El pulso que España y Portugal mantienen con los técnicos de la Comisión para concretar la excepcionalidad (energética) ibérica que permita a ambos países rebajar, dentro de la UE, el disparatado precio de la electricidad, está llegando a su momento clave. La presentación a Bruselas de las propuestas ibéricas, en dos documentos que hoy revela EL PAÍS, debe permitir a los técnicos más rígidos, a las compañías eléctricas que buscan someterlos a sus intereses particulares y a los países que se refugian tras sus espaldas a entrar en razones. Es decir, a asumir del todo el mandato de los Veintisiete a la Comisión Europea del 25 de marzo de dar “un trato específico” a ambos Estados para que “puedan gestionar esta situación especial en la que se encuentran y manejar los precios energéticos”, según sintetizó su presidenta.
Como los gobiernos español y portugués anunciaron, su propósito es establecer un tope de 30 euros por megavatio hora (MWh) al precio del gas usado en la generación de electricidad para que no contagie al resto de fuentes energéticas (mediante las discutibles subastas marginalistas, que fijan el precio de todas al nivel de la más cara) y poder así rebajar el precio final minorista de la luz a hogares y empresas. Y acotando esa excepción a la “isla energética” ibérica, mediante un cortafuegos de precios en su conexión con Francia (fácil, pues supone solo el 2,8% de su capacidad), a través de una doble subasta: una para el precio peninsular y otra para el resto.
Ambos documentos profundizan en este modelo, con especial interés en disipar los recelos de que pudiera quebrar el mercado único eléctrico existente para los otros 25, para combinar, así, su excepcionalidad con el respeto al mecanismo común. Con ese fin, enfatizan su respeto al instrumento de las subastas marginalistas. Es más, se muestran dispuestos a practicar las restricciones que sean necesarias a sus exportaciones al otro lado de los Pirineos. Amplían, además, el límite de precios a todas las energías marginalistas (carbón incluido) y recuerdan que este tipo de excepción, la doble subasta, ya lo prevé la normativa europea vigente en 2015 (el 1.222): la distorsión producida sería mínima; sería mayor si no se estableciese la “doble ronda”, pues entonces los precios ibéricos subvencionarían los franceses.
Frente a los reticentes, se recuerda que el carácter excepcional del reto —la insularidad del mercado ibérico frente al resto— queda subrayado por su alcance temporal, que será hasta final de año. Es un mínimo lógico para una norma que debería entrar en vigor en mayo. Y es, al tiempo, suficiente para posibilitar en España contratos a más largo plazo y con precios más baratos.
La rigidez con que el lobby eléctrico —y sus medios subvencionados— ataca en Bruselas el interés general de empresas y familias ibéricas es grotesca. Cada día postula argucias nuevas. La más insidiosa busca convencer al resto de los europeos de que las empresas ibéricas, al garantizarse una energía menos cara, competirían deslealmente con las otras europeas en el mercado interior. Esta añagaza olvida que ahora compiten en desigual condición al sufrir precios eléctricos muy superiores. Y si el mecanismo pudiera emparentarse con las ayudas de Estado prohibidas, esconde que su marco regulatorio ha sido modificado seis veces desde la pandemia (la última, el 23 de marzo) para permitir enormes paquetes de ayuda pública a las empresas afectadas por el alza del coste energético, como las alemanas. Los impulsó el liberal ministro de Hacienda Christian Lindner con un valor de 100.000 millones de euros. En tiempos tormentosos, las excepciones son normales. Y deben operar para todos.
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