El Supremo ha alargado la vida del Título 42, la norma impuesta por Donald Trump durante la pandemia hace casi tres años y que expiraba el primer minuto del miércoles 21 de diciembre. Esta medida ha permitido al Gobierno de Estados Unidos expulsar rápidamente a los inmigrantes que llegan a la frontera con México. La decisión del tribunal ha llegado en la tarde de este lunes, horas después de que una coalición de 19 Estados republicanos presentaran una moción para alargarla ante el temor del colapso de la frontera y el impacto en sus regiones. El fallo de John Robert, el presidente del Supremo, es temporal. La Administración Biden debe presentar nuevos argumentos ante el tribunal este martes si quiere poner punto final a una polémica iniciativa que ha sido criticada por las organizaciones de derechos humanos.
El Título 42 entró en vigor en marzo de 2020 para impedir nuevos brotes de coronavirus en territorio estadounidense. A pesar de ser una medida sanitaria, se ha convertido en una arma política que ha provocado un tira y afloja en los tribunales. Emmet Sullivan, un juez de distrito federal, opinó en noviembre que la iniciativa era inhumana porque devolvía a miles de personas a lugares donde había una alta probabilidad de ser “perseguidos, torturados, golpeados o violados”. El viernes, un tribunal de apelaciones confirmó la posición de Sullivan y allanó el camino para que la Administración de Biden la levantara, algo que anunció en mayo. Esta sería sustituida, de acuerdo al Gobierno, por una política migratoria que analice con mayor detenimiento las miles de peticiones de asilo que se hacen todos los días.
“Como requiere el Tribunal Supremo con su orden, el Título 42 permanece en efecto por el momento. Los individuos que intenten entrar a Estados Unidos de forma ilegal seguirán siendo enviados a México”, ha afirmado esta tarde Marcha Espinosa, funcionaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Interior. A diferencia de la deportación, un proceso que puede tomar meses o incluso años, el Título 42 permite a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) procesar rápidamente con una toma de huellas a los detenidos y enviarlos a México. Todo en una cuestión de minutos. La situación hizo que muchos volvieran a intentar el cruce días después. Un análisis del primer año y medio de la medida indicó que unas 4.000 personas lo habían intentado 20 veces. Un ciudadano mexicano probó suerte en 81 ocasiones, de acuerdo a The Washington Post.
El bloque republicano se ha manifestado contra el fin de una medida que ha ayudado a regresar a 2,4 millones de personas a México (una persona puede haber sido expulsada más de una vez). “La lucha por mantener el Título 42 en su sitio continúa”, ha asegurado esta tarde Ken Paxton, el fiscal general de Texas. Greg Abbott, el gobernador de ese Estado, ha celebrado la decisión temporal. “La orden es un paso en la dirección correcta. Esto ayuda a prevenir la inmigración ilegal”, ha señalado en Twitter el mandatario. A este objetivo se han sumado también las administraciones de Alabama, Alaska, Arizona, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, Virginia, Virginia Occidental y Wyoming.
El final programado para la medida ha elevado la tensión en la frontera. Las autoridades afirmaron hace algunas semanas que estaban preparadas para atender hasta a 18.000 ingresos diarios de inmigrantes. No se ha llegado a esa cifra, pero sí ha habido un agudo aumento del flujo migratorio. La prensa ha dado cuenta de un constante goteo de personas en las últimas semanas. Los cálculos estiman que están llegando entre 9.000 y 14.000 migrantes en los más de 3.000 kilómetros de frontera compartida.
Esta situación ha puesto en aprietos a varias ciudades e incluso a bastiones demócratas. Oscar Leeser, el alcalde progresista de El Paso, una ciudad fronteriza de Texas, decretó el sábado el estado de emergencia en la localidad. El político afirmó que esto permitiría al Ayuntamiento incrementar momentáneamente sus recursos para poder soportar la llegada de miles de migrantes. “Queremos asegurarnos de que la gente sea tratada con dignidad y que todos estén seguros”, dijo Leeser a los reporteros. El dinero permite dar albergue y alimento a las personas que han llegado de México. Washington ha advertido de que en los últimos meses ha crecido el arribo de ciudadanos de Venezuela, Nicaragua y Cuba.
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Gavin Newsom, el gobernador de California y una de las voces más importantes entre los demócratas, también ha lanzado una advertencia. El carismático líder se quejó de que el Gobierno de Biden está incrementando el envío de vuelos y buses llenos de inmigrantes. “Tenemos llenos nueve centros de procesamiento de inmigrantes”, dijo el mandatario la semana pasada a la cadena ABC. Newsom aseguró que las presiones al presupuesto por otros asuntos amenazan la operación de estos centros y que si continúan llegando personas, muchas de estas terminarán en la calle alimentando el problema de los sin techo. “El hecho es que lo que tenemos ahora no funciona. Y está a punto de romperse en un mundo pos-Título 42 a menos que asumamos nuestras responsabilidades”, añadió. La frontera, parecen decir desde ambos bandos políticos, está al borde del colapso.
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