San Salvador, 9 ene (EFE).- La violencia criminal que vive El Salvador obligó a más de 235.700 personas a desplazarse forzosamente durante 2018, según una encuesta nacional de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) dada a conocer hoy.
El estudio, acompañado por la organización centroamericana de derechos humanos Cristosal, señala que el 5,2 por ciento de la población adulta del país tuvo que “cambiar su lugar de vivienda” para protegerse “de una amenaza o hecho de violencia en el año recién finalizado”.
Este porcentaje es similar al registrado durante 2017 por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (Iudop) y superior al 4,9 por ciento computado en 2016.
El estudio estipula que más de 85.300 personas desplazadas han pensado “irse a vivir a otro país”, de las que el 51,8 por ciento tiene como alternativa Estados Unidos, el 13,3 por ciento a Europa y un 8,3 por ciento a Canadá.
Por otra parte, la encuesta de la UCA apunta a que el 5,8 por ciento de la población tiene un familiar o conocido menor de edad que tuvo que cambiar de escuela por “amenazas u otro hecho de violencia”.
Según cálculos de Cristosal, que diseñó la encuesta, dicho porcentaje representa a más de 122.000 niños y adolescentes que tuvieron que cambiar de centro de estudios por la criminalidad.
Los datos recogidos en este estudio son superiores a los presentados por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en el país centroamericano.
La jefa de dicha oficina en El Salvador, Elisa Carlaccini, aseguró en noviembre de 2018 que un tercio de los 250.000 desplazados internos de Centroamérica a raíz de la violencia son de El Salvador.
La representante del organismo apuntó que un estudio conjunto con el Ministerio de Justicia “estima que el 1,1 por ciento de la población salvadoreña ha sido forzada a desplazarse” entre 2006 y 2016, porcentaje que representa a más de 70.000 personas.
La oficia regional de Monitoreo de Desplazamiento Forzado de Cristosal, Rina Montti, destacó durante la presentación del estudio que el 92 por ciento de la población “está reconociendo que es muy importante emitir un legislación especial” que incluya “programas de atención integral para las víctimas”.
Cristosal presentó en agosto de 2018 al Congreso una propuesta de ley para “garantizar y hacer efectivos” los derechos humanos de las víctimas del desplazamiento forzado, causado principalmente por las pandillas.
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