Otra reforma judicial en Polonia, otro varapalo del Tribunal de la UE. La justicia europea ha fallado este martes en contra de la norma que otorgó al ministro de Justicia polaco la facultad de colocar jueces casi a su antojo en los tribunales encargados de dirimir las principales causas penales. Los elegidos por el ministro, que además ocupa el cargo de fiscal general, asumen también la tarea de “agente disciplinario”, cuya misión es vigilar la labor de los jueces de los tribunales ordinarios.
La Gran Sala del Tribunal del Justicia de la UE ha sentenciado que “no puede considerarse que tal facultad [del ministro] sea compatible con la obligación de cumplir la exigencia de independencia”. El veredicto, que resuelve una consulta prejudicial del Tribunal regional de Varsovia en relación con siete causas penales pendientes, hace aún más insostenibles las reformas judiciales emprendidas por el Gobierno polaco y que han sido denunciadas una y otra vez por la Comisión Europea.
En octubre, el Tribunal de la UE ya condenó a Polonia, a instancias de la Comisión, a una multa diaria de un millón de euros por no paralizar de manera cautelar la actividad de la sala disciplinaria del Tribunal Supremo, un órgano que, según Bruselas, también socava la independencia de los jueces polacos.
La sentencia de este martes coloca de nuevo al gobierno de Mateusz Morawiecki ante el dilema de acatar la jurisprudencia europea o afrontar un nuevo choque con la Comisión Europea que pondría en peligro la recepción de los multimillonarios fondos europeos. La confrontación se ve agriada, además, por un reciente fallo del Tribunal Constitucional polaco que, en respuesta a una consulta de Morawiecki, dictaminó que los artículos del Tratado de la UE invocados por la Comisión para atacar las reformas judiciales son incompatibles con la Carta Magna polaca.
Varsovia acusa a la Comisión de injerencias en el ordenamiento judicial polaco, que es parte de su soberanía nacional. Pero son algunos magistrados polacos, que temen por su independencia, quienes se están rebelando contra las reformas de Morawiecki a través de consultas prejudiciales a la corte europea. En la que se ha resuelto este martes, se cuestionaba si la norma que da poder al ministro de Justicia para adscribir jueces en comisión de servicio a un tribunal superior y cesarlos cuando desee es compatible con al artículo 19 del Tratado de la UE (que obliga a una tutela judicial efectiva) y con la directiva europea sobre presunción de inocencia.
El Tribunal europeo concluye que la norma polaca es incompatible tanto con el Tratado como con la directiva. Los jueces comunitarios reconocen que la norma prevé una salvaguarda, al supeditar el nombramiento del juez en comisión de servicio a la aceptación por parte del tribunal de destino. Pero señalan que el ministro dispone de excesiva discrecionalidad porque los criterios para designar al elegido son secretos. Y además puede ser cesado en cualquier momento sin tener que justificarse el motivo.
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La sentencia recuerda, además, que el ministro ejerce como fiscal general, lo que le da también poder sobre la fiscalía. Y los jueces designados por el ministro se encargan de instruir los procedimientos disciplinarios contra otros magistrados. Una acumulación de cargos nombrados o tutelados por el ejecutivo que, según la sentencia europea, “puede suscitar dudas legítimas en el ánimo de los justiciables en cuanto a la impermeabilidad de los demás miembros de los órganos de enjuiciamiento en cuestión frente a elementos externos”.
El fallo otorga más munición a la Comisión Europea en su batalla por preservar la independencia del sistema judicial polaco. El ejecutivo presidido por Ursula von der Leyen mantiene, de momento, bloqueada la aprobación del plan nacional de recuperación presentado por el gobierno de Morawiecki, que dará acceso a Polonia a 36.000 millones de euros del fondo europeo de recuperación.
Desde el 1 de enero, Bruselas dispone además de un reglamento sobre condicionalidad de todos los fondos (incluidos los estructurales y los agrícolas) que permite suspender los pagos a aquellos países donde la fragilidad del Estado de derecho ponga en peligro la gestión de los recursos del presupuesto comunitario. Von der Leyen está a la espera de una sentencia del Tribunal europeo sobre un recurso de Polonia y Hungría contra ese reglamento. Pero si los jueces comunitarios rechazan el recurso, la Comisión podrá esgrimir ese reglamento para congelar, llegado el caso, unos flujos financieros de los que depende en gran medida la inversión pública en Polonia.
La Comisión confía en que el gobierno de Morawiecki se comprometa a acatar las sentencias europeas a pesar del dictamen del Constitucional polaco. Ese compromiso permitiría la aprobación del plan de recuperación y la liberación de los fondos, siempre supeditada al cumplimiento de unos hitos que incluirán, entre otras medidas, el desmantelamiento de la sala disciplinaria del Supremo y la marcha atrás en las reformas judiciales rechazadas por la UE.
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