El Tribunal de Cuentas ha excluido a ocho personas, entre ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat, de la lista de investigados por supuesta responsabilidad contable en relación con los gastos que la Administración catalana dedicó a la promoción internacional de los proyectos independentistas entre 2011 y 2017. Han sido exonerados de dicha responsabilidad por la delegada instructora los exconsejeros de Presidencia Neus Munté y Jordi Turull, además de cuatro interventores delegados y otro funcionario. Estas personas figuraban en el listado provisional de 42 personas investigadas distribuido por el tribunal este martes.
En la lista definitiva de las personas que siguen afectadas por el expediente se mantienen los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, así como el exvicepresidente Oriol Junqueras y otros diversos cargos de la administración autonómica y las delegaciones que la Generalitat abrió en el extranjero. A todos ellos se les reclama en distintas proporciones que hagan frente al aseguramiento de 5.422.411,10 euros, de los que 5.150.711,09 euros corresponden al principal de los daños ocasionados a los fondos públicos y 271.700,01 euros a los intereses provisionales devengados desde la fecha de aprobación del Informe de fiscalización aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas (28 de marzo de 2019) hasta la actual fecha del acta de liquidación.
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La delegada instructora ha exonerado a Neus Munté y a Jordi Turull, consejeros de Presidencia desde el 15 de enero de 2016 hasta el 14 de julio de 2017 y de 14 de julio a 27 de octubre de 2017, respectivamente, al no ser competente en materia de acción exterior el Departamento de Presidencia del que ambos fueron titulares, tras la creación en enero de 2016 del Departamento de Asuntos Exteriores, Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia (DAERIT). También ha exonerado a Javier Acín Biota, Francesc Cubell Creus, Jordi Serra Catalán, Virginia Astigarraga Pallarés y Pau Villoria Sistach, todos ellos interventores delegados, así como a Juan Prat Coll, en virtud de las alegaciones realizadas.
El Tribunal de Cuentas ha dado asimismo cuenta de que, conforme a las normas que rigen este tipo de procedimientos, la delegada instructora ha requerido este miércoles el depósito o afianzamiento del importe a los presuntos responsables, pago que deberán realizar en un plazo de 15 días hábiles. En el caso de que no se cubra la cantidad, la delegada “podrá iniciar el procedimiento de embargo”.
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