El tiempo es un factor clave para rescatar con vida a los 10 mineros que a la una y media de la tarde del miércoles se quedaron atrapados por el derrumbe de una mina de carbón en Sabinas, Coahuila. Se han cumplido más de 24 horas del colapso del pozo en el que trabajaban, después de que los obreros se encontraran con un flujo de agua subterránea que inundó el túnel y provocó el desplome. Las labores de salvamento son delicadas, ya que existe el riesgo constante de que se produzcan nuevas filtraciones que empeoren la situación bajo tierra. En el lugar opera sin descanso desde la noche de ayer un equipo formado por 150 personas entre agentes de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, Protección Civil y otras dependencias estatales, además de rescatistas profesionales de la región, de acuerdo el gobernador del Estado, Miguel Riquelme.
Los rescatistas están extrayendo agua de tres pozos contiguos de 60 metros de profundidad con ayuda de ocho bombas especializadas. El agua se encontraba esta tarde todavía a 23 metros, según ha indicado la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, en entrevista con Milenio. Los especialistas están listos para entrar, pero necesitan que el nivel de agua haya bajado hasta solo un metro. Riquelme ha señalado que en las próximas horas llegaran como apoyo 17 equipos de bombeo “con mayor capacidad para agilizar los trabajos”.
La finca en la que los mineros se encuentran atrapados es conocida como Las Conchas, en la comunidad de La Agüita, 300 kilómetros al norte de Saltillo, la capital estatal. La explotación no es ni siquiera una mina en el sentido estricto de la palabra, más bien un conjunto de “pozos artesanales”, como lo han definido algunos medios locales. De acuerdo con Pasta de Conchos, una asociación de la zona en defensa de los derechos laborales de los trabajadores, se trata de una explotación que llevaba 40 años abandonada ”y tiene grandes cantidades de agua acumulada”. El subsecretario de la Sedena, el general Agustín Radilla, ha corroborado por su parte que la instalación se encontraba en “desuso”, además de indicar que los obreros trabajaban con “herramientas manuales”.
Cuatro mineros fueron rescatados en la noche de ayer. Uno más logró escapar del derrumbe por la tarde, y fue quien dio la voz de alerta del accidente. Todos fueron hospitalizados en un primer momento, aunque dos de ellos ya han recibido el alta médica, de acuerdo con Velázquez Alzúa. La Sedena activó el miércoles el plan Plan DN-III, un operativo militar de auxilio a la población civil en casos de desastre, que ha movilizado a 230 personas, cuatro equipos de rescate caninos y dos ambulancias, según Radilla.
Los familiares de los mineros atrapados esperan en la misma mina, en pequeños grupos, con temperaturas que han llegado a alcanzar los 39 grados. Sin embargo, durante este jueves las noticias han sido escasas, y la Secretaría de Trabajo de Coahuila ha reconocido que la extracción de agua de los pozos ha sido “mínima”, según el periódico El Financiero. La Secretaría de Trabajo y Protección Social dio a conocer ayer en un comunicado que la mina, que volvió a ser explotada a principios de año, no tenía “antecedentes de denuncias por algún tipo de anomalías”. Sin embargo, los parientes y allegados de las víctimas aseguraron en una entrevista con Grupo Fórmula que los obreros contaban con malas condiciones laborales y una situación de inseguridad.
Para la comunidad minera de Sabinas el desplome del pozo no es nada nuevo: se trata de una realidad existente hace décadas y que se ha cobrado la vida de decenas de trabajadores. En la región se extrae el 99% del carbón que compra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mexicana, uno de los pilares de la reforma eléctrica de López Obrador, que aspira dar mayor poder a la institución para ser autosuficientes y no depender de las empresas privadas del sector. Unas 3.000 familias de la zona dependen directamente de la explotación del mineral, y otras 11.000 de empleos indirectos. Pero su extracción sale cara entre sus habitantes: solo en las primeras dos décadas del siglo XXI, 2.626 mineros quedaron incapacitados permanentemente, de acuerdo con la amplia investigación El carbón rojo de Coahuila: aquí se acaba el silencio.
En junio de 2021, hace apenas un año, siete trabajadores fallecieron después del derrumbe de otra mina de carbón en la misma zona. Las organizaciones de derechos humanos habían denunciado repetidas veces las pésimas condiciones laborales de la explotación, incluso ante el director de la CFE, Manuel Barlett, pero no recibieron respuesta y el túnel, como auguraban, acabó desplomándose. El 19 de febrero de 2006, la mina de Pasta de Conchos, también en Coahuila, sufrió una explosión de gas que acabó con la vida de 65 de los 73 mineros que estaban trabajando en ese momento. Llevaban años denunciando la inseguridad y las pésimas condiciones laborales. Fue la mayor tragedia minera de la historia de México, un recuerdo sangrante que vuelve a aflorar en forma de profecía autocumplida cada vez que por la comunidad se extiende la noticia de que un pozo se ha derrumbado.
La activista por los derechos laborales de los mineros Cristina Auerbach, planteaba en entrevista con que lejos de ser un accidente, los desplomes podrían prevenirse. “Es una mina que no tenía salida de emergencia. Es responsabilidad de la Secretaría del Trabajo inspeccionar este tipo de pozos. Dicen que no tenían ninguna denuncia, pero no debe ser necesario, su trabajo es garantizar la seguridad de los mineros”. Por el momento, 10 personas siguen atrapadas en el interior de un pozo mientras sus familiares esperan desesperados que las autoridades puedan rescatarlos con vida.
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