El Tesoro ha anunciado este lunes que en 2022 llevará a cabo una emisión neta total de deuda de 75.000 millones de euros, prácticamente la misma cifra que el año pasado, cuando ascendió a 75.138 millones. Eso quiere decir que el pasivo del Estado aumentará en esa cantidad, aunque si se repite el guion puede haber cambios durante el transcurso del año: de los 100.000 millones que iba a pedir a los mercados en 2021, España renunció a emitir 25.000 millones gracias a la llegada de fondos europeos y la mejora de la recaudación tributaria. El secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos Cuerpo, ha insistido en que la estrategia del organismo se guia por la “prudencia”, un modo de decir que prefieren pasarse en las estimaciones —y luego retirar del calendario alguna emisión— a quedarse cortos.
Pese a que la recuperación del empleo previo a la pandemia es un hecho, el crecimiento proyectado es fuerte, y los pagos de Bruselas continuarán, la salida de la crisis sigue presionando las cuentas públicas con endeudamientos muy superiores a los ejecutados en el último lustro, si bien lo peor parece haber quedado atrás: las necesidades están por muy debajo de los 110.000 millones de endeudamiento neto de 2020, el año de las mayores restricciones.
El Gobierno ha pergeñado para 2022 los Presupuestos más expansivos de la historia, y apoyará ese potente gasto, con el que pretende dar nuevos bríos a la recuperación, en tres patas: las emisiones de deuda, los fondos europeos —para este año los Presupuestos prevén unos ingresos de 20.225 millones de euros provenientes del programa Next Generation y 27.633 millones de euros de gastos financiados con este instrumento—, y unos ingresos fiscales récord que han sorprendido favorablemente y pueden haber cerrado el año creciendo el doble que la economía. Mientras que el PIB nominal, que incluye la inflación, avanza un 6,3% hasta septiembre, la recaudación ha aumentado un 14% hasta noviembre.
La emisión bruta de deuda, aquella que incluye los vencimientos de títulos que se refinancian, ascenderá a 237.498 millones en 2022, un 10% menos por el descenso de las amortizaciones, aunque ese dato ha perdido relevancia en los últimos años debido a las compras masivas de deuda efectuadas por el Banco Central Europeo (BCE), que ha rebajado los costes de emisión a niveles impensables hace poco: los intereses de la deuda nueva fueron del 0,23% en 2019, del 0,18% en 2020 y negativos (-0,04%) en 2021, cuando por primera vez España cobró de los inversores por endeudarse. Recibió concretamente 100 millones a cambio de tomar prestado 265.000 millones, gracias a que el 60% de las emisiones se colocaron con tipos negativos.
La entrada en circulación de deuda nueva más barata ha reducido también los intereses medios de todo el montante que debe España, dejándolos en el 1,65%, mínimo histórico, y reduciendo la factura de los últimos doce meses en 1.281 millones respecto a 2020. El Tesoro cree que la inercia positiva puede continuar, al beneficiarse del fin de los cupones emitidos a un alto interés en la Gran Recesión. “Se puede esperar una tendencia a la baja del coste de la deuda en circulación incluso si se produjera cierto repunte de tipos, a medida que los bonos con cupones altos emitidos durante la pasada crisis financiera se amortizan y son sustituidos por bonos con cupones más bajos emitidos en la actualidad”, sostiene el documento que recoge su estrategia de financiación.
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España ha aprovechado los vientos favorables de la política monetaria para alargar a ocho años la vida media de la deuda en circulación —no ha dejado de subir desde 2013, cuando era de 6,2 años—, lo cual le otorga más margen de reacción. Y la financiación del Estado se complementó con la llegada de 11.296 millones en cuatro desembolsos procedentes del instrumento europeo SURE, concebido para financiar los expedientes temporales de regulación de empleo. Entre 2020 y 2021, España ha recibido 21.275 millones de dichos préstamos, el segundo mayor beneficiario de la UE tras Italia. Sus condiciones son muy favorables: la vida media asciende a 14,74 años, y se han obtenido a un tipo inferior al que se financia el Tesoro, permitiendo un ahorro financiero estimado de más de 1.650 millones.
Esos recursos para sufragar los ERTE ya se han agotado, pero como ha explicado Carlos Cuerpo, España está preparándose para pedir a Bruselas por primera vez la parte de préstamos reembolsables del fondo de recuperación. “Ya estamos trabajando en la elaboración de una adenda al plan original para realizar la petición del tramo de préstamos”, ha señalado. El plazo para solicitarlos acaba en el verano de 2023, pero el Ejecutivo, que ha ido por delante en la UE en la recepción de las subvenciones, está ya enfrascado en diseñar el documento, y aunque la posible llegada de esos fondos no se recoge en la estrategia de financiación, cualquier novedad la incorporaría después.
El dato del tercer trimestre de 2021 publicado por el Banco de España sitúa la deuda pública en 1,43 billones de euros, el 122,1% del PIB, pero a falta de conocer los números definitivos, las previsiones del Gobierno calculan que cerrará en el 119,5%. Pese a los 75.000 millones de emisiones de deuda neta previstos para 2022 —205 millones al día de media— el Ejecutivo espera que al acabar el año el nivel baje al 115,1% del PIB, un descenso que se explicaría por el esperado repunte de la economía, que reduciría el porcentaje de deuda aunque esta aumente en términos absolutos. Los inversores internacionales poseen ahora mismo el 44% del total.
El Tesoro Público celebró el pasado miércoles la primera subasta del año, con una tónica similar a la del pasado. Colocó 5.680 millones de euros en bonos y obligaciones manteniendo el tipo negativo a tres años y remunerando algo más la deuda a 15 años. El apetito de los inversores por la deuda española siguió alto: la demanda fue de 9.400 millones, muy por encima de lo adjudicado. Y el Tesoro confía en que esa sea la tendencia en las 48 subastas que prevé realizar, la mayoría concentradas en la primera mitad del ejercicio.
El año presenta, no obstante, varias incertidumbres. El BCE pondrá fin en marzo a su programa de compra de deuda vinculado a la pandemia (PEPP, por sus siglas en inglés), que dotó con 1,85 billones de euros, aunque elevará la munición de su programa tradicional. La prima de riesgo se mantuvo a raya en 2021 por debajo de los 80 puntos básicos, y el Gobierno espera que no haya sobresaltos y que el movimiento de Fráncfort ya haya sido descontado por los inversores.
España también estará muy pendiente del resultado del debate europeo sobre la reforma de las reglas fiscales, que la pandemia ha dejado desfasadas. El Gobierno español aboga en Bruselas por fijar una meta fiscal a medio plazo que no “mate” el crecimiento, y trata de impedir que se acuerde un ajuste abrupto que podría resultar prematuro para la economía en pleno avance de la variante ómicron. Las reglas fiscales, actualmente suspendidas por el impacto de la pandemia, exigen que el déficit público de los países miembros no sobrepase el 3% del producto interior bruto y la deuda no vaya más allá del 60%, en torno a la mitad de lo que España debe.
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