A la habitual pregunta que intercambian los ciudadanos antes de unas elecciones presidenciales sobre a quién darán su apoyo, los ecuatorianos han normalizado en las últimas semanas una más preocupante: “¿Vas a ir a votar?”. El temor a salir contagiado después de la jornada electoral preocupa y el Consejo Nacional Electoral (CNE), organizador de los comicios, no ha parado de difundir durante toda la campaña unas recomendaciones de bioseguridad para reducir el riesgo de contraer la covid-19. Además de guardar el distanciamiento social, sugieren acudir solos a los colegios electorales, hacerlo por turnos y llevar un bolígrafo propio.
Más de 13 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas este domingo para elegir entre 16 candidatos a presidente y entre 17 listas nacionales para la Asamblea. En unas elecciones marcadas por la aún palpable influencia del expresidente Rafael Correa, a través de su candidato Andrés Arauz, casi el 83 % de los empadronados tiene la obligación de sufragar. Si no, serán multados a pagar 40 dólares, una cantidad significativa en un país donde el salario básico es de 400 dólares al mes y donde la informalidad laboral caracteriza a casi la mitad de los puestos de trabajo. Esa sanción quedará, además, pendiente para la segunda vuelta -la decisiva- en caso de que ninguno de los aspirantes al Palacio de Carondelet consiga la ventaja suficiente para ganar a la primera. Para los integrantes de las mesas electorales, que son más de 270.000 personas, la multa sube a 60 dólares. Pero hay quienes están dispuestos a pagar con tal de no exponerse al coronavirus, no solo al depositar la papeleta sino al movilizarse en transporte público.
“Tendremos una elección muy bien organizada que es lo que permite que no haya un aumento de contagios como ya se ha visto en otras convocatorias en otros países”, confía Luis Verdesoto, uno de los cinco miembros del ente rector electoral, recordando las elecciones de Bolivia y el plebiscito de Chile de octubre. “Hay riesgo sobre todo cuando existen agentes públicos y privados que fomentan el miedo de la gente. En el mundo no hay una correlación alta entre un proceso electoral bien organizado y el incremento del ausentismo”, insiste el consejero electoral.
En las últimas tres convocatorias electorales presidenciales -la primera y única vuelta de 2013, y las dos vueltas de 2017-, el porcentaje de quienes se abstuvieron de ir a votar se mantuvo entre el 17 % y el 18 %, los más bajos desde 1992. Con el fin de no incrementar el ausentismo, se ha dispuesto, además, una recomendación para ir a votar por turnos. Quienes tengan un número de cédula de identidad terminado en par, deberían hacerlo entre las seis de la mañana y el mediodía. Los impares, después, hasta el cierre de urnas a las cinco de la tarde.
Pese al recelo ciudadano, la autoridad electoral se ha negado, sin embargo, a postergar la convocatoria de elecciones o a alargar la jornada dos horas más para evitar aglomeraciones. Los municipios, detalla el CNE, se encargarán de mantener el orden en el exterior de los colegios, donde está prohibida toda venta de comida y actividades comerciales, así como la concurrencia de grupos de personas. También habrá multas. En el interior de los recintos electorales, serán las Fuerzas Armadas quienes deberán delimitar el aforo y hacer cumplir las restricciones.
Los más de 410.000 ecuatorianos que viven y votan fuera del país, tendrán, no obstante, dificultades adicionales para ejercer el derecho al sufragio. En torno a 12.000 de ellos residen en territorios en donde no hay garantías de poder celebrar las elecciones, la mayoría de ellos, en Venezuela, por “dificultades en la asignación de recursos”, según explicó al diario local El Universo, Enrique Pita, otro de los cinco miembros de la autoridad electoral. Panamá no autoriza tampoco la jornada electoral del domingo al regir toque de queda ese día, en Nicaragua no se ha dado luz verde ni en Perú, donde se decretó estado de emergencia hasta el 14 de febrero. “Tenemos serios problemas en el exterior”, reconoce Pita.
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