El Supremo ha acordado este lunes solicitar un informe al Tribunal de Cuentas sobre los procedimientos de responsabilidad contable que, en relación con las personas condenadas en la causa del procés, estén en tramitación con motivo de los gastos ocasionados por el referéndum ilegal del 1-O de 2017 en Cataluña. Este requerimiento fue solicitado el pasado día 10 de febrero por la Abogacía del Estado en lo que se refiere al expediente que se sigue por las peticiones de indulto a dichos condenados.
La petición de datos sobre la postura que han adoptado los condenados ante la reclamación de cantidades responde a la estrategia que sigue la Abogacía del Estado para acreditar que se ha visto resarcida como parte perjudicada por el uso dado a los fondos públicos de titularidad estatal durante el proceso independentista. La Abogacía del Estado representa a Hacienda y su propósito es ceñirse a la cuestión de la utilización de tales fondos cuando se dirija al Supremo para exponer su posición sobre la petición de indulto que se está tramitando a favor de los presos del procés.
La Abogacía del Estado, de hecho, conoce sobradamente cuál es el estado del expediente de responsabilidad contable que instruye el Tribunal de Cuentas. Su objetivo es que quede constancia oficial de esa situación. Hace casi un año, el 24 de febrero de 2020, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas dirigió una notificación a las partes personadas en la que acordaba “tener por garantizada la cantidad de 4.146.274,97 euros, a que asciende el importe de la presunta responsabilidad contable en las actuaciones de referencia”. El texto concretaba que el pago se había hecho mediante dos ingresos. El primero, realizado el 20 de febrero del año pasado, y por importe de 2.135.948,60 euros llegó “procedente de la fianza depositada para el aseguramiento de responsabilidades civiles subsidiarias”, tramitadas en la causa del procés en el Supremo. Y el segundo ingreso, efectuado al día siguiente, provino de Foment Caixa Solidaritat, por la cantidad restante a la cifra reclamada por el Tribunal de Cuentas, es decir otros 2.010.327,37 euros.
La finalidad del informe, por tanto, es poner de manifiesto que los líderes independentistas han afianzado las cantidades que les han sido exigidas hasta ahora, mostrando así su disposición a atender a su presunta responsabilidad contable. En el proceso penal, el mal uso del dinero público, desviado de su finalidad en las arcas de la Administración autonómica, dio lugar a la apreciación del delito de malversación, en concurso medial con el de sedición, por lo que no fue objeto de condena por separado.
La posibilidad de acreditar esa voluntad de hacer frente a la responsabilidad contraída por el mal uso de dichos fondos permitirá que la Abogacía del Estado, en la medida en que circunscriba su papel a la defensa de los intereses de la Hacienda Pública, formule un informe de no oposición al indulto solicitado por los dirigentes del procés, una vez saldadas sus deudas con dichas instituciones. La intención de la Abogacía del Estado, según fuentes conocedoras de la preparación del informe, es establecer su posición en términos muy distintos a los empleados por la Fiscalía cuando llevó a cabo el mismo trámite, el pasado mes de diciembre, con un texto en el que defendía que el indulto no podía ser una “moneda de cambio de apoyos parlamentarios”.
El informe pedido por el Supremo se dirige a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas sobre las actuaciones previas u otros procedimientos de exigencia de responsabilidad contable que estén en tramitación con motivo de estos gastos. La solicitud de este informe incluye que se remita testimonio de las actas de liquidaciones provisionales, en particular la del 28 de enero de 2020, para acreditar si se ha procedido al depósito o afianzamiento de la cantidad de 4,1 millones de euros.
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