Con una decisión ideológica y partidista, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha validado este jueves dos normas electorales del Estado de Arizona, que dejan la Ley del Derecho al Voto de 1965 reducida a un efecto mínimo. La respuesta inmediata del presidente Joe Biden tras conocer el dictamen fue tajante al declarar que “la democracia está en juego”. Este fallo de 6-3, argumentado por el juez Samuel Alito, significa que a partir de ahora será más difícil disputar todas las nuevas leyes aprobadas por las legislaturas estatales, como consecuencia de la Gran Mentira de Donald Trump de que hubo fraude electoral en las presidenciales de 2020.
Sobre lo que el Supremo decidía era sobre dos leyes de Arizona. La primera prohíbe la recopilación de votos por parte de un familiar de aquellas personas que no puedan acudir a votar. La segunda dictamina que todos los votos que se hayan depositado en un precinto diferente al que le corresponde al votante sean directamente tirados a la basura. Ambas normas habían sido anuladas por un tribunal federal de apelaciones que alegó que dejaban en un terreno de desigualdad a los votantes de ciertas minorías (ya sean negros, latinos…). Este jueves la máxima corte del país ha restablecido esas dos normativas, con la opinión del juez Alito votando a favor al considerar que porque el sistema de votación sea “inconveniente para algunos” no significa que el acceso a votar sea desigual.
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La réplica a Alito la ha dado uno de los tres jueces liberales que forman la Corte. Elena Kagan acusó a la nueva súper mayoría que representa el Supremo, tras el paso por el poder de Donald Trump (que logró nombrar a tres magistrados, en un cargo que es vitalicio), de reescribir “una vez más” la Ley del Derecho al Voto. “Nunca antes una normativa [en referencia a la ley de 1965] ha hecho tanto para avanzar y promover una de las ideas fundamentales de la nación”, argumenta Kagan. “Pocas leyes son tan vitales en el momento actual”, prosigue la juez. “Y sin embargo”, disiente desde el enfado la juez, “en la última década este tribunal ha tratado a esta legislación peor que ninguna otra”.
Hasta la fecha, la Ley del Derecho al Voto era la ley que imperaba en la nación y la norma más efectiva de legislación sobre los derechos civiles en toda la historia de EE UU. Tras 1965, la norma se ha reautorizado hasta cinco veces desde su aprobación a mediados de los años sesenta por motivos prácticos, nunca políticos. Esa ley es prácticamente desde este jueves papel mojado, ya que lo que queda de ella es una sección de la disposición que prohíbe que, basándose en la raza, se puedan redistribuir los votos en función del distrito.
Tras el clamor de Trump de que había habido fraude y le habían sido robadas las elecciones, que acabó por conducir al asalto al Capitolio el pasado 6 de enero, fueron muchos los Estados -concretamente los que tienen mayoría republicana en su Congreso- que comenzaron a moldear las leyes de votación para que, según los críticos, pudieran restringir el sufragio de las minorías. Según el Centro Brennan para la Justicia, tras los comicios que dieron ganador a Joe Biden, se han promulgado más de 20 leyes relativas al voto en más de 15 Estados.
El pasado día 22, el Senado de EE UU tumbaba la gran reforma electoral a la que aspiraba Biden. Tras un paso sin problemas por la Cámara de Representantes, donde los demócratas tienen mayoría, la conocida como H.R.1, o Ley del Pueblo, se estrellaba contra el Senado. De nada valió que el Partido Demócrata mostrara unidad al sumarse, finalmente, el voto díscolo del senador de Virginia Occidental Joe Manchin. La mayor renovación del sistema electoral en ocho décadas moría incluso antes de haber nacido. Ni siquiera hubo lugar para el debate.
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