El Supremo se inclina por revocar la semilibertad de los presos del ‘procés’

El Tribunal Supremo se inclina por que los presos del procés sigan encarcelados sin disfrutar de la semilibertad de la que gozaron durante unos días el verano pasado. La Sala de lo Penal deliberó este jueves parte de los recursos presentados por la Fiscalía contra la concesión del tercer grado a los nueve condenados por sedición y los de estos contra su suspensión cautelar. El tribunal, según las fuentes consultadas, es partidario de revocar los cambios de grado. El Supremo valora, entre otras razones, que los presos han declarado públicamente que volverían a actuar como lo hicieron en el otoño de 2017.

La decisión sobre la semilibertad de los presos del procés está en manos de los mismos magistrados que juzgaron y sentenciaron el caso, con la excepción de Luciano Varela, ya jubilado. El tribunal está integrado por el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, que ejerce como ponente, y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Andrés Palomo, Antonio del Moral y Ana Ferrer.

Los magistrados tienen que revisar más de una treintena de recursos, ya que sobre cada uno de los nueve presos hay varios escritos: por una parte, las impugnaciones presentadas por el ministerio público contra el tercer grado que les concedió en julio la Generalitat, así como los recursos de los propios condenados contra la decisión de dos jueces de Vigilancia Penitenciaria de suspenderles la semilibertad mientras el alto tribunal decide si la confirma o la revoca. Además, los magistrados tienen que decidir sobre la otra vía abierta por el Gobierno catalán para flexibilizar el cumplimiento de la pena de los nueve presos: la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que les permitía salir de presión a diario para trabajar, hacer voluntariado o cuidar de familiares.

Durante la reunión celebrada este jueves, al tribunal solo le dio tiempo de revisar los recursos relativos a cuatro de los nueve presos y los magistrados se emplazaron para continuar la deliberación la semana que viene. Los autos sobre los casos resueltos aún no están listos (este jueves trabajaron sobre borradores) y la intención de la sala es notificar la próxima semana su decisión tanto sobre los cuatro casos ya analizados como sobre los que este jueves quedaron pendientes. El hecho de que, tras resolver sobre cuatro casos, el tribunal no ordenara la vuelta al tercer grado de ninguno de los presos, confirma que los magistrados han rechazado la opción de concederles la semilibertad y el futuro penitenciario de los nueve presos, condenados a penas de entre 9 y 13 años de cárcel, queda en manos del Supremo mientras el Gobierno tramita el indulto y debate la reforma del delito de sedición.

La decisión de anular el tercer grado, si se confirma para los nueve presos, solo tendría consecuencias prácticas para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell (condenada a 11 años y medio por sedición) y la exconsejera Dolors Bassa (12 años por sedición y malversación). Ellas fueron las únicas que se beneficiaron de las discrepancias de criterio existentes entre los juzgados de vigilancia penitenciaria sobre si la semilibertad de los presos del procés debía quedar en suspenso hasta que el Supremo la confirmara o anulara. Ambas han continuado acudiendo a la cárcel solo a dormir de lunes a jueves y pasando los fines de semana en sus casas, mientras los siete presos hombres, cuya cárcel depende de otro juzgado, volvieron a finales de julio al régimen ordinario de prisión. Forcadell y Bassa perderían ahora esa semilibertad si el Supremo revoca definitivamente la medida acordada por la Generalitat.

La suspensión del tercer grado y de la aplicación del 100.2 fue reclamada ante el Supremo por la Fiscalía, para la que la concesión de ambas medidas fue “prematura”. Según el ministerio público, al concederles la semilibertad, el Govern pretendió “alterar la decisión condenatoria de la sentencia”, una reflexión que ya suscribió el propio Supremo en julio pasado cuando revocó la aplicación del artículo 100.2 a Forcadell. El auto firmado por el tribunal para exponer esa decisión ya avanzaba algunos de los argumentos que, según las fuentes consultadas, reiterarán ahora los magistrados. Los jueces, entre otras razones, valoran la gravedad del delito cometido y de la pena impuesta, así como que los líderes independentistas se han mostrado dispuestos a volver a actuar como lo hicieron durante el otoño de 2017.

Desde que el juicio del ‘procés’ quedó visto para sentencia el 12 de junio de 2019, los presos independentistas no han realizado ninguna declaración de arrepentimiento y han recurrido varias veces a la expresión ‘ho tornarem a fer’ (lo volveremos a hacer), para recalcar su intención de conseguir la independencia de Cataluña sin renunciar a la vía unilateral. Aquel día, y durante el último turno de palabra, casi todos los encausados se reiteraron en su actuación. El más contundente fue el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. “¿Alguien se cree que alguna sentencia va a hacer que los catalanes dejen de luchar por su derecho a la autodeterminación? ‘Ho tornarem a fer’. Pacíficamente, pero con toda la determinación”, dijo al tribunal. Un mes después se presentó un libro de Cuixart que tomó por título esa misma expresión.

El 9 de noviembre de 2019, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, insistía en la misma idea desde Twitter: “Votamos el 9-N del 2014. Votamos el 1-O del 2017. Lo volveremos a hacer tantas veces como sea necesario. Votaremos y ganaremos definitivamente la república catalana justa y libre”, escribió. En diciembre de ese año, en un vídeo desde la cárcel, dijo estar “profundamente orgulloso de estar en la cárcel por haber puesto las urnas”, y añadió: “Lo volvería a hacer. Sé que lo volveremos a hacer, de hecho”.

TRES AÑOS DE SALIDAS E INGRESOS EN PRISIÓN

De los doce condenados en el juicio del procés en octubre de 2019, nueve recibieron penas de prisión: los exmiembros del Govern Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn y Dolors Bassa, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los activistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Esta ha sido su trayectoria en la cárcel:

• Entrada en la cárcel. Los exmiembros del Govern y los Jordis entraron en prisión (entonces preventiva) en noviembre de 2017, tras la fallida declaración de independencia. Forcadell ingresó en marzo de 2018.
• Primer beneficio el 100.2. En febrero de 2020, la Generalitat (con la oposición de la Fiscalía y el aval, en líneas generales, de los jueces de vigilancia penitenciaria) aplicó a los presos el artículo 100.2 del reglamento penitenciario: así, todos empezaron a salir diariamente de prisión durante unas horas para trabajar, cuidar de familiares o hacer voluntariado.
• Tercer grado y vuelta a la prisión. En julio, el Govern les concedió el tercer grado (semilibertad). Tras recurrir la Fiscalía la medida, el juez de vigilancia de Lledoners la dejó en suspenso, a la espera de que el Supremo se pronunciase. Por eso, los siete presos varones están de nuevo en prisión desde agosto. Forcadell y Bassa, por el contrario, siguen en semilibertad (solo duermen en la cárcel entre semana) porque el juez de vigilancia que les corresponde no suspendió su tercer grado.