El Tribunal Supremo ha optado por aplazar su decisión sobre la falta de legitimación del PP para interponer una demanda contra el nombramiento de la fiscal general del Estado Dolores Delgado, alegada por la Abogacía del Estado para reclamar que se decretara su archivo. Así lo acuerda la sección cuarta del Supremo en un auto en el que resuelve sobre las alegaciones de la Abogacía del Estado pidiendo que se rechazara el recurso contencioso administrativo promovido por el PP para que se anulase el nombramiento de la fiscal general por su vinculación con el partido al frente del Gobierno, habiendo sido poco antes ministra de Justicia y diputada del PSOE.
En respuesta a esas alegaciones, el PP sostuvo que en este caso no se podía tener en cuenta la jurisprudencia sobre la legitimación activa de los partidos políticos, al entender que la “designación incorrecta” de Dolores Delgado es “susceptible” de afectar a los procedimientos judiciales en los que pueda estar inmerso el PP o alguno de sus miembros.
A esto añadía, que “como primer partido de la oposición” debe además ejercer el control sobre los actos del Gobierno, “interponiendo recursos ante la jurisdicción ordinaria y constitucional”. En este trámite de alegaciones, “en el que no se ha formulado contestación a la demanda ni se ha tramitado el resto del recurso, no puede resolverse la objeción procesal planteada” por la Abogacía del Estado, relativa a la falta de legitimación del PP para interponerla, señala el auto.
Los magistrados explican que no pueden resolver esta cuestión sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, lo que les lleva a aplazar su decisión a la resolución definitiva que finalmente emitan. “Esta singular conexión, expresada en los trámites y la naturaleza de este tipo de nombramientos, aconseja, por tanto, que el recurso debe seguir sustanciándose hasta su conclusión por sentencia, en la que se examinará dicha falta de legitimación y, en su caso, el fondo del asunto”, precisan. El PP presentó esta demanda el pasado mes de agosto al entender que el nombramiento de Delgado constituye “una desviación del poder al ser un fraude constitucional”.
Según el PP, Delgado no reúne la apariencia de imparcialidad imprescindible para este nombramiento dada su “vinculación inequívoca” con el PSOE y el Gobierno, que con su nombramiento solo persigue “situar al Ministerio Fiscal a su servicio, bajo su dependencia y con plena subordinación”.
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