El Gobierno británico de Boris Johnson ha vuelto este miércoles a anunciar su intención de modificar unilateralmente parte de lo establecido en el Protocolo de Irlanda, el anexo del Acuerdo de Retirada de la UE que ha provocado mayores fricciones y desencuentros entre Londres y Bruselas. El ministro para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, ha comunicado a la Cámara de los Comunes la intención de Downing Street de prorrogar hasta el mes de octubre el “periodo de gracia” concedido a supermercados y exportadores que envían mercancías desde Gran Bretaña hasta Irlanda del Norte. Este territorio británico de Irlanda quedó dentro del mercado interior y del espacio aduanero comunitario. Fue la condición esencial para sacar adelante un acuerdo del Brexit sin necesidad de volver a imponer una frontera entre las dos Irlandas que hubiera puesto en peligro la paz alcanzada en el Acuerdo de Viernes Santo.
Como resultado, se fijó la necesidad de establecer controles aduaneros en el tráfico de mercancías por el mar de Irlanda, aunque la Comisión Europea y el Gobierno británico permitieron cierta flexibilidad en la adaptación hasta abril. El Ejecutivo de Johnson se ha aferrado a las tensiones surgidas en los últimos meses, con pintadas amenazadoras que definían como “objetivos” a los trabajadores portuarios, para intentar modificar los términos del Protocolo. “Estamos impulsando más medidas operativas temporales, que reflejan simplemente la necesidad de más tiempo para adaptarse y poder desplegar las nuevas exigencias, mientras seguimos discutiendo con la UE”, ha anunciado Lewis en el Parlamento británico.
Lo que presentaba el miembro del Gobierno de Johnson como una simple decisión práctica se interpretaba en Bruselas y en Dublín como un nuevo y preocupante desafío en toda regla. “Es la segunda vez que el Reino Unido viola la ley internacional”, advertía el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, en un comunicado oficial. Se refería al intento de Johnson, el pasado septiembre, de aprobar una Ley del Mercado Interior del Reino Unido que concedía a sus ministros la prerrogativa de levantar unilateralmente controles aduaneros o conceder ayudas públicas a empresas en Irlanda del Norte. Bruselas amenazó con emprender medidas legales y el Gobierno británico retiró esas cláusulas de la ley cuando finalmente se alcanzó un acuerdo comercial.
“Supone además un claro desvío del esfuerzo constructivo que había prevalecido hasta ahora”, ha añadido Sefcovic, quien ha comunicado por teléfono su protesta a David Frost, el hombre de Johnson responsable de todos los asuntos relativos al Brexit. Frost y Sefcovic presiden el Comité Conjunto que supervisa el cumplimiento del Acuerdo de Retirada firmado en enero de 2020. “La Comisión Europea responderá ante esta decisión de acuerdo con las medidas legales establecidas en el acuerdo y en el tratado comercial [firmado casi un año después], ha advertido Sefcovic.
El Gobierno de Irlanda, el miembro de la UE más directamente afectado por todo lo que tiene que ver con el protocolo firmado entre Londres y Bruselas, ha expresado también su malestar. El primer ministro Micheál Martin se ha mostrado “decepcionado ante la decisión unilateral adoptada por el Gobierno británico”, que “socava la confianza necesaria para alcanzar cualquier acuerdo”. El ministro de Exteriores, Simon Coveney, ha trasmitido también su malestar a Frost ante un movimiento “muy poco cooperador” que rompe con el compromiso adquirido hace apenas dos semanas por el Gobierno de Johnson de trabajar conjuntamente con la UE en la búsqueda de una solución a los problemas surgidos en Irlanda del Norte.
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