WASHINGTON — El secretario de Justicia de Estados Unidos William Barr fue criticado fuertemente el jueves por comparar las órdenes de encierro durante la pandemia de coronavirus con la esclavitud.
En declaraciones vertidas el miércoles por la noche en un evento auspiciado por el Hillsdale College, Barr describió las órdenes de encierro como “la mayor intrusión en las libertades civiles en la historia de Estados Unidos” desde la esclavitud.
En sus comentarios, en un evento en Virginia auspiciado por su alma máter, criticó también a sus fiscales por comportarse como “cazadores de cabezas” en búsqueda de acusados prominentes y por usar el peso del sistema de justicia penal para lanzar lo que él dijo eran pesquisas políticas “mal concebidas”.
El representante demócrata James Clyburn, 3ro en rango del partido en la cámara baja, le dijo a la cadena CNN que las declaraciones de Barr fueron “las cosas más ridículas, horribles y desentonadas que he escuchado” porque equiparan la esclavitud humana con una medida que busca salvar vidas.
“La esclavitud no era para salvar vidas. Las devaluaba”, dijo Clyburn. “Esta pandemia es una amenaza a la vida humana”.
No es la primera vez que Barr ha condenado las órdenes de quedarse en casa.
Randy Serrano tiene la información.
Ha dicho previamente que algunas órdenes eran “preocupantemente cercanas al arresto domiciliario”, y el Departamento de Justicia envió cartas a varios estados advirtiendo que algunas de sus restricciones relacionadas con el virus pudieran ser ilegales. Fiscales además presentaron declaraciones de interés en varias causas civiles que apelaban algunas de las restricciones.
Barr ha sido criticado ya por anular decisiones de fiscales del Departamento de Justicia que trabajan para él, incluyendo en causas criminales relacionadas con asociados del presidente Donald Trump. Pero en sus declaraciones, rechazó la noción de que los fiscales deberían tener la última palabra en las causas que presentan. Barr describió a los fiscales como una “burocracia permanente” e insinuó que deben ser supervisados, e incluso controlados, por funcionarios designados que respondan ante el presidente y el Congreso.
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