El sueño de Raquel Badia de convertirse en fiscal empezó a quebrarse hace 10 años con el envío de un fax a los responsables de las pruebas de selección. Un informe médico firmado por una presunta psiquiatra del Hospital Vall d’Hebron relataba que Badia sufría un “grave estrés” y pedía posponer la fecha del tercer examen para poder hacer “reposo” y estudiar “con tranquilidad”. Todo era un invento, incluso el nombre de la doctora: el informe fue confeccionado, según la Fiscalía, por Badia. La mujer acabó perdiendo la plaza y los papeles. Acusó a jueces y fiscales y se presentó como víctima de una suplantación de identidad que nunca fue tal, según la tesis de la Fiscalía, la institución a la que ha estado a punto de pertenecer y que ahora la sienta en el banquillo de los acusados.
Badia no llegó a ser nombrada fiscal porque, tras el incidente del fax y el envío de correos electrónicos amenazantes -de los que niega ser autora- fue considerada no apta. “Padece alteraciones psicopatológicas que la incapacitan para desarrollar las tareas de fiscal”, según el informe pericial que justificó su exclusión de la lista de nombramientos en mayo de 2012. Para entonces, Badia ya había superado la oposición e incluso había completado su paso por la escuela de fiscales, ubicada en Madrid. Ha intentado combatir, sin éxito, una decisión que considera “injusta” ante la administración y en los tribunales. En la vía penal, por ahora, no le ha ido mucho mejor.
La mujer, que tiene 47 años y ahora ejerce como abogada -aunque está volcada, sobre todo, en defender su inocencia y reivindicar su plaza de fiscal- será juzgada el próximo febrero por falsedad documental, simulación de delito y calumnias contra seis autoridades. La Fiscalía pide una pena de casi tres años de cárcel. En su escrito, al que ha accedido EL PAÍS, el fiscal Roberto Valverde explica que, cuando fue citada por los médicos a petición del tribunal de selección por el informe médico falso, Badia fabuló una historia para “eludir su responsabilidad”. Denunció ante los Mossos d’Esquadra que alguien había suplantado su identidad y no solo había enviado el fax de la psiquiatra, sino que había creado cuentas de Yahoo a su nombre desde la que enviaba correos para perjudicarla. Esos mensajes contenían ataques gratuitos a sus compañeros de oposición y denuncias igualmente graves a jueces y fiscales.
Para la Fiscalía, no existe duda alguna de que Badia, en un juego de autosuplantación con el que pretendía cubrirse las espaldas, fue la autora de todos esos mensajes. La denuncia de Badia ante los Mossos dio lugar a una investigación dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que acabó volviéndose contra ella. El fax y los correos habían sido enviados desde un locutorio de la Gran Vía de Barcelona. Su dueño, un ciudadano paquistaní, dijo que el documento le fue entregado por una mujer “española, de unos 40 años, 1.60 metros, pelo negro y tez blanca”, lo que, constata la Fiscalía, “coincide” con el perfil de Badia. Es cierto que más tarde, cuando se le mostró una fotografía, no supo reconocerla, pero la Fiscalía lo considera irrelevante. El juez acabó abriendo diligencias contra ella en mayo de 2012, que son las que ahora le llevan al banquillo.
En la historia de Badia, que llegó a ejercer como jueza sustituta, subyace la dureza extrema de las oposiciones a juez y fiscal. El informe médico que condujo a su exclusión explica que estuvo siete años preparando la oposición “con una dedicación casi absoluta” y sin apenas vida social. El “largo y duro proceso selectivo” le provocó un “trastorno adaptativo”. Badia, como señala el informe, piensa que es “víctima de una conspiración para hacerle daño”. Como en una profecía autocumplida, sus sospechas de que están contra ella se hacen realidad, subraya el informe. Ante los problemas que estaba generando, hubo una “negativa masiva de fiscales a asumir su tutoría”. Ella sigue insistiendo, incluso hoy: alguien la quiere perjudicar y no va a dejar de luchar para demostrarlo.
Durante tres años, en distintas oleadas, Badia -o el suplantador, según la tesis de la defensa- envió correos electrónicos delirantes. En el otoño de 2011, tras aterrizar en Madrid, arremetió contra sus compañeras, a las que llama “niñatas”: “Todas lo necesitáis, especialmente las que os creéis inmejorables y no me llegáis a la altura de la suela”. En la primavera de 2012, antes de su exclusión y también desde el locutorio de Gran Vía, acusó a su fiscal preparador de abusos sexuales y al juez Aguirre de prevaricar por una investigación “obscenamente pasiva” que no había logrado dar con el responsable de la supuesta usurpación de identidad. En el invierno de 2013, se vanaglorió de que regresaba a la carrera fiscal: “Aprended de cómo destruyo a quien se me enfrenta”, y acusaba a la entonces fiscal superior de Cataluña, Teresa Compte, de encubrir el denunciado acoso sexual. Ese último correo le valió una querella de la fiscal Ana Magaldi.
El fiscal de delitos informáticos que lleva el caso insiste en que fue Badia quien envió los correos. La mujer no ha aportado “ningún dato de quién puede ser el suplantador”. Además, el contenido de los correos (algunos de varios folios) indica que el autor tuvo que ser “alguien cercano” a ella porque conoce “aspectos de la vida privada de los opositores”, “vivencias” de la propia Badia y de su preparador. Una de las alegaciones que hace la mujer en su defensa es que algunos correos se enviaron desde Barcelona cuando ella estaba en Madrid. Un obstáculo salvable, insiste el fiscal: es perfectamente posible hacerlo con programas o aplicaciones de acceso remoto. La tesis de Badia es que fue víctima de un delito informático.
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