Nuevo revés contra la agencia de fronteras de la Unión Europea. El Tribunal de Cuentas Europeo ha publicado este lunes un durísimo informe sobre Frontex en el que alerta del riesgo de colapso de una institución a la que describe como “no suficientemente eficaz” en la lucha contra la inmigración ilegal y la delincuencia transfronteriza. El tribunal considera la situación “especialmente preocupante” dado el papel prominente que el organismo con sede en Varsovia está llamado a desempeñar en los próximos años.
El severo análisis advierte de una agencia en rápido proceso de expansión, y que seguirá creciendo hasta convertirse en 2027 en la mayor del bloque comunitario en términos de personal y presupuesto, pero cuyos cimientos endebles y muros llenos de agujeros hacen tambalear su propia arquitectura. El auditor de la UE concluye que Frontex no ha sido capaz de “cumplir con las expectativas” depositadas en ella por parte de Bruselas y los Estados miembros.
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El documento, de más de 80 páginas, constata diversas amenazas al correcto desempeño del mandato encomendado a la institución, desde “lagunas e incoherencias” en el sistema de intercambio de información con las capitales, lo cual “merma su capacidad para vigilar las fronteras exteriores”, a la falta de un análisis interno completo y riguroso de sus costes y del impacto de sus actividades, pasando por el desarrollo insuficiente de las operaciones conjuntas para combatir el crimen transfronterizo.
“Frontex no está lista para desempeñar sus funciones”, ha llegado a afirmar Leo Brincat, miembro del Tribunal y director de la auditoría, en una comparecencia virtual celebrada este lunes en la que ha expresado con rotundidad que la agencia ha de enfrentarse de forma urgente a sus carencias. “A menudo Frontex es su peor enemigo”, ha asegurado. “No estamos diciendo que desaparezca”, ha añadido. “Creo que Frontex debe abordar sus problemas lo antes posible por su propio bien”.
La agencia de fronteras europea, creada en 2004 como una respuesta al nacimiento del espacio Schengen, que derribó los muros interiores de la UE pero puso el foco sobre la linde exterior del bloque, ha ido ganando peso con los años, especialmente desde la llamada crisis de refugiados de 2015, cuando entraron más de un millón de personas en busca de acogida en territorio comunitario.
Las últimas reformas del organismo, de 2016 y 2019, han sentado las bases para crear un verdadero cuerpo policial europeo de fronteras. Frontex ha pasado de manejar un presupuesto de 19 millones de euros en 2006 a 460 millones de euros en 2020, y se espera que alcance los 900 millones en los próximos años. De aquí a 2027, la agencia tiene previsto la contratación, formación y despliegue de hasta 10.000 efectivos, a años luz de los 45 con los que contaba en 2004. Será la primera fuerza armada de la UE.
El informe destaca que Frontex no ha cumplido plenamente el mandato que se le encomendó en 2016 y también cuestionan su capacidad para desempeñar eficazmente la nueva función operativa que se le ha asignado desde 2019.
El tirón de orejas del Tribunal de Cuentas llega en un momento crítico para una institución que lleva meses siendo cuestionada por presuntas violaciones de los derechos humanos y devoluciones en caliente en misiones bajo su mandato y con su conocimiento. La Comisión Europea ha llegado a acusar al director ejecutivo del organismo, el francés Fabrice Leggeri, de ocultar y tergiversar información. El Parlamento Europeo lleva meses indagando posibles irregularidades cometidas por la agencia a través de un grupo de escrutinio. El comité directivo de Frontex también emitió en marzo un duro informe en el que consideraba que varios incidentes ocurridos en la frontera entre Grecia y Turquía aún no han sido aclarados convenientemente, y criticaba las deficiencias del sistema de informe y seguimiento de este tipo de sucesos. Hasta la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) ha abierto una investigación sobre la agencia.
El informe del Tribunal de Cuentas no se adentra en las denominadas “operaciones de retorno”, por lo que estas posibles vulneraciones de los derechos humanos quedan fuera de la lupa del auditor. Pero las carencias detectadas en las otras cuatro actividades principales de Frontex –seguimiento de la situación, análisis de riesgos, evaluación de la vulnerabilidad y respuesta operativa, que representan casi dos tercios de los costes operativos de la agencia– sí han contribuido a los sucesivos traspiés, a juicio del tribunal. “Estoy seguro de que si Frontex hubiera evitado, prevenido y anticipado estos problemas cubriendo estas lagunas de información desde el principio, sin duda se habrían enfrentado a muchas menos críticas”, ha asegurado el director del informe, que considera que era “imperativo” haber tomado medidas cuando se concibieron los diferentes planes de expansión del organismo.
Al contrario, según censura el informe, la última evaluación externa de Frontex se remonta a 2015. Y la ambiciosa reforma de la agencia aprobada en 2019, de un enorme calado político por las implicaciones del despliegue de miles de efectivos de una nueva policía europea armada en los confines, se introdujo sin ni siquiera haberse realizado una evaluación previa de su impacto. El tribunal de cuentas también denuncia que el organismo no facilita información sobre el coste real de sus operaciones conjuntas, sino que únicamente presenta estimaciones que, una vez pasado el tiempo debido, jamás llega a concretar. Y dibuja un sistema de envío de información por parte de los Estados miembro propio de los reinos de taifas: poco coherente, con diversidad de criterio, y que a menudo llega demasiado tarde como para ser relevante.
El Tribunal de Cuentas también ha constatado una creciente ola de recelos de los países ante la agencia. “Los Estados miembro no solo sienten que no se les está dando suficiente apoyo por parte de Frontex, sino que además está drenando sus recursos”, ha afirmado Leo Brincat. Las capitales, según ha explicado el responsable de la auditoría, perciben que no les llegan nuevos recursos, que han de soportar nuevas cargas y, al mismo tiempo, temen una fuga de sus efectivos: hay muchas posibilidades de que algunos de sus mejores uniformados se sientan atraídos por las condiciones del nuevo cuerpo de fronteras.
El informe recomienda tanto a Frontex como al Ejecutivo comunitario reforzar el marco de intercambio de información, poner a punto el llamado mapa de situación europeo, para que pueda ofrecer de forma efectiva datos en tiempo real, limar las asperezas constatadas en la transmisión de datos entre las distintas bases de datos nacionales y europeas, llevar a cabo ejercicios anuales de intervención rápida para mejorar la respuesta operativa y “afrontar los retos” que plantea el nuevo mandato aprobado en 2019, evaluando sus vulnerabilidades y creando mayor transparencia interna. “Nosotros, como guardianes del presupuesto de la UE, queremos que Frontex maximice el impacto de sus costes”, ha zanjado Brincat. Tanto la Comisión como la agencia de fronteras han asumido que las críticas son correctas y, en sus respuestas al Tribunal de Cuentas, incluidas como anexo al informe, aceptan sus recomendaciones, que deberán acometer entre 2021 y 2022.
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