En un nuevo hito de la justicia transicional en Colombia, el tribunal surgido de los acuerdos de paz con las FARC ha imputado este martes a una decena de militares, entre ellos un general, por crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con los llamados ‘falsos positivos’, el eufemismo con el que se conocen los asesinatos de civiles para presentarlos como guerrilleros caídos en combate.
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz ha acusado de homicidio y desaparición forzada a 11 personas –entre ellos un brigadier general, dos coroneles, dos tenientes coroneles, un mayor, un capitán, dos sargentos y un cabo, así como un civil– por su participación en las muertes de por lo menos 120 personas “en estado de indefensión” en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, entre enero de 2007 y agosto de 2008. Esos crímenes, explicó el tribunal, buscaban aumentar las estadísticas oficiales de éxito militar en medio de un conflicto de más de medio siglo que involucró a guerrillas, paramilitares y agentes del Estado.
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“Estos hechos no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos ‘en combate’, y sin la estigmatización de la población civil”, explicó la magistrada Catalina Díaz, relatora del caso, al leer un comunicado en la sede de la JEP, en el norte de Bogotá. La imputación, inédita en los cuatro años transcurridos desde la firma del acuerdo de paz, hace parte del caso 03, ahora llamado “asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado”.
Las ramificaciones a lo largo y ancho del país de los ‘falsos positivos’, perpetrados mayoritariamente durante los dos mandatos del expresidente Álvaro Uribe (de 2002 a2010), el más férreo opositor al proceso de paz con la guerrilla de las FARC, han sido una fuente permanente de conmoción en una sociedad que busca doblar la página de la violencia sin esquivar la verdad. La JEP estableció en febrero que entre 2002 y 2008 hubo más de 6.400 víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
La detallada imputación de 284 páginas –conocida en el sistema como auto de determinación de hechos y conductas– es la primera de por lo menos seis que se esperan como parte del caso 03. Los departamentos de Antioquia, Huila, Casanare y Meta, así como la región de la Costa Caribe, son los otros territorios priorizados en las investigaciones. La JEP ha explicado que continuará indagando la eventual participación de niveles de mando superior, por acción u omisión.
Las 120 víctimas en Norte de Santander tenían un perfil semejante, y se repite un mismo modus operandi, de manera que no se trataba de hechos aislados, señala el tribunal de paz. “Las desapariciones forzadas y asesinatos probados tenían las mismas características y una misma finalidad: responder a la presión por ‘bajas’ a ‘como diera lugar’ y así satisfacer el indicador oficial del éxito militar en el marco de la política institucional del conteo de cuerpos”, detalla la imputación. Los incentivos, que incluían felicitaciones, medallas, permisos y planes vacacionales, cumplieron un papel importante en las motivaciones de los perpetradores de esos crímenes.
La Sala de Reconocimiento determinó dos modalidades criminales sucesivas. En la primera, las víctimas eran hombres jóvenes de entre 25 y 35 años, habitantes del área rural del Catatumbo, en su mayoría agricultores, comerciantes y transportadores informales. La segunda consistió en el asesinato de jóvenes provenientes de otras regiones, engañados para ser trasladados al Catatumbo, con el mismo propósito de presentarlos como bajas en combate, y tuvo su origen en las oficinas de la comandancia del Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN), en Ocaña. “Las denuncias de la población del Catatumbo obligaron al cambio de modalidad”, explicó la magistrada Díaz. “Tenemos el mejor y más completo relato judicial de ejecuciones extrajudiciales”, uno de los hechos más graves que se cometieron en el conflicto armado colombiano, valoró por su parte el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP.
Condena a las FARC
El tribunal de paz ha pisado el acelerador, y se acerca en este 2021 a las primeras decisiones judiciales de fondo. De los siete grandes procesos –o ‘macrocasos’– que ha abierto hasta ahora, el más avanzado es el caso 01, relacionado con los secuestros cometidos por la guerrilla. Ya en enero, la JEP imputó a la cúpula de las extintas FARC una serie de delitos asociados con el secuestro, en lo que fue considerado su primer gran resultado. El de los mal llamados ‘falsos positivos’ es el otro macrocaso más adelantado.
Considerada la columna vertebral de los acuerdos de paz, la JEP ha tenido que navegar en medio de la polarización que ha caracterizado a la sociedad colombiana desde las negociaciones, y enfrentar formidables obstáculos, a los que se ha sumado la pandemia del coronavirus. Junto a la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas conforman el rebautizado Sistema Integral para la Paz, que ha contado con un robusto respaldo de la comunidad internacional.
Al priorizar las ejecuciones extrajudiciales, la JEP ha tenido en cuenta que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional también ha llamado la atención sobre este fenómeno, uno de los mayores escándalos de las Fuerzas Armadas en décadas de campaña contrainsurgente. “No me cabe la menor duda de que el pecado original, lo que en el fondo dio pie para estas atrocidades, fue la presión para producir bajas y todo lo que se tejió alrededor de lo que muchos han llamado la doctrina Vietnam”, dijo al comparecer el mes pasado ante la Comisión de la Verdad el expresidente Juan Manuel Santos, que fue ministro de Defensa durante el Gobierno de Uribe.
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