Daniel Ortega y Rosario Murillo han bloqueado la noche de este martes la candidatura presidencial de Cristiana Chamorro, la aspirante opositora que más simpatías genera, según las encuestas, y quien ha provocado temor a la pareja gobernante desde que hizo pública su postulación. El régimen sandinista ha recurrido a una supuesta acusación de “lavado de dinero” para torpedear la participación política de la que fuera directora de la extinta Fundación Violeta Barrios, la ONG que también está siendo señalada en esta causa que vincula a más de una veintena de personas, en su mayoría periodistas.
El Gobierno sandinista prohíbe a Cristiana Chamorro “optar a cualquier cargo público por no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos”, ya que enfrenta un “proceso penal”. El anuncio se dio a conocer a través de un comunicado “aberrante” a todo principio jurídico, de acuerdo con abogados consultados, ya que cercena los derechos ciudadanos de Chamorro sin que exista una sentencia.
El Ministerio Público interpuso acusación formal contra la precandidata por los supuestos delitos de “gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos”. La Fiscalía solicitó medidas precautelares de retención migratoria, prohibición de concurrir a determinadas reuniones y lugares y prohibición de comunicarse con personas vinculadas a los hechos investigados, para la periodista María Lilly Delgado Talavera y los extrabajadores de la Fundación, María Lourdes Arróliga Vanegas y Guillermo José Medrano, también investigados en esta causa.
Walter Gómez y Marcos Fletes, antiguo administrador financiero y excontador de la Fundación Violeta respectivamente, fueron capturados con violencia el pasado viernes por la policía y grupos paramilitares.
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La acusación de la Fiscalía se materializa casi tres semanas después de que el Gobierno ordenó una investigación porque, supuestamente, encontró irregularidades en los estados financieros de la Fundación Violeta Barrios, en el periodo entre 2015 y 2019, de la que Chamorro era presidenta hasta enero de este año.
“Es contrario a todo lo dispuesto en la Constitución al condenar a una persona a una pena sin proceso, sin haberla escuchado, sin derecho a la defensa, sin sentencia y convertir al Ministerio Público en un juez que sanciona de antemano”, criticó el jurista y exdiputado liberal José Pallais. “Es un caso totalmente politizado, arreglado con el único objetivo político de inhibir a la candidata más fuerte de la oposición. Es una actuación descarada que definitivamente define que este régimen no cree en la democracia. Todo funciona bajo sus reglas y la democracia es un obstáculo para su abuso del poder”, agregó.
Chamorro: inhabilitada horas después de su inscribirse como precandidata
La inhabilitación de Chamorro se conoció tan solo horas después que acudiera a la sede del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) a inscribirse en el proceso interno de ese partido para escoger un candidato opositor único, ya que es la única casilla con la que cuenta la disidencia para medirse ante Ortega en las elecciones previstas para noviembre próximo, mismas que todavía no gozan de credibilidad ni competitividad.
El viernes pasado los resultados de la firma encuestadora Cid Gallup ubicaron a Chamorro en el primer lugar de los opositores con un 21% , convirtiéndose en la que más opciones tiene de arrebatarle el poder a Ortega, el caudillo del Frente Sandinista, que tiene 14 años en el poder, y que busca su tercera reelección consecutiva.
“No es la Fiscalía la que le corresponde inhibir a ningún candidato, no tiene una sentencia firme, y además, Cristiana no es candidata oficial en el Consejo Supremo Electoral (CSE). Es una ridiculez”, afirmó Granera, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). “Pareciera que está queriendo descabezar a las figuras que él perfectamente sabe que gozan de la mayor confianza del pueblo de Nicaragua”, manifestó.
El otro precandidato presidencial, y quien también corre riesgo de ser bloqueado, Félix Maeadiaga, condenó el ocurrido a Chamorro. “Quiero expresar mi más absoluto rechazo a la injusta persecución política contra Cristiana, que nace del miedo que la dictadura le tiene a un proceso electoral libre. La acción arbitraria del régimen, amerita el más amplio repudio nacional e internacional. Hoy más que nunca es necesaria la mayor unidad posible frente a la dictadura”, dijo Maradiaga.
Chamorro ha afirmado en reiteradas ocasiones que este caso de presunto “lavado de dinero” es “fabricado” y pretende no solo acallar al periodismo nacional, sino inhibir su candidatura presidencial, al ser una de las más populares. Insiste que los Ortega-Murillo tienen pavor del fantasma de la derrota electoral que su madre, la expresidenta Violeta Barrios, le dio a Ortega en 1990. “Es una venganza de Daniel Ortega contra el legado de mi madre. Quiere impedir que los nicaragüenses votemos y no haya un traspaso a la democracia”, insistió.
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