Las medidas del Gobierno de Polonia para controlar al poder judicial se han estrellado de nuevo con el Tribunal de Justicia europeo. La máxima Corte europea ha sentenciado este jueves que el régimen disciplinario en la carrera judicial introducido por Varsovia es incompatible con la legislación europea. El nuevo veredicto agrava el enfrentamiento entre Polonia y la UE, con una escalada en la tensión y el creciente riesgo de que Varsovia acabe por ignorar las sentencias de la Corte europea y provocar una crisis institucional de graves consecuencias para toda la Unión.
La sentencia señala que el sistema aprobado en 2018 somete a los jueces polacos a una supervisión arbitraria que no garantiza su derecho de defensa y, por lo tanto, socava su independencia. Los jueces europeos consideran inadmisible, además, que en Polonia se investigue a los magistrados que remiten consultas judiciales al Tribunal de Justicia europeo, un procedimiento al que tienen derecho los jueces de toda Europa y al que incluso están obligados en ciertos casos.
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Se trata de la tercera vez que el Tribunal europeo, tras las respectivas denuncias de la Comisión Europea, declara ilegales las reformas del sistema judicial iniciadas por el Gobierno del PiS (el partido ultraconservador de Jaroslaw Kaczynski) desde 2017. Los jueces europeos ya habían fallado dos veces en contra de los cambios en la edad de jubilación, interpretados por Bruselas como una purga encubierta. Ahora rechazan la creación de un órgano disciplinario que, para la Comisión Europea, era una forma de someter a los magistrados a una presión política y una vigilancia invasiva que les impediría ejercer su labor con independencia y neutralidad.
El Tribunal europeo, con sede en Luxemburgo, ya tiene en cartera otro caso, en el que la Comisión Europea pide que se declare la ilegalidad de la ley polaca que prohíbe a cualquier jurisdicción nacional verificar que se cumplen las obligaciones europeas relativas a la existencia de un tribunal independiente e imparcial.
Bruselas, como en casos anteriores, ha pedido a la Corte europea medidas cautelares para obligar a Varsovia a paralizar la aplicación de la norma y evitar así daños graves al Estado de derecho. El Tribunal, por tercera vez en casos relacionados con reformas judiciales en Polonia, concedió este miércoles las cautelares y exigió a Polonia la inmediata paralización de la norma.
Desacato del Constitucional
Solo unas horas antes, sin embargo, el Tribunal Constitucional polaco dictaminó, en relación con uno de los casos previos, que las medidas cautelares dictadas por la Corte de Luxemburgo en materia judicial son incompatibles con la Carta Magna polaca. Ese desacato supone un choque frontal con la UE y pone en peligro la estructura jurídica del club comunitario, basada en la supremacía del derecho europeo sobre el nacional.
La Comisión Europea se ha mostrado este jueves “profundamente preocupada por la decisión del Tribunal Constitucional polaco”. El organismo reitera que “el derecho de la UE prevalece sobre el derecho nacional” y que “todas las decisiones del Tribunal europeo son vinculantes para todas las autoridades y tribunales de los Estados miembro”. La Comisión, presidida por Ursula von der Leyen, asegura que “no dudaremos en hacer uso de los poderes previstos en los Tratados para salvaguardar la aplicación y la integridad del derecho europeo”.
El organismo ha añadido que la decisión del Constitucional polaco “reafirma nuestra inquietud sobre la situación del Estado de derecho en Polonia”. La Comisión inició en 2017 un expediente contra Polonia sobre la base del artículo 7 del Tratado de la Unión, una medida extrema jamás utilizada que permite suspender el derecho de voto en el Consejo de la UE a los socios que violen los valores fundamentales de la Unión.
Polonia y Hungría, que también está sometida al mismo expediente a instancias del Parlamento Europeo, han logrado evitar que el expediente avance por falta de mayoría necesaria en el Consejo para ponerla en marcha. Pero la deriva de ambos países en varios frentes, desde el judicial al de los ataques a la pluralidad informativa o la introducción de políticas discriminatorias contra ciertos grupos de población, están reduciendo el número de aliados con los que pueden contar Varsovia y Budapest.
Este mismo jueves, la Comisión ha abierto sendos expedientes de infracción contra Polonia y Hungría por algunas de sus medidas homófobas. Y ha denunciado a Hungría ante el Tribunal europeo por exigir a los solicitantes de asilo que tramiten su petición previamente en una embajada húngara en algún país fuera de la UE. La Comisión considera que se trata de una restricción ilegal al ejercicio del derecho de asilo.
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