La investigación sobre los presuntos sobornos de Qatar a miembros del Parlamento Europeo, entre ellos la ya exvicepresidenta Eva Kaili, extiende poco a poco sus tentáculos para demostrar que la vorágine de detenciones y registros en oficinas y domicilios de diputados y asistentes parlamentarios no es más que la punta del iceberg de un problema mucho más extenso. El nombre de Marruecos llevaba varios días aflorando en la boca de fuentes europeas que apuntan a este país como uno de los lobistas tradicionalmente más agresivos en Bruselas y que ahora aparece citado en la vertiente italiana de la investigación del Qatargate. Tanto organizaciones internacionales como muchos eurodiputados advierten de que son varios los países que llevan años cruzando los límites de lo que es un cabildeo legítimo y reclaman reglas más claras de transparencia de todas las partes.
A veces es un regalo caro, no siempre en el límite de los 150 euros que un funcionario europeo puede recibir sin tener que declararlo. Otras es un viaje, quizás camuflado de invitación de trabajo —una visita a un centro, una conferencia— pero que incluye gastos pagados para estancias de lujo de varios días, en ocasiones incluso con la familia o varios invitados. Y aunque pocas, a veces, como ha demostrado la investigación del Qatargate, son maletas y bolsas llenas de dinero en efectivo incautadas en las casas de eurodiputados y antiguos parlamentarios y presentadas a la prensa como si fuera un alijo del narcotráfico.
Del Qatargate han sorprendido la dimensión de los sobornos y el alto perfil de los ya oficialmente inculpados por corrupción y lavado de dinero en el caso: además de la destituida vicepresidenta Kaili, su pareja y asesor parlamentario, Francesco Giorgi, el exeurodiputado Pier Antonio Panzeri y un dirigente de una ONG italiana, Niccolo Figa-Talamanca.
Lo que en Bruselas no ha sorprendido a nadie es el hecho de que un Estado extranjero (o varios) haya intentado influir en eurodiputados —en este caso— para conseguir una política favorable a sus intereses o, en muchos otros casos, que ciertos temas, como cuestiones de violaciones de derechos humanos, no se toquen en los múltiples debates de la Eurocámara.
“Desde que llegué al Parlamento en 2004, siempre trabajé en el asunto del Sáhara Occidental y siempre me enfrenté a un lobby promarroquí muy poderoso”, recuerda la exeurotiputada socialista portuguesa Ana Gomes, que coincidió en la legislatura con Panzeri. “Vi a colegas que cambiaron de posición porque lo hacían sus Gobiernos. Pero Panzeri [que presidió el comité de derechos humanos] siempre estuvo boicoteando [resoluciones favorables al Sáhara Occidental]”, apunta, y sospecha que fue porque Marruecos estaba detrás.
“Siempre se ha sospechado que Rabat compra eurodiputados”, corrobora un parlamentario europeo en activo bajo condición de anonimato, que lamenta que, durante años, se hayan silenciado los intentos de llevar cuestiones de derechos humanos en este país a la Eurocámara.
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“Hace 10 años hubo un escándalo cuando varios periodistas se hicieron pasar por lobistas” y varios parlamentarios aceptaron dinero por presentar enmiendas, recuerda por su parte Raphael Kergueno, de Transparencia Internacional Europa, para quien la Eurocámara tiene un problema con la laxitud de sus normas. “Lo que se ha hecho desde entonces no es suficiente”. Lo del Qatargate “es un caso mucho más grande”, añade, recordando que ahora se sospecha que los corruptores son terceros Estados.
Muchos, además, dudan de que los intentos de soborno como los de Qatar se limiten a eurodiputados y creen que en la investigación en marcha saldrán nombres de otras instituciones. “Si yo fuera un país con tanto dinero como Qatar, no me centraría solo en el Parlamento Europeo y en personas que tampoco tienen tanta influencia”, dice un eurodiputado que estuvo implicado en las negociaciones de la liberalización de visados para Qatar paralizada tras el escándalo de sobornos.
“Va a ser una caja de Pandora”, vaticina otra eurodiputada que asegura que a ella también han intentado agasajarla diversos lobbies con regalos dejados en su oficina que se ha visto obligada a devolver. Otra parlamentaria apunta a la paradoja de que, a veces, ni siquiera es posible devolver el regalo porque, al estar por debajo del tope de 150 euros, ni siquiera hay un mecanismo oficial para hacerlo.
“Compran a las élites europeas”
El eurodiputado progresista francés Raphaël Glucksmann, que preside el comité especial sobre interferencias extranjeras en los procesos democráticos de la UE, advertía esta semana en los pasillos de la Eurocámara en Estrasburgo de que lleva dos años alertando de la mano larga de varias potencias foráneas que “distribuyen dinero y se compran a las élites europeas”.
“Tenemos regímenes autocráticos que hacen sus compras entre las élites europeas (…), la penetración extranjera y la corrupción tocan a todos los países y todos los partidos”, dijo el francés, quien en el pasado también ha señalado a Rusia por su apoyo económico a grupos de extrema derecha como el Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen. El diario The Guardian ha revelado por su parte un viaje no declarado la pasada primavera a Bahréin del eurodiputado conservador checo Tomas Zdechovsky.
Este jueves, la Eurocámara se dispone a votar una resolución sobre el activista bahreiní Abdulhadi al Khawaja, condenado a cadena perpetua en su país. Zdechovsky ha liderado las negociaciones sobre la resolución en nombre del Partido Popular Europeo (PPE) que, según destaca el rotativo británico, ha causado estupor por no pedir la liberación del activista en un texto alternativo de la resolución en la que, por el contrario, se le describe como “opositor político” y se asume la versión oficial de Bahréin sobre su trasfondo terrorista.
Tanto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como de la Eurocámara, Roberta Metsola, han prometido medidas contundentes para mejorar la transparencia en las instituciones europeas y evitar nuevos bochornos como el que estos días sacude a Bruselas.
Para la eurodiputada Sira Rego (IU) es importante que se mire el escándalo de sobornos cataríes no como un problema de individuos, como han señalado los jefes de algunos grupos políticos, sino como una cuestión “estructural”. “No es acertado plantear que esto es un problema de individualidades. Evidentemente, es un problema de las personas implicadas, pero también hay un marco institucional que favorece este tipo de cosas, hay un problema estructural en las normas que rigen la vida del Parlamento Europeo”, analiza.
Transparencia Internacional ha presentado un decálogo de demandas para acabar con la opacidad institucional europea entre las que figura introducir “sanciones efectivas” cuando se produzcan comportamientos irregulares, o que haya un mayor control de los gastos de los eurodiputados. Al respecto, Kergueno recuerda que solo una persona revisa las declaraciones de patrimonio de los 705 parlamentarios. Además, lamenta, la comisión de cinco parlamentarios que asesora a la presidenta sobre el código de conducta, en 2021 solo analizó dos posibles casos: uno acabó en nada y el otro en sanción.
También Ana Gomes cree que hay que fortalecer los controles sobre los parlamentarios y pone como ejemplo que ella, “junto a otros compañeros de otros países y partidos”, hacía una declaración mensual de actividades, con toda su agenda de encuentros y reuniones. “Deberían saltar las alarmas cuando alguien como Kaili hace un discurso como el que hizo [sobre Qatar]”, añade en referencia a sus declaraciones en el pleno de noviembre que Qatar está “a la vanguardia” de los derechos laborales.
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