SAN SALVADOR – El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desplegó este lunes a 1.000 nuevos soldados para tratar de arrebatar a las pandillas el control de cinco ciudades, que se encontraban fuera de un plan lanzado el pasado 20 de junio.
Se trata de las ciudades de Chalatenango (norte), Sensuntepeque (noreste), San Francisco Gotera (noreste), San Vicente (este) y Zacatecoluca.
Bukele, quien llegó hasta el centro de San Salvador para pasar revista a los nuevos elementos del Ejército, aseguró que este grupo forma parte de los 3.000 militares con los que busca reforzar su plan de seguridad.
El mandatario, criticado por diversos sectores por militarizar la seguridad pública, aseguró que el uso del Ejército se respalda en la Constitución, que le da la potestad de utilizarlo cuando “se hayan acabado todas las demás opciones para pacificar” el territorio nacional.
“En nombre del pueblo salvadoreño y como su comandante general les doy la bienvenida a la Fuerza Armada. Sobre sus hombros está la gloria de nuestra institución, sobre sus armas esta la gloria de nuestro país”, sostuvo Bukele.
Con este despliegue suman 7.000 elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército concentrados en 22 localidades, con lo que el Ejecutivo de Bukele busca recuperar el control de los territorios y cortar las fuentes de financiación de las pandillas.
“No vamos a darle tregua a la delincuencia, vamos a ganar esa batalla”, aseguró Bukele, de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).
El Gobierno pidió recientemente al Congreso 91 millones de dólares para financiar la segunda etapa de su plan, que incluye programas en las comunidades con presencia de pandillas para tratar de disputar el reclutamiento de jóvenes a las “maras”.
Las autoridades de El Salvador responsabilizan a las pandillas MS13, Barrio 18 y otras minoritarias de los altos índices de homicidios, de entre 103 y 50,3 por cada 100.000 habitantes entre 2015 y 2018, cifras que ponen a la nación como una de las más violentas del mundo.
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones.