El Tribunal Supremo ha hecho público este lunes el auto por el que abre causa penal al secretario de organización de Podemos y diputado de la formación Alberto Rodríguez Rodríguez por los delitos de atentado contra la autoridad y lesiones por la supuesta agresión, en 2014, a un policía. La decisión se produce después de que el Juzgado de Instrucción 4 de San Cristóbal de la Laguna (Tenerife), que instruía la causa contra él y otras cuatro personas, remitiese en diciembre del año pasado al alto tribunal testimonio del procedimiento dada la condición de aforado de Rodríguez.
Según la documentación remitida por el juzgado canario, el actual diputado de Podemos “propinó una patada” a un policía durante los altercados que se produjeron en el transcurso de la inauguración de una catedral en la isla a la que asistía el entonces ministro de Eduación José Ignacio Wert. Rodríguez participaba en la manifestación que, aprovechando la presencia del miembro del Gobierno de Mariano Rajoy, protestaba por la puesta en marcha de la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de Wert. La concentración acabó con el lanzamiento de objetos y la supuesta agresión a los agentes que protegían el acto. Uno de ellos sufrió un traumatismo en un dedo de la mano derecha y contusión en la rodilla izquierda que requirieron asistencia médica y por los que estuvo cinco días sin poder realizar su trabajo.
Sobre estos hechos, la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ya había presentado escrito de acusación contra el diputado de Podemos y pedido para Rodríguez una pena de un año de prisión y un mes de multa, pero su condición de aforado ha obligado al juzgado tinerfeño, que ya había acordado la apertura de juicio oral contra él, remitir las diligencias contra Rodríguez al Supremo. Ahora, el alto tribunal, con el pronunciamiento a favor de la Fiscalía, investigará a Rodríguez al considerar que existen “indicios de la comisión de un hecho delictivo”. El instructor de la causa será el magistrado Antonio del Moral. Para poder citar al diputado a declarar como imputado, el Supremo debe cursar el suplicatorio al Congreso de los Diputados y que este lo acepte. No obstante, Rodríguez puede aceptar comparecer de forma voluntaria ante el magistrado.
En 2017, el alto tribunal ya abrió una causa contra el número tres de la formación que lidera Pablo Iglesias, entonces por un delito de desórdenes públicos por unos hechos acaecidos el día de Navidad de 2006 durante un control de la policía local también en la localidad La Laguna. Según recogió entonces la investigación judicial, los agentes “increparon a las personas que allí se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas, provocando que arrojaran botellas, vasos y otros objetos”, ocasionando desperfectos en un vehículo. Un año después, el Supremo declaró extinguida su responsabilidad penal al considerar que había prescrito el delito por el que era investigado dado el tiempo transcurrido desde su comisión.
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