El Gobierno de Boris Johnson es especialista en buscar culpables ajenos de los males propios. Y la favorita siempre es Francia. Ya sea por el bloqueo de camiones en la frontera de Dover, las constantes tensiones en torno al Brexit, o como en estos momentos, por la llegada de inmigrantes irregulares a través de las aguas del canal de la Mancha. Más de mil personas, según estimaciones del Ministerio del Interior británico, intentaron cruzar el paso este lunes. El récord anterior estaba en 828. En lo que va de año, más de 13.500 seres humanos han sido interceptados en su intento de entrar a territorio inglés: prácticamente 5.000 más que durante 2020. Son cifras mínimas que palidecen frente al ingente número que han tenido que afrontar países de la UE como Alemania, Grecia o España. Pero que irritan y desconciertan a un Gobierno que aspira a gobernar la soledad de una isla, convencido de que se las puede arreglar sin la ayuda de sus vecinos del continente.
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La ministra del Interior, Priti Pattel, lleva semanas sintiendo la presión de su jefe, Boris Johnson, para que solucione un “problema” que pone en cuestión la promesa post Brexit de “recuperar el control de las fronteras”. Después de acordar con las autoridades francesas una aportación extraordinaria de más de 60 millones de euros para que pudieran redoblarse los controles policiales en Calais, Pattel cargó ayer duramente contra París ante los diputados de su Partido Conservador y amenazó con no entregar un euro si el Gobierno de Macron no comenzaba a mostrar algo de “nervio” en la lucha contra la inmigración clandestina. “Francia va a tener que comenzar a actuar si quiere ver el dinero. Se trataba de pagar por un resultado, y no estamos viendo ese resultado. El dinero era condicional”, ha dicho la ministra, para calmar la rabia de su grupo parlamentario.
Las organizaciones humanitarias que trabajan día a día sobre el terreno para paliar la situación acusan al Gobierno de Johnson de no entender la realidad. No hay más que observar lo que ha ocurrido en Afganistán, señalan, para captar las razones por las que muchas personas abandonan sus países en busca de una vida mejor o más segura. Lo mismo que sucede en Eritrea, Irán, Sudán o Yemen. “El Gobierno tiene que reconocer de una vez que, mientras haya guerras, persecuciones y violencia, la gente se verá forzada a realizar estos trayectos peligrosos en busca de seguridad”, ha denunciado Enver Solomon, director ejecutivo de la organización humanitaria Refugee Council.
Downing Street impulsó a principios del verano un proyecto de ley, la Nationality and Borders Bill (Ley de Nacionalidades y Fronteras) con el que pretendía elevar la sanción penal de la entrada irregular del país, endurecer las condiciones de estancia de los solicitantes de asilo e incluso derivar a los recién llegados a centros de internamiento fuera del Reino Unido, mientras se tramitaban sus solicitudes. Los primeros debates parlamentarios dejaron claro que el Gobierno de Johnson no tenía un respaldo tan unánime entre los suyos frente a una legislación draconiana y con un tufo populista, que parecía responder más bien a las promesas xenófobas que impulsaron el Brexit. La ex primera ministra y antecesora de Johnson, Theresa May, recordó al Gobierno que la Convención de Refugiados de la ONU, a la que está adscrito el Reino Unido, no impone en ningún momento que la solicitud de asilo solo puede realizarse en el primer país donde se pone un pie.
Hay una parte loable y lógica en el empeño del Ejecutivo conservador, y es la que tiene que ver con el intento por acabar con las mafias que están enriqueciéndose a costa de traficar con la vida y las esperanzas de seres humanos. “Son bandas criminales las responsables de este inaceptable aumento de trayectos peligrosos [a través del canal], y del auge de la inmigración ilegal por toda Europa”, ha denunciado Dan O’Mahoney, el responsable policial al mando de las operaciones de interceptación de embarcaciones en el canal de la Mancha. Las organizaciones humanitarias, sin embargo, reprochan al Gobierno un método equivocado por el que, afirman, acaban pagando los más débiles. “En vez de castigar o expulsar a los que buscan seguridad y emprenden viaje hacia el Reino Unido, lo que deberían hacer es promover y mantener rutas seguras”, ha exigido Lisa Doyle, la responsable de Refugee Council de ofrecer protección jurídica a los recién llegados.
Fuentes del Ministerio aseguran que Pattel trasladará la presión a su homólogo francés en la reunión de responsables de Interior del G-7 que tiene lugar en Londres a lo largo de esta semana. La política, aplaudida por el ala dura de su partido, no quiere llegar el mes que viene al congreso anual de los conservadores con el asunto del canal de la Mancha sin resolver.
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