Un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ha decidido este miércoles incluir al presidente Jair Bolsonaro entre los investigados en un caso que adelanta hace dos años sobre la difusión de noticias falsas. El fallo de Alexandre de Moraes está vinculado a las alegaciones sin fundamento del mandatario ultraderechista contra el sistema de voto electrónico y sus amenazas contra las elecciones convocadas para 2022 que aireó el jueves pasado en la más reciente de las retransmisiones en directo que hace semanalmente.
La inclusión de Bolsonaro como investigado en este caso obedece a una denuncia presentada por el juez que preside el Tribunal Superior Electoral (TSE), Luís Roberto Barroso, contra el que el presidente de la república ha redoblado los ataques en los últimos días.
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Bolsonaro ha reaccionado poco después. “Otra investigación que nace sin base jurídica” (…) ¿está dentro de las cuatro líneas de la Constitución? No lo está, y por tanto el antídoto no está dentro de las cuatro líneas de la Constitución”, ha dicho esta miércoles en la noche en una entrevista.
La denuncia de Barroso es uno de los dos frentes de investigación abiertos por el Supremo brasileño tras el directo en redes sociales en el que Bolsonaro repitió sospechas basadas en vídeos de internet, pero ya desmentidas por diversos órganos, y trató de señalar la existencia de un fraude en el escrutinio de los votos en las elecciones de 2014, ganadas por la expresidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), contra el actual diputado socialdemócrata Aécio Neves.
Bolsonaro es objeto de una tercera investigación del Supremo por su supuesta injerencia en la Policía Federal para proteger a sus hijos en indagaciones abiertas. Aquella denuncia partió del exjuez Sergio Moro.
En su pronunciamiento del jueves pasado en redes sociales, Bolsonaro atacó al ministro Barroso y afirmó, admitiendo no tener pruebas de lo que relataba, que el presidente del tribunal electoral “interfiere” para que no haya transparencia en las elecciones. “¿Por qué trata el Presidente del TSE de mantener las sospechas sobre las elecciones? ¿Quién se cree él? ¿Por qué sigue interfiriendo por ahí? ¿Con qué poder? No quiero acusarlo de nada, pero algo de muy raro pasa aquí”, declaró Bolsonaro durante la retransmisión del último día jueves, 29 de julio.
El expediente de las llamadas fake news fue abierto en 2019 por el Supremo para investigar la diseminación de noticias falsas, denuncias calumniosas y amenazas contra los juez de la máxima corte judicial. Para Moraes, el directo de Bolsonaro “se reveló como una ocasión más en que el mandatario se posicionó de forma, en tesis, criminosa y atentatoria a las instituciones”, en especial del Supremo y del tribunal Superior Electoral, “imputando a sus ministros la intención de falsificar las elecciones para favorecer un eventual candidato” y “sosteniendo, sin cualesquiera indicios, que el voto electrónico es falsificado y no auditable”.
“En ese contexto, no hay dudas de que las conductas del presidente de la República insinuaron la práctica de actos ilícitos por miembros de la Suprema Corte, utilizándose del modus operandi de esquemas de divulgación masiva en las redes sociales, con el designio de dañar o exponer a peligro de daño la independencia del Poder Judicial, el Estado de derecho y la democracia”, señaló Moraes en su decisión.
Al aceptar la denuncia para ampliar la investigación a Bolsonaro, el juez del Supremo ordenó que sean convocados como testigos el ministro de la Justicia, Anderson Torres, y de otras cuatro personas que participaron de la transmisión. Entre ellas está Eduardo Gomes da Silva, un coronel retirado del Ejército que fue presentado por Bolsonaro como “analista de inteligencia” y alertó sobre presuntos indicios de fraude, ya desechados. Moraes también pide la transcripción oficial por la Policía Federal del vídeo del directo.
En paralelo, el Supremo ha decidido abrir un expediente administrativo contra el presidente Bolsonaro para investigar, en el mismo directo emitido por redes el jueves pasado, las sospechas de abuso del poder económico, corrupción o fraude, abuso del poder político o uso indebido de los medios de comunicación, uso de la maquinaria administrativa y propaganda electoral anticipada. Su intervención fue difundida también por la televisión gubernamental.
La ofensiva del Poder Judicial ocurre en la misma semana en que una comisión especial de la Cámara debe votar la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) 135/2019. El texto establece la adopción de un tipo de urna electrónica que permita imprimir el registro del voto, es decir, una papeleta que sería depositada en una urna para un eventual cotejo. Especialistas y el mismo TSE señalan que la medida puede tornar la votación vulnerable a compra de votos y fraude en el recuento. Además, la idea se basa en la equivocada premisa de que el voto electrónico tal cual se usa hoy no sería “auditable” – en realidad, el sistema pasa por diversas etapas de verificación, y tras cada votación es impreso un boletín de urna que ayuda en la comprobación de la credibilidad y la transparencia del aparato.
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