Tal como ocurrió en 2019 cuando se alertó por el ascenso de militares colombianos señalados de haber participado presuntamente en ejecuciones extrajudiciales, la Comisión Segunda del Senado de Colombia validó el ascenso de dos oficiales a pesar de que, según la ONG Human Rights Watch (HRW), “podrían tener vínculos con posibles casos de falsos positivos”. Así se conoce a los asesinatos de civiles para hacerlos pasar como guerrilleros caídos en combate. La alerta, que fue desestimada por los congresistas- y realizada el lunes por Jose Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas- pone el foco en los generales Marcos Evangelista Pinto y Édgar Alberto Rodríguez.
Entre octubre de 2006 y abril de 2007, Pinto comandó el batallón Anastasio Girardot, de la cuarta brigada, que fue vinculado por la Fiscalía con 45 presuntas ejecuciones de civiles durante esos años. Más tarde, entre diciembre de 2007 y septiembre de 2009, ese militar estuvo al mando del batallón Magdalena, donde la Fiscalía también investiga 18 presuntas ejecuciones.
Uno de los casos emblemáticos fue el asesinato del campesino Ever Urquina Rojas, ocurrido el 18 de enero de 2008. “El general Pinto certificó un pago de 1,5 millones de pesos [que equivalen a unos 400 dólares al cambio de hoy] a un informante para esta operación. Pero la Fiscalía concluyó que el informante no dio ninguna información”, denunció Vivanco. Más adelante, Pinto fue interrogado sobre el papel que desempeñó cuando estuvo al frente del batallón Magdalena.
El otro ascenso sobre el que alertaron varios congresistas de los partidos de oposición al Gobierno de Iván Duque es el del general Édgar Alberto Rodríguez Sánchez, quien comandó el Batallón Magdalena entre julio de 2006 y diciembre de 2007, un lapso de tiempo durante el cual, según investigaciones de la Fiscalía, se cometieron 32 presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Durante la sesión en el Congreso, senadores de la oposición como Iván Cepeda o Feliciano Valencia se salieron del recinto mientras la Comisión aprobó en bloque esos ascensos junto a los otros oficiales. Al mismo tiempo, los senadores del partido que sostiene al Gobierno, el Centro Democrático, defendieron a los oficiales con el argumento de que no están vinculados formalmente a investigaciones. Sin embargo, las promociones todavía no están formalizadas. Aún faltan tres debates en el Congreso para que se confirme el ascenso de los militares que promete polémica.
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