Cada ocho minutos muere en España una persona que está esperando por alguno de los trámites de la ley de dependencia. De enero a junio se registraron 32.035 decesos entre quienes tenían reconocido el derecho a recibir una prestación o servicio y quienes aguardaban a ser valorados para saber si pueden optar a ello. De media, son 176 fallecimientos al día “en el laberinto burocrático de la ley”, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que analiza datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales. No quiere decir que fallecieran por no haber sido atendidos, pero sí que muchos lo hicieron sin recibir una asistencia a la que tenían derecho.
Actualmente hay 392.526 personas a la espera de algún procedimiento de esta ley. La asociación critica que están “abandonadas” y considera que el “escudo social” del Gobierno “no protege” a quienes están en situación de dependencia. José Manuel Ramírez, su presidente, reprocha que el Ministerio de Derechos Sociales no haya “incrementado ni en un solo euro” la financiación en este ámbito y reclama “medidas urgentes” al Ejecutivo y una agilización y simplificación de los trámites a las comunidades autónomas, competentes en la gestión de la dependencia.
La asociación analiza, por un lado, los datos oficiales del sistema de la dependencia de enero a junio. Más de 1,1 millones de ciudadanos están atendidos. Reciben una prestación o servicio porque, en mayor o menor grado, necesitan asistencia en las labores de su vida diaria. La gran mayoría ha superado los 65 años. La mitad es ya octogenario.
En estos seis meses han fallecido en España cerca de 130.000 personas beneficiarias o a la espera de algún trámite de la ley. De ellas, 97.944 sí estaban atendidas con alguna prestación económica o servicio, como un centro de día o ayuda a domicilio, por ejemplo. La organización estima que cerca de la mitad (más de 46.500) vivía en residencias, bien en una plaza pública o a través de lo que se conoce como prestación económica vinculada al servicio (el dependiente recibe un dinero con el que paga parte de la plaza y el resto la abona de su bolsillo).
Sobremortalidad
Por otro lado, la asociación se hace eco del estudio de sobremortalidad en la dependencia que realiza el Ministerio de Derechos Sociales para marzo, abril y mayo, a partir del cruce de los datos del propio sistema con los del Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Justicia. Son los tres meses en los que la pandemia golpeó más duro. En este tiempo, las 29.795 personas que murieron en una residencia por cualquier causa (o en una plaza pública o con prestación vinculada al servicio) suponen una sobremortalidad del 151%. Es decir, que fallecieron 17.922 personas más de lo esperado para ese periodo, según la media desde 2017.
Se desconoce cuántas de estas muertes estaban directa o indirectamente asociadas a la covid-19, pero los datos constatan la vulnerabilidad de esta población. De todas las personas que recibían alguna prestación o servicio a través de esta ley y fallecieron durante estos tres meses (57.469), quienes vivían en residencias eran más de la mitad.
El estudio analiza la sobremortalidad en la dependencia a través de dos parámetros. Por un lado, calcula el exceso de muertes de las personas que estaban siendo atendidas. En este caso, fue más de 25.000 decesos más de lo esperado para estos tres meses. Un aumento del 80%. Por otro lado, calcula el exceso de fallecimientos respecto a quienes habían solicitado una ayuda (también incluye a los que estaban en lista de espera): la cifra de decesos fue de más de 81.000 y la sobremortalidad, de más de 31.000 personas respecto a lo esperado para este periodo. Representa un incremento del 61%. Por ponerlo en contexto, el exceso de muertes para el conjunto del país entre el 13 de marzo y el 22 de mayo fue de 43.938, según el último estudio de sobremortalidad del Sistema de Monitorización de Muertes, del Instituto de Salud Carlos III de Madrid.
La Asociación de Directoras y Gerentes calcula que el 4,4% de todos los solicitantes de la ley fallecieron en estos tres meses; un porcentaje que sube al 5,2% si se tiene en cuenta solo a los que sí estaban siendo atendidos, y que escala al 12,3% entre aquellas personas reconocidas como dependientes y que vivían en una residencia gracias a alguna prestación obtenida a través de la ley (en Madrid fueron un 22%, frente al 4,3% de La Rioja).
El exceso de mortalidad entre los beneficiarios fue mucho mayor en abril (137%) que en marzo (68%) y en mayo (37%). Y hay una gran diferencia entre comunidades. La mayor tasa se registró en Madrid (196%, con 7.307 fallecidos más de lo esperado), seguida de Castilla-La Mancha (174%, con 3.060 muertes más) y Cataluña (119%, con 6.162 decesos más de los previstos). Las autonomías con menores tasas fueron Murcia (16%, con 150 muertes más), Andalucía (21%, 1.186 fallecidos más) y Asturias (26%, con 2017 decesos más).
“Lejos de nuevos discursos, fotos e intenciones, son precisas medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables de nuestro país”, considera Ramírez, quien reclama que, “sin esperar” a los Presupuestos, el Gobierno inyecte financiación a la dependencia. Además reclama a las autonomías que apliquen medidas para “suspender y flexibilizar el servicio” sin necesidad de que se inicie un nuevo procedimiento.
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