Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica, en una imagen de abril de 2022.Getty Images
El Gobierno de Rodrigo Chaves en Costa Rica supera sus simbólicos 100 días con niveles inéditos de aprobación popular al presidente que ha supuesto una sacudida al tradicional sistema político del país donde hace excepción la recurrente inestabilidad de Centroamérica. El entusiasmo por un cambio radical en las dinámicas de poder, por el discurso anticorrupción y los mensajes antiélites colocan al economista de 61 años en la cúspide de la popularidad, con un 79%, a pesar de un duro entorno económico y de la preocupación de un sector de la población por el talante presidencial señalado como autoritario.
El arrastre popular en el inicio del mandato de Chaves, que aterrizó en la política hace menos de tres años por una cadena de casualidades y coincidencias, supone “una prueba de estrés” para la casi inalterable democracia costarricense, que aloja un pulso entre el deseo mayoritario de un volantazo y el respaldo también mayoritario a las reglas propias de un Estado de Derecho, según el último sondeo del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Con un estilo centrado en su personalidad cáustica y un desdén consciente a lo políticamente correcto, Chaves obtiene porcentajes de apoyo incluso mayores que los de la votación a su favor en la segunda ronda de abril, cuando le votó el 30% del padrón nacional, suficiente para vencer al expresidente José María Figueres. Solo uno de cada 10 encuestados reprueba al mandatario al que la mayoría miró desde la campaña electoral como un duro castigador de los partidos tradicionales, al frente de un partido de ideología borrosa que apenas debutó en estas elecciones de 2022.
El mandatario ha logrado crear un clima favorable mediante una potente estrategia de comunicación digital para promocionar a su Gobierno, con anuncios que copan la agenda de los medios de comunicación y mensajes que a menudo reprueban en la verificación de datos. Lo hace colocándose él como centro de acción en sus inéditos enfrentamientos con la prensa y con expresidentes, críticas abiertas al Poder Judicial y a funcionarios de las instituciones o numerosas alusiones a los “grupitos poderosos”, pese que goza del entusiasta apoyo de la mayoría de cámaras empresariales tradicionales del país. El tono agresivo de la campaña electoral sigue siendo útil para mantener o ganar el respaldo de cada día en medio de la alta preocupación popular por el costo de la vida, con una inflación que a mitad de año alcanzó 11,5% interanual, y de las advertencias de expertos de un probable incremento de la pobreza en este 2022, encima del 24% actual.
Apuros y esperanza
“La gente lo oye hablar y sí cree que es un hombre valiente que va a cambiar las cosas. Va a ver usted como pronto baja el precio del arroz”, decía el viernes Alexánder Salas, dueño de una pequeña tienda de comestibles en Purral, un distrito populoso al norte de San José que Chaves suele mencionar cuando quiere empatizar con la población que no llega a fin de quincena. Como Salas, el 74% de la población opina que Chaves podrá resolver total o parcialmente problemas como el costo de la vida, el desempleo (12% en general, 15,4% entre mujeres) e incluso el deterioro de la seguridad, indica el estudio del CIEP, coincidente con otras encuestas en las tendencias que benefician al gobierno.
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Si no pudiera tener éxito, ya hay posibles culpables en la mira, pues nueve de cada 10 personas creen que Chaves topa con el obstáculo de la Asamblea Legislativa, donde el 82% de los escaños está en manos de fuerzas opositoras que mayoritariamente han evitado la confrontación con Chaves. “En las calles llevamos las de perder, tenemos que ser cautos”, se justificaba una diputada pidiendo no citar su nombre y advirtiendo que vendrá el momento de plantar cara, en asuntos como la autorización de colocación de deuda externa por 6.000 millones de dólares para procurar estabilidad fiscal. “Él quiere confrontar porque en eso es bueno y le da resultados a corto plazo; nosotros no queremos entrar en esa polarización, pero tampoco queremos quedar como pendejos (cobardes)”, lamentaba otro diputado.
Resultado del apoyo a Chaves, de la erosión de la imagen de los poderes legislativo y judicial, además de la existencia de una dosis de autoritarismo en la sociedad, como señalaron investigadores del CIEP, el 22% de los encuestados vería bien que el Gobierno desobedezca las leyes que lo obstaculicen y 37% opina que debería desobedecer las sentencias judiciales, porcentaje que sube a 46% si se consideran solo las personas que votaron en abril por el actual presidente. Estas cifras, sin embargo, contrastan con un incremento en el Índice de apoyo a la democracia, que sube de 6 a 7 en este año e indica que, para la mayoría, el apoyo a Chaves no representa un “cheque en blanco” para la ruptura de las reglas democráticas, explicó Ronald Alfaro, coordinador del estudio.
Porque ese es el temor de un grupo en apariencia minoritario: que Costa Rica se deslice por el camino de otros países de la región que han entregado carta blanca a sus presidentes para gobernar por decreto o por referendos polarizantes, abrir vías de facto en contra de las institucionales o acallar a los disidentes. Chaves, sin embargo, se autodefine como un demócrata y las condiciones políticas aún vigentes le impedirían desempeñarse como Nayib Bukele en El Salvador, por ejemplo, indicó Alfaro.
A Chaves también lo salpica una investigación penal por supuesta financiación ilegal de su campaña electoral, tras presuntas anomalías detectadas por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y denuncias que particulares presentaron contra el gobernante y otras autoridades de su Partido Progreso Social Democrático (PPSD), incluido el actual vicepresidente, Stephan Brunner, quien fungió como tesorero de la agrupación y, por tanto, responsable legal ante la justicia, con eventuales penas de prisión. Se trata de señalamientos por estructuras privadas paralelas a las cuentas formales del partido, de dineros que habrían llegado de manos de extranjeros o de sociedades anónimas, formatos expresamente prohibidos por la ley.
“Que se investigue todo lo relacionado con el financiamiento de las campañas políticas, ojalá de todos los partidos. Tengo la conciencia tan tranquila que duermo muy bien todas las noches”, dijo Chaves el viernes después de que circulara en redes sociales un audio privado en el que Brunner le comunicaba a él detalles controvertidos del manejo del financiamiento electoral. El enfrentamiento quedó servido para el fin de semana y hasta que aparezca un nuevo tema o dé un giro el caso, con el enojo de sectores críticos de Chaves y la defensa masiva de quienes le apoyan, mientras diputados opositores miden el terreno y los riesgos para la apertura de una investigación de tipo político en el Congreso.
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