Alexéi Navalni sonreía desde un enorme mural en el centro de San Petersburgo. El miércoles, la ciudad amaneció con el enorme retrato del opositor formando un corazón con las manos y el lema “un héroe para un tiempo nuevo” pintado en la pared de una casa baja. A las nueve de la mañana, el mural ya había sido rodeado por la policía. En 90 minutos, eficientes como nunca, un equipo de trabajadores municipales había cubierto la obra con opaca pintura amarilla. No quedó ni rastro de la imagen del opositor. Como con el mural, las autoridades rusas han intensificado su ofensiva contra la disidencia. El Kremlin ha pasado de las medidas represivas habituales contra el movimiento de oposición real más prominente al Gobierno de Vladímir Putin a emplear severas maniobras para fulminar cualquier elemento vinculado a Navalni, el crítico más feroz contra el presidente ruso, que sobrevivió a un envenenamiento tras el que se aprecia la mano del Kremlin.
Cuarentena y vigilancia extrema para Alexéi Navalni en una de las colonias penales más severas de Rusia
Ahora, con el destacado opositor en prisión por un caso antiguo que denuncia como fabricado y reactivado para sacarle de la circulación, las autoridades juzgan por “extremismo” a su movimiento político y a la Fundación Anticorrupción (FBK) que tanta resonancia le ha dado en la última década. El golpe es duro, y su equipo se ha visto obligado ya a cerrar esta semana la red de oficinas que había logrado tejer en más de 40 provincias rusas y a anunciar su disolución, acorralado por la justicia, que ya había congelado sus cuentas o prohibido toda comunicación o participación social como miembros de la red. Es el fin de una era. También, apunta el analista político Abbas Gallyamov, antiguo escritor de discursos para Putin, “un claro mensaje a otros movimientos de oposición”, que sin embargo han demostrado hasta ahora conocer la lección y mantienen un perfil bajo.
Los aliados del opositor analizan ahora los mecanismos para sobrevivir a los embates del Kremlin, los más agresivos contra la oposición en los últimos años. A nadie le cabe duda de que el proceso judicial por “extremismo”, que se celebra estos días a puerta cerrada en un tribunal de Moscú con pruebas declaradas secretas y que aboca a la total ilegalización, acabará en condena, apunta por teléfono la abogada Liubov Sobol, número dos de Navalni. Algunos analistas creen que el movimiento se verá abocado a la clandestinidad. Y, de hecho, varios de sus principales partidarios, algunos procesados, han salido del país en los últimos meses y nutren las investigaciones anticorrupción de la FBK desde fuera de Rusia. No obstante, la estrategia, ahora que el grupo ha tenido que desmantelar oficialmente su red, es actuar de manera individual. Persona a persona. Gota a gota.
En realidad, Navalni nunca logró registrar un partido político. Y Sobol, uno de los rostros más conocidos del equipo del político, ya planeaba postularse a candidata como independiente en las elecciones parlamentarias de este otoño. Si es que se lo permiten: la opositora tiene innumerables causas abiertas y un par de condenas por su papel en la fundación anticorrupción y su participación política; ya fue vetada antes. “Ya no soy abogada de FBK, pero no dejaré de decir la verdad, no dejaré de investigar la corrupción por mi cuenta, ni de tratar de participar en las elecciones”, señala Sobol, que destaca que los motivos que la empujaron a la movilización —”la corrupción lacerante, el inmovilismo político antinatural, la falta de libertad”— no han desaparecido. Y como ella, predijo esta semana Leonid Volkov, el principal estratega de Navalni, muchos de los 250 empleados del movimiento continuarán su activismo de otra forma. “Sembramos semillas de libertad en toda Rusia. Brotarán y crecerán”, remarcó.
Durante una década, Navalni ha logrado construir una dinámica maquinaria opositora en el panorama de democracia controlada de Rusia. En el país euroasiático (145 millones de habitantes) hay partidos políticos formalmente en la oposición y con asiento parlamentario, como el Partido Comunista o el ultranacionalista Partido Liberal Democrático, pero se consideran “oposición sistémica”, porque respaldan a Putin y casi todas sus políticas a nivel nacional. Carismático, populista, nacionalista, con un lenguaje cargado de ironía y humor –también polémicos comentarios xenófobos hace dos décadas de los que nunca ha renegado— y un habilísimo uso de las redes sociales y la plataforma de video YouTube para divulgar las investigaciones sobre corrupción de su fundación, Navalni logró sacar a la oposición rusa real de la marginación y se ha convertido en el enemigo más visible de Putin, al que, de forma inaudita, ha apuntado directamente.
Con la resonancia de la fundación y el empuje de escándalos de oligarcas o fiscales generales, o el publicado en 2017 sobre los bienes de Dmitri Medvedev, entonces primer ministro, o, más recientemente, sobre el supuesto palacio multimillonario en el mar Negro de Putin, el opositor creó una potente y novedosa red regional de sedes de campaña para tratar de postularse como candidato a la presidencia en 2018 y medirse a Putin. Como es habitual, fue vetado, pero su red de oficinas, desde Vladivostok, en el Lejano Oriente ruso, a Kaliningrado, el enclave ruso entre Lituania y Polonia, pervivió y se hizo fuerte con investigaciones sobre funcionarios locales y un activismo regional que proporcionó a los aliados del opositor victorias (como independientes) en las elecciones regionales y municipales del año pasado en ciudades como Tomsk o Novosibirsk. Lo consiguió sobre todo gracias a la iniciativa “voto inteligente”, que analiza y apoya a los candidatos (de todos los partidos) con más posibilidades de vencer a Rusia Unida, el partido respaldado por el Kremlin.
Durante muchos años, el Kremlin les había dejado algo de aire. Reprimió al movimiento con arrestos y causas penales, pero se abstuvo de erradicarlo por completo. Hasta ahora. El presidente ruso ha perdido popularidad, pero sigue teniendo un índice de aprobación de en torno a un 60%, algo impensable para los estándares occidentales. Y en una sociedad mayoritariamente temerosa de los cambios, el 56% desconfía de Navalni, según una encuesta reciente del centro Levada, el único independiente del país. Pero Rusia Unida no es Putin y el partido, que ahora cuenta con apenas el 30% de intención de voto, está muy tocado. Algo que inquieta profundamente al Kremlin de cara a las parlamentarias de septiembre. De ese “miedo a perder”, cree Liubov Sobol, derivan los últimos golpes al movimiento de Navalni.
Precisamente contra Rusia Unida ha construido su candidatura Serguéi Ujov, antiguo coordinador de la sede de Navalni en Perm (una ciudad cerca de los Urales de un millón de habitantes). El hostigamiento de las autoridades se volvió todavía más intenso allí y en otras provincias desde enero, cuando el arresto de Navalni, nada más regresar a Rusia desde Alemania, donde se recuperó del envenenamiento que Occidente vincula con el Kremlin, provocó las protestas más multitudinarias en una década en toda Rusia. Así que ya hace semanas que tuvo que cerrar la oficina. Ahora el equipo está disuelto, pero Ujov y otros siete candidatos independientes a diputados han formado una coalición para tratar de desbancar al partido del Gobierno en las elecciones de otoño. Ese, explica, es el principal lema electoral de un programa que plantea problemas regionales: carencia de escuelas infantiles, colegios abarrotados, la necesidad de renovar el hospital, construido a principios del siglo XX. “Por supuesto tengo miedo [a la represión], pero tengo aún más miedo de que nuestra ciudad se marchite cada vez más”, apunta.
Los cargos por “extremismo” contra las organizaciones de Navalni son muy serios, remarca el prestigioso abogado Iván Pavlov, líder de la organización de derechos humanos Equipo 29 y uno de los letrados que lleva el caso de la red Navalni. La fiscalía sostiene que representan un riesgo para la seguridad del Estado. Les acusan de distribuir material “extremista”, de llamadas a “disturbios masivos y a la participación en actividades públicas no autorizadas”, porque Rusia reprime y prohíbe las protestas. También, de ser una “organización extremista” disfrazada de movimiento político y de querer “cambiar los cimientos del orden constitucional”.
El concepto de organización extremista (un escalón más abajo que terrorista, como Al Qaeda) se ha convertido en una etiqueta que se emplea para perseguir, por ejemplo, a movimientos religiosos, como los Testigos de Jehová, explicaba Pavlov. Sus miembros, donantes o simpatizantes se pueden enfrentar a cuantiosísimas multas y hasta a seis años de cárcel. “El objetivo del régimen político es reprimir las actividades de personas específicas, sembrar el miedo y hacer que abandonen esa actitud”, señalaba Pavlov el jueves por la noche en un correo electrónico. El viernes por la mañana, el abogado fue arrestado acusado de revelar detalles de una investigación policial no relacionada con Navalni, pero solo cuatro días después de asumir la defensa del equipo del opositor.
Esta misma semana, Andrei Borovikov, antiguo coordinador de la sede de Navalni en Arjangelsk, fue condenado a dos años y medio de cárcel por publicar en 2014 en una red social rusa un videoclip de la banda alemana de metal Rammstein, que la justicia consideró como “distribución de pornografía”.
El futuro político de los aliados de Navalni apunta muy tormentoso. Sin embargo, opina el analista Abbas Gallyamov, aunque la red se paralice, los sentimientos de protesta no solo no se apagarán sino que se acelerarán. “El líder está en prisión, la organización ha sido aplastada, pero el descontento y el declive de popularidad de las autoridades y del régimen van en aumento. Navalni se ha convertido en cierta manera en un símbolo de todo eso, y es complicado destruir un símbolo”, señala. Con la red Navalni desmantelada, apunta Gallyamov, se añade otro ingrediente que puede jugar contra el Kremlin: “Antes estaba claro donde estallaría la protesta, ahora todo será más impredecible”.
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