El Tribunal Supremo de Israel ha rechazado este jueves una batería de recursos presentados contra la Ley del Estado Nación Judío, una polémica norma de rango constitucional impulsada en 2018 por el anterior primer ministro, Benjamín Netanyahu, a la que los representantes de la comunidad árabe israelí atribuyen haber relegado a la principal minoría del país, que suma un 21% de la población. El Alto Tribunal, que actuaba en funciones de órgano de revisión de la constitucionalidad de las leyes, dictaminó que la norma “no vulneraba el carácter democrático de Israel”, y declaró en consecuencia su plena constitucionalidad, a pesar de que prescribe que solo los judíos tienen derecho a la autodeterminación y establece que el hebreo es la única lengua oficial del Estado, en detrimento del árabe.
Garante último de los valores democráticos en un país convulso y polarizado, el Tribunal Supremo ha preferido no entrar en el terreno pantanoso de las leyes básicas ―como la del Estado Nación, que forman el entramado constitucional de Israel, a falta de una Constitución propiamente dicha. Diez de los 11 magistrados que lo integran suscribieron el rechazo a los recursos. La excepción fue, precisamente, el único juez árabe, George Karra, quien disintió de la resolución al considerar que la normativa “niega los fundamentos democráticos”.
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La presidenta del Supremo, Esther Hayut, encabezó la argumentación mayoritaria. En esencia, que el texto legal “no vulnera el carácter democrático de Israel”. “Esta ley básica”, precisó, “es un capítulo constitucional más (…) y debe ser interpretada en el marco de otras leyes básicas”, como la de Dignidad Humana y Libertad.
Netanyahu desempolvó el polémico proyecto de ley ―que había sido aparcado repetidas veces― en 2018, cuando contaba con una clara mayoría en la Kneset al frente del que fue denominado como el Gobierno más conservador en la historia del Israel. El ministro de Justicia, Gideon Saar, que entonces militaba en el partido Likud de Netanyahu, destacó que la Ley del Estado Nación Judío tiene la virtualidad de definir “el carácter judío de Israel” sin excluir a las minorías
Entre las entidades y particulares que recurrieron la norma se encontraba el partido pacifista Meretz, hoy integrado en el Gobierno, y la coalición de fuerzas árabes Lista Conjunta. Su portavoz parlamentario, Ayman Odeh, no vaciló en tachar la decisión del Supremo de “racista”. “En una democracia no puede haber igualdad solo para los judíos”, clamó este diputado.
Otra de las organizaciones que se opuso ante la justicia a su entrada en vigor fue Adalah, que se ocupa de la defensa legal de la minoría árabe. “El Supremo ha consagrado la supremacía judía y la segregación racial como principios básicos del régimen israelí”, afirmó en un comunicado.
Tras su aprobación en la Kneset, la ley del Estado Nación Judío desató una ola de protestas entre minorías como la árabe y la drusa, que temieron verse relegadas a una ciudadanía de segunda clase frente a la hegemonía de la mayoría judía, en un Estado que se declara desde su nacimiento, en 1948, como judío y democrático.
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