La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la división de América de Human Rights Watch han lamentado la sentencia de un juez por difamación agravada contra un periodista y el director de Penguin Random House en Perú debido a que contraviene la jurisprudencia internacional y las obligaciones del Estado en cuanto a libertad de expresión. Más de una docena de instituciones peruanas e internacionales han rechazado el fallo del lunes, que dio la razón parcial al excandidato presidencial y empresario César Acuña, quien aduce que algunas frases del libro Plata como cancha -un perfil de su trayectoria- han dañado su “honor”.
El juez penal Raúl Jesús condenó a dos años de prisión suspendida y al pago de una reparación civil de casi 100.000 dólares al autor del libro, Christopher Acosta, y a Jerónimo Pimentel, director general de la editorial en el país andino. Además, les impuso como reglas de conducta no cambiar de domicilio sin previo aviso al magistrado y registrarse cada 60 días en un “control biométrico” del Poder Judicial. El magistrado ordenó también un pago al Estado de 20 días-multa, equivalente a unos 500 dólares. El principal argumento del juez para considerar 35 frases del libro “agraviantes” contra Acuña es que el periodista no corroboró las citas de terceros; el magistrado afirmó tal cosa pese a que los testimonios de las fuentes son un elemento básico en la investigación periodística.
Acosta ha remarcado en varias entrevistas que las personas a quienes cita en su libro declararon en las décadas anteriores a medios nacionales y locales y él ha recogido tales informaciones, contrastándolas y contextualizando los hechos; sin embargo, el político nunca denunció por difamación a esas fuentes. Acuña ha sido tres veces candidato presidencial de Perú, es dueño de una universidad con fines de lucro, y fundó el partido Alianza para el Progreso, cuya bancada parlamentaria es la cuarta por el número de escaños. Los congresistas de su partido no hacen alianzas abiertas para estar en posibilidad de negociar de manera más pragmática.
Juan Papier, investigador senior de Human Rights Watch para las Américas, comentó en Twitter que la sentencia por “difamación” “contradice obligaciones internacionales sobre libertad de expresión”. “Debe ser revertida”, pidió. Por su parte, el pronunciamiento de la SIP lamenta la “grave sentencia en Perú que afecta la libertad de prensa” debido a que se siguen utilizando las demandas de figuras públicas y los procesos penales en contra de los periodistas como forma de frenar la divulgación de información crítica y de interés público. La entidad que agrupa a más de 1.300 propietarios de medios en el hemisferio pidió al Congreso de Perú una norma para dejar de criminalizar al periodismo en delitos contra el honor. El presidente de la comisión de libertad de prensa de la SIP, Carlos Jornet, indicó que “cuando se trata de figuras públicas, las acciones penales transgreden la jurisprudencia internacional y suelen tener un efecto desalentador en contra de las libertades de expresión y de prensa”.
El jurista peruano Diego García-Sayán también destacó el peligro que significa para el Estado peruano —y no solo para la prensa— la sentencia del juez Jesús por atentar contra el derecho fundamental de la libertad de expresión. “Un Estado donde hay un juez o un sistema judicial que condena a unas personas por estos hechos es un Estado que sería condenado en un tribunal internacional por [no cumplir con] su responsabilidad internacional”, apuntó García Sayán en una entrevista en el canal TV Perú. El abogado preside el tribunal de honor del Consejo de la Prensa Peruana y es, asimismo, relator especial de la ONU sobre la independencia de jueces y fiscales.
Más críticas a la sentencia
A los pronunciamientos de organizaciones internacionales de la sociedad civil en solidaridad con los demandados, este martes se han sumado los mensajes de las representaciones diplomáticas de Estados Unidos y Gran Bretaña en Perú. “La libertad de expresión, incluida la libertad de prensa como base de toda democracia, es uno de los derechos más fundamentales del ser humano. Estados Unidos aboga por el estricto respeto a este derecho en cualquier parte del mundo y trabaja día a día para fortalecerlo”, tuitearon al unísono las embajadas de dichos países la mañana del martes.
El lunes, la embajadora de los Países Bajos en Perú, Natalie Lintvelt se refirió al caso con preocupación, y reiteró la voluntad de “apoyar al Perú en el cumplimiento del Compromiso de La Haya para aumentar la seguridad de los periodistas, del cual es signatario”. Horas más tarde, las cuentas de Twitter de la Unión Europea en Perú y la Embajada de Canadá también emitieron mensajes en los que pedían proteger las libertades de expresión y de prensa.
Luego de conocerse la condena, el abogado principal de Acuña, Enrique Ghersi, dijo en una entrevista en televisión que el autor del libro no buscó la versión de su patrocinado sobre los hechos contenidos en la obra, pese a que Acosta ha declarado que la solicitó por múltiples vías y tiene los registros para demostrarlo.
Ningún político ha respaldado pública y directamente a Acuña tras la sentencia del juez Jesús; un puñado de congresistas se ha solidarizado con el periodista y ha cuestionado al magistrado, mientras que un parlamentario del partido Podemos Perú ha presentado un proyecto de ley para que la pena por el delito de difamación sea cárcel efectiva. Por otro lado, el líder del partido de Gobierno, Vladimir Cerrón, lanzó un tuit políticamente incorrecto en el que cuestionó que la controversia de este caso fuera de libertad de expresión. Sostuvo que si las afirmaciones del libro eran verdaderas, la sentencia “deviene en arbitraria”, pero si eran falsas, “el autor debe ser sentenciado”.
En tanto, los pronunciamientos críticos contra la condena judicial siguen en aumento, como los de académicos de las universidades Mayor de San Marcos y Católica, y los ejemplares de Plata como cancha se han vuelto a agotar en las librerías.
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