La llamada ley trans permanece bloqueada en el Gobierno y tampoco en el Congreso ha fructificado este martes el intento de activarla. El veto que el PSOE mantiene en el Ejecutivo al proyecto de la ministra de Igualdad, Irene Montero, de Unidas Podemos, lo ha trasladado este martes al Parlamento, donde la abstención de los socialistas, unida al voto en contra de PP y Vox, ha frustrado la pretensión de varios grupos de la izquierda de tramitar una propuesta muy parecida a la que se ha empantanado por las diferencias dentro del Gabinete de Pedro Sánchez. La iniciativa ha provocado uno de los más anómalos alineamientos de fuerzas que se han visto últimamente en la Cámara: el Gobierno se ha dividido y la posición de Unidas Podemos no solo ha recibido el respaldo de toda la izquierda, sino también del PNV, de Ciudadanos, de Junts y del PDeCAT, mientras el PSOE —con su “voto de Poncio Pilatos”, como le ha reprochado Joan Baldoví, de Compromís— facilitaba que se impusiese el rechazo de los dos grupos más a la derecha. La propuesta ha recibido 78 votos a favor, 143 en contra y 120 abstenciones.
La extraña situación ha quedado retratada en la inusitada ovación que los diputados de ERC han dedicado a la representante de Ciudadanos Sara Giménez, cuya vehemente intervención en favor del derecho a elegir libremente la identidad sexual también ha sido saludada por la propia Irene Montero, sentada en solitario en el banco azul. Más raro aún ha sido el final de la sesión, ya que la ministra de Igualdad ha solicitado la palabra para hablar en nombre del Gobierno, “pedir perdón” a los colectivos LGTBI y comprometerse a reconocer la “libre determinación de la identidad de género”, justo el punto que suscita las reticencias de la fuerza mayoritaria del Ejecutivo. Montero se ha propuesto como objetivo desbloquear la iniciativa, una de las que ha provocado más enconadas divisiones dentro del Gabinete de coalición, antes de la celebración del Día Internacional del Orgullo, el próximo 28 de junio. Previamente a la ministra, la diputada socialista Susana Ros también había hablado en nombre del Gobierno para asegurar que este enviará a la Cámara un proyecto que regule la cuestión. Solo que la postura defendida por Ros ha sido bien diferente a la expuesta por la ministra teóricamente encargada de gestionar esta competencia.
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La propuesta, que había sido presentada conjuntamente por ERC, Junts, Más País, Compromís, CUP y Nueva Canarias, coincidía en lo esencial con la elaborada por Igualdad y paralizada en el Gobierno por el PSOE, según ha admitido la propia Montero. Básicamente se trataba de que el reconocimiento legal de la identidad sexual de una persona dependa solo de su voluntad. Si la iniciativa hubiese salido adelante, comenzaría el periodo de tramitación en la Cámara, durante el que los grupos podrían introducir modificaciones. Que el PSOE desdeñase incluso esta última posibilidad ha acrecentado las críticas generalizadas entre sus socios. Todos le han recordado además que los socialistas habían defendido la “libre determinación” hasta 2019 y que se comprometieron a legislar sobre ello en el pacto de Gobierno con Unidas Podemos.
Desde la ardorosa intervención inicial de Pilar Vallugera, de ERC, uno tras otro, los grupos de la izquierda y nacionalistas han ido defendiendo la urgencia de reconocer los “derechos humanos” de las personas transexuales y han sembrado el hemiciclo de reproches a los socialistas. Todos han rebatido la principal objeción de algunos grupos feministas: que reconocer la libre determinación del sexo supondría “borrar a la mujer”. Íñigo Errejón, de Más País, ha admitido que “los grandes avances en derechos y libertades en este país llevan el sello del PSOE”. “Por eso, ante un asunto como este no se pueden poner de perfil”, ha añadido en una expresión repetida por varios portavoces. Las críticas han subido de tono incluso con Joseba Agirretxea, del PNV, quien ha llamado “intolerantes” a las feministas que se oponen a la ley, también acusadas de defender un “discurso antiguo” por la representante de Ciudadanos.
El PSOE estaba bajo la presión de grupos feministas de su órbita que, coincidiendo con el debate, difundieron un manifiesto encabezado por la filósofa Amelia Valcárcel, la exministra Matilde Fernández y la ex eurodiputada Elena Valenciano, reiterando su rechazo a la propuesta. En la tribuna de la Cámara, la diputada Susana Ros ha dicho que la iniciativa es de “dudosa constitucionalidad”, porque, según ella, adolece de “falta de garantías” para establecer el sexo legal de cada ciudadano, más allá de la declaración expresa del interesado. Ros ha dejado claro que su partido también se compromete a aprobar una ley al respecto, aunque con “seriedad y rigor constitucional”.
No han sido los socialistas los únicos en exhibir sus contradicciones. El PP, que ha legislado sobre el asunto en varias comunidades donde gobierna y que en 2019 también había apoyado con matices el intento de aprobar una iniciativa similar en el Congreso, esta vez ha votado en contra alegando que la propuesta “borra la categoría de sexo”. Ni los populares, ni siquiera Vox, negaron que los transexuales sufran discriminación y todos aseguraron que están de acuerdo en respetar sus derechos. Pero las descalificaciones de la extrema derecha a la propuesta han sido tan ruidosas como de costumbre: la diputada Lourdes Méndez Monasterio, de Vox, la ha despachado como un nuevo intento de “destruir la mujer, la familia y la maternidad”.
Pese a la división entre los partidos del Gobierno, esta vez Unidas Podemos ha evitado cualquier crítica frontal a los socialistas. Lo que no quiere decir que Montero tire la toalla ni mucho menos: ha cerrado la sesión prometiendo saldar la ”deuda contraída con ellos, ellas y elles”.
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