Cuando las tropas estadounidenses llegaron a Afganistán, en 2001, encontraron una tierra de caminos polvorientos. Con menos de 80 kilómetros de carreteras asfaltadas en una extensión algo mayor que Francia, muchos afganos y, sobre todo, muchas afganas morían en esos caminos o en hospitales a los que habían llegado demasiado tarde. Ellas, a menudo desangradas al dar a luz. En 2002, la mortalidad materna era de 1.600 fallecidas por cada 100.000 nacimientos vivos, según Unicef. En 2020, ese saldo macabro era de 638 muertes, calcula la ONU. Esta mejora insuficiente corre el riesgo de revertirse con la llegada al poder de los talibanes el pasado 15 de agosto.
Apenas nueve días después de su toma de control, el Banco Mundial, primer donante del sistema sanitario afgano, congeló los fondos para el país. Sus otras dos principales fuentes de financiación, la Unión Europea y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), hicieron lo mismo. Solo el Banco Mundial tenía previsto conceder para ese fin 784 millones de dólares (658 millones de euros) en 2021. Sin ese dinero, con las fronteras cerradas en un país que depende casi totalmente de las importaciones de material médico y medicinas, y con muchos sanitarios huidos, el sistema sanitario afgano podría encaminarse “al desastre”, explica por teléfono desde Kabul, Filipe Ribeiro, representante de Médicos sin Fronteras (MSF) en Afganistán.
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No han sido las únicas instituciones que han anunciado la congelación de fondos de ayuda internacional que, en 2020, constituyeron el 42,9% del PIB del país. Los talibanes ni siquiera tendrán acceso a las reservas en divisas del banco central, atesoradas en la Reserva Federal de Estados Unidos, que de momento no les permite acceder a ese dinero, que ronda los 9.400 millones de dólares (7.900 millones de euros). Esa cifra bastaría para sufragar las importaciones de Afganistán, incluidas las de material médico y alimentos, durante 18 meses, según un análisis de la revista Foreign Policy.
El posible desmoronamiento de una atención sanitaria construida sobre una ayuda exterior que Occidente pretende utilizar ahora para presionar a los talibanes es aún más probable si se considera “su debilidad”, explica el representante de MSF. Ribeiro se muestra crítico con la forma en la que se han utilizado esos fondos internacionales. “La prioridad de esta inversión no eran los pacientes ni garantizar el acceso de la población” a los servicios sanitarios, asegura.
En un informe de 2020, la organización médica contradecía la narrativa del éxito en Afganistán de instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS). La ONG sostenía que “al ejecutar programas relacionados con la salud (…) la situación humanitaria en Afganistán no ha mejorado, y en algunas zonas ha empeorado en los últimos años”. El informe, que se basa en el trabajo de MSF en dos provincias afganas, Herat y Helmand, cita, por ejemplo, el dato de la reducción de la mortalidad materna, cuya mejora global en estos 20 años esconde un estancamiento en la última década. Y, de nuevo, una de las razones es la dificultad para llegar a los centros sanitarios y acceder a una atención que, pese al flujo de millones de la ayuda internacional, los afganos financian en parte de su bolsillo. De hecho, precisa el documento, el 77,4% del gasto sanitario sale del presupuesto de las familias en un país en el que el 80% de la población vive bajo el umbral de pobreza absoluta de Naciones Unidas. Estos problemas “no van a mejorar ahora”, lamenta Ribeiro.
Dependencia exterior
Las ONG desempeñan un papel crucial en el sistema sanitario afgano. Su reconstrucción, iniciada en 2003, se basó en una asociación público-privada en la que los servicios sanitarios básicos —el llamado Paquete Básico de Salud— se externalizaron a empresas y ONG. Los contratos se concedían luego a quien presentaba el presupuesto más bajo, algo que ha repercutido en la calidad de la atención, critica MSF. La consecuencia es que la sanidad afgana depende también de la permanencia en el país de estas organizaciones. Ribeiro confirma que todos los centros de MSF en el país “siguen trabajando”. Sin embargo, el suyo es un caso particular, porque Médicos sin Fronteras trabaja con fondos propios y no depende ni del Gobierno afgano ni de la ayuda internacional.
Desde el Centro Quirúrgico para Víctimas de la Guerra de Kabul, que gestiona la ONG italiana Emergency, su coordinadora de programas, la anestesista Gina Portella, recalca por teléfono que ellos tampoco se plantean marcharse. Al igual que el representante de MSF, asegura que los talibanes les han garantizado que podrán seguir haciendo su trabajo. La doctora advierte luego del riesgo de desabastecimiento de medicinas y de material médico por falta de fondos y por el cierre de fronteras. A finales de agosto, la OMS ya advirtió de que los suministros médicos se agotarían “en unos días”.
Los colectivos más vulnerables, como las mujeres y los niños, “si no son quienes pagarán un precio más alto, sí serán los primeros en pagarlo”, lamenta la doctora. Para Ribeiro, de MSF, el dilema que se plantea entre presionar a los talibanes congelando las ayudas y el desmoronamiento del sistema sanitario público “no se puede resolver abandonando a los afganos a su suerte”. Y subraya otro aspecto: los talibanes han garantizado a su organización que sus trabajadoras no tendrán problemas. Es esta una cuestión lejos de ser baladí, no solo por el derecho de las afganas a trabajar; no solo porque muchas familias viven del sueldo de una mujer, también porque, en amplias zonas de Afganistán, las prácticas culturales vetan que un hombre examine a una mujer, ni siquiera durante el parto. La escasez de sanitarias sigue siendo, según diversos estudios internacionales, una de las barreras que impide la reducción de la mortalidad maternal.
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