Manuel, universitario de 22 años, explica muy claro por qué el curso pasado acudió a una plataforma privada para que le adelantara el pago de su beca del Ministerio de Educación. “Mejor pagar una comisión que no tener nada en tres meses”. Su situación era casi de “asfixia”. Hijo único, con su padre en ERTE y su madre desempleada, sentía presión por no poder ayudar a su familia con las facturas y el pago del alquiler. Tampoco podía pagar fotocopias, comprarse libros, unos pantalones nuevos o permitirse un McDonald’s. “Mantener una calidad de vida mínima”, dice con la voz baja en conversación telefónica. No quiere dar ningún dato con el que puedan identificarle. El año pasado recibió del Gobierno una ayuda de 2.650 euros, pero incapaz de esperar varios meses a recibir el ingreso en su cuenta contactó con una plataforma privada, llamada Bcas, para solicitar un adelanto de 1.700 euros a cambio de una comisión de 50 euros. Manuel forma parte de los alumnos del llamado umbral 1 de becas, los más vulnerables económicamente con una renta de hasta 18.600 euros al año en una familia de cuatro personas.
Otras entidades como Abanca o Santander también ofrecen adelantos a los estudiantes; en el primer caso con un interés del 3% y en el segundo con el único requisito de abrir una cuenta, la llamada cuenta Smart, sin comisiones ni intereses.
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El problema con el retraso en el pago de las becas por parte del ministerio no es nuevo. En 1991 ya se registró una pregunta parlamentaria de un diputado del grupo popular para conocer los motivos de la demora. El Gobierno socialista ―bajo el mandato del presidente Felipe González― contestó entonces que se debía “fundamentalmente” a la tardanza en la presentación de las solicitudes de beca por parte de los estudiantes, ya que el 70% se habían presentado durante el mes de octubre, un mes después del arranque del curso. “No puede olvidarse tampoco que la evaluación de un expediente de solicitud de beca es un procedimiento complejo y minucioso, especialmente, en lo que se refiere a la determinación de los niveles de renta y patrimonio de los solicitantes”, expuso entonces el Ejecutivo.
Treinta años después, la situación no ha cambiado. Ni los partidos de izquierda ni los de derecha han conseguido adelantar los pagos ―como denunció la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en un informe en 2019― o agilizar la tramitación. El plazo para solicitar beca finaliza el 15 de octubre. A partir de esa fecha, se comienza a analizar las solicitudes, y los estudiantes empiezan a recibir las ayudas entre diciembre y enero. Los pagos de la cuantía variable (una segunda parte de la beca que se reparte en función de los resultados académicos y otras variables) concluyen en mayo. José Montalbán, profesor de Economía de la Universidad de Estocolmo y autor de varios informes sobre la problemática del sistema de becas, señala: “Es necesario adelantar el calendario siguiendo el ejemplo de países como Francia; el plazo de publicación en el BOE debe ser enero para que los estudiantes reciban la beca a principios de septiembre u octubre”.
Otra de las trabas, indica Montalbán, es que las becas se conceden teniendo en cuenta la declaración de la renta del año anterior a la solicitud. “Como la campaña del IRPF termina a finales de junio, no hay tiempo material para desarrollar con éxito ese calendario alternativo”, expone. Por eso, la segunda solución consistiría en remontarse a la renta de dos años antes, tal y como hace Francia.
En junio pasado, el ministerio aseguró que continúa trabajando “en la reforma de la gestión administrativa” que permitirá, por primera vez, adelantar varios meses la solicitud de las becas en el curso 2022-2023, de forma que los alumnos podrán conocer entre junio y julio si cumplen los requisitos económicos para ser perceptores de la ayuda (el 30% son denegadas por ese motivo). Con el modelo actual, es en el mes de diciembre cuando se les comunica, de forma que comienzan el curso sin saber si podrán disponer de esos fondos para seguir estudiando. Sobre el adelanto de los pagos, el ministerio no tienen ningún plan en el horizonte.
Preguntado por este periódico, fuentes del departamento de becas del ministerio señalan que la demora en los pagos se debe “exclusivamente a motivos presupuestarios” y que el modelo no se puede diseñar de otra forma. Las becas de un curso académico se pagan con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de dos años consecutivos, de forma que cuando llega septiembre la mayoría del dinero ya se ha destinado al pago de las becas del curso anterior. Reconocen que se trata de un “problema crónico” y que para solucionarlo habría que incrementar tanto el presupuesto de cada uno de los años que “en estos momentos es inviable”. “Jugamos con dos ejercicios presupuestarios, en el último cuatrimestre del año el dinero que nos queda es insuficiente y hay que esperar a la aprobación de los siguientes Presupuestos para pagar lo que queda de ese mismo curso”, añaden.
En el curso 2021-2022 se destinarán 2.038 millones de euros a becas, con un total de 850.000 beneficiarios ―460.000 no universitarios y 390.000 universitarios―. Desde 2018, el Gobierno ha aumentado la partida de becas un 39,6%, la mayor subida en décadas. Teniendo en cuenta esas cifras y la urgencia de los alumnos más desfavorecidos por contar con el dinero lo antes posible, algunas entidades privadas han detectado esa necesidad y han puesto a disposición de los estudiantes adelantos a cambio del pago de intereses de hasta el 10%.
Abanca lanzó en 2016 el programa Anticipo becas MEC, que permite a los estudiantes mayores de 18 años solicitar hasta 5.000 euros ―el banco solo adelanta un 95% del importe total de la beca― con una comisión de apertura del 3% (la beca se debe domiciliar en una cuenta de Abanca). El alumno debe devolver el dinero en un solo pago en un plazo máximo de 10 meses y, en caso de no hacerlo, la comisión de demora es del 2%. Un ejemplo práctico: si el estudiante solicita un adelanto de 1.000 euros, el banco le ingresará en su cuenta 950, de los que pagará una comisión de 28,5 euros. Por hacer una comparativa, el llamado Préstamo 24 horas de Abanca, para necesidades de consumo en general, tiene un interés del 5,95%.
El Santander es otro de los bancos que ofrece el servicio Anticipo beca MEC a los estudiantes de 18 a 31 años, aunque en este caso no cobra comisión de apertura ni intereses, el estudiante debe abrirse una cuenta Smart.
En noviembre de 2020, Javier Ausín, graduado en Derecho y ADE por ICADE, de 26 años, puso en marcha junto a su socio Bosco González ―también graduado en ADE― la startup (empresa emergente de base tecnológica) Bcas, una plataforma online con diferentes servicios vinculados a las becas, entre ellos el adelanto de dinero. “Mi trabajo de fin de grado se centró en desarrollar un buscador de becas, un simulador y un sistema de adelanto de pagos; años después lo pusimos en marcha”, cuenta Ausín. Entre diciembre y febrero adelantaron el pago de las becas a 135 alumnos, la mayoría universitarios del umbral 1, con un interés fijo de 50, independientemente de la cantidad prestada. Estaban “probando”. Para ello tiraron de los fondos de las llamadas tres F: family, friends and folks (familia, amigos y colegas, en inglés). “Vimos que había nicho, había mucha gente interesada”, relata. Recibieron un total de 1.000 solicitudes.
Tras ampliar la empresa, ya son siete personas, se presentaron a varias rondas de financiación para ampliar capital y han sido seleccionados por Lanzadera, la aceleradora de startups del presidente de Mercadona, Juan Roig. Este curso tienen previsto llegar a entre 4.000 y 5.000 estudiantes, a los que cobran una comisión inicial de 25 euros, a la que se suman otros 25 por cada 500 euros adelantados. Si un estudiante pide 500 euros pagará 50 de comisión, un 10%. Si pide 4.000 ―el máximo que ofertan―, pagará 225, un 5,6%.
Oportunidad de negocio
Varios expertos consultados coinciden en que se trata de una “oportunidad de negocio” que ha surgido a raíz de un fallo sistémico en el diseño de las becas. En este sentido, Montalbán remarca: “Como es natural, la iniciativa privada cobra una comisión por el servicio, pero la pregunta que debemos hacernos no es sobre la legitimidad de estas iniciativas, sino sobre si el ministerio es responsable de que los estudiantes tengan que recurrir a entidades privadas, con el consecuente coste, debido a su inacción”.
Miguel Ángel Lamas, profesor de Derecho de la Universidad de Valladolid y abogado de la asociación de afectados por el Préstamo Renta Universitario, cree que es una cuestión de “voluntad política”, que el Gobierno puede modificar la fórmula de los Presupuestos o adelantar el pago mediante préstamos con el Instituto de Crédito Oficial (ICO). “Si no se hace nada, esto puede llevar a que se normalice el pago de intereses por parte de los estudiantes y a los bancos les puede servir para fidelizar clientes desde los 18 años”.
Después de abandonar sus estudios, Eva Rodríguez (24 años), se matriculó en un grado medio de FP en administración. Quiere preparar oposiciones para “vivir tranquila”. El curso pasado recibió una ayuda de 2.000 euros del ministerio. Ella tampoco podía esperar a febrero y acudió a Bcas. Con una situación en casa complicada, con tres hermanos, el único sueldo que entra en su casa es el de su padre (camarero), tenía que echar una mano con los gastos, además de comprar algún dispositivo nuevo, solo tienen un portátil. “Tengo poco ocio, tomar pipas en un banco, y eso de viajar por España… nada de nada”, dice desde San Fernando (Cádiz). Explica que gracias a su profesora de música retomó los estudios a los 23 años. “Hablábamos por redes sociales, ella ha sido mi salvadora”. Como otros estudiantes consultados, está agradecida por recibir una ayuda del Estado, pero cree que la Administración no entiende lo que supone para ellos levantarse cada día y mirar su cuenta para ver si ha entrado el dinero.
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