el Poder Judicial mientras defiende al controvertido magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP, Enrique Arnaldo. Su elección causó tal polvareda política que provocó que seis diputados de la izquierda se saltaran este jueves la disciplina de voto para no apoyarlo. Arnaldo estuvo en el foco de la polémica toda la semana, con multitud de informaciones que revelaron conductas privadas cuestionables —como que cobró cerca de un millón de euros mientras trabajaba como abogado haciendo informes para administraciones públicas gobernadas por el PP y era a la vez letrado en Cortes, algo expresamente prohibido por el Estatuto del Congreso— y una estrecha vinculación partidista hacia los populares.
A pesar de ello, el líder del PP hizo este viernes una contundente defensa de su imparcialidad. Casado subrayó que Arnaldo es “un catedrático de constitucional, letrado de Cortes desde hace varias décadas, que nadie, ni diputados ni senadores que han presidido las comisiones con él, ha podido decir que ha tenido algún rasgo de no imparcialidad absoluta”. Para el líder de los conservadores, tanto Arnaldo como la otra candidata propuesta por el PP, Concepción Espejel, que fue recusada en el caso Gürtel por su vinculación al PP, son “personas independientes en el desempeño de su función”.
Casado compareció este viernes ante la prensa en La Palma tras 15 días esquivando las preguntas de los periodistas por el conflicto interno en el PP que lo enfrenta con Isabel Díaz Ayuso. En la ruptura de su silencio, el líder del PP demostró que en los dos asuntos —la renovación de las instituciones y la pugna por el PP de Madrid— ha decidido atrincherarse en su posición, ajeno a las presiones. Sus primeras palabras sobre Ayuso después de dos semanas de perfil bajo echaron balones fuera, pero sin ceder. “No puedo opinar sobre procesos electorales del partido. Lo que puedo decir sobre Ayuso es que es una excelente presidenta de la Comunidad de Madrid”, se descolgó Casado. “Se presentará quien quiera, ganará quien decidan los militantes y tendrá todo el apoyo de la dirección”, zanjó.
El Poder Judicial confía en que su renovación inminente
REYES RINCÓN
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y sus vocales, siguen con su agenda con normalidad casi tres años después de que se agotara su mandato, a la espera de que el Gobierno y el PP se pongan de acuerdo para reemplazarles. Lesmes y varios miembros del Consejo acudieron este viernes a la entrega de los premios que concede anualmente el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y, aunque durante su intervención el presidente no hizo mención alguna a la renovación pendiente, al finalizar el acto varios miembros del órgano sí aludieron al asunto en conversaciones informales con los periodistas. Todos coincidieron en que no tienen información sobre el estado de las negociaciones entre el PSOE y el PP, pero se mostraron confiados en que, una vez renovados el resto de órganos constitucionales, se alcance un pacto de forma inminente para el CGPJ. “Pero es más bien un pálpito y una esperanza de que se haga ya”, señaló un miembro del Consejo insistiendo en la idea de que carecen de información sobre las conversaciones entre los partidos.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, que asistió al mismo acto sentada junto a Lesmes, volvió a apelar directamente al PP: “El Consejo tenía que haberse renovado hace tres años, pero ya no se puede esperar más. Le pido al PP que colabore para hacerlo posible”. Para Llop el acuerdo alcanzado para renovar el Tribunal Constitucional, el de Cuentas y el Defensor del Pueblo “marcan el camino” de cómo deben cooperar los principales partidos para cumplir el mandado constitucional de renovar las instituciones. “Hay que actuar con altura de miras”, zanjó Llop.
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