Las cinco acusaciones populares personadas en el juicio recibieron el jueves una de cal y otra de arena. Lograron que la Audiencia sentenciara a Bárcenas y al PP, así como a los dos dueños de la empresa de arquitectura que ejecutó la obra de Génova, Unifica. Pero el tribunal también condenó a las acusaciones populares a pagar las costas de la defensa de la formación conservadora y de uno de los cinco procesados —Laura Montero, trabajadora de Unifica, que resultó absuelta—.
Una decisión de la Audiencia que han recibido con sorpresa las acusaciones populares, que impulsaron con fuerza la investigación de esta derivada del caso Gürtel y cuya iniciativa permitió reabrir la parte de la causa que aún sigue en instrucción, sobre las supuestas donaciones de empresarios a la caja b a cambio de la adjudicación de obra pública.
En su resolución, los magistrados concluyen que estas cinco acusaciones actuaron con “temeridad y mala fe procesal”. En referencia al PP, por ejemplo, el tribunal afirma que pidieron “condenas indemnizatorias” por ejercicios fiscales “prescritos”; y solicitaron penas por delitos sobre los que no estaban “legitimadas” para ejercer la acción en solitario —porque la Fiscalía y la Abogacía del Estado no veían ahí irregularidades—. Por otra parte, en referencia a Montero, a la que el ministerio público y la Abogacía del Estado no atribuían ningún delito, los magistrados insisten en que las acusaciones populares mantuvieron hasta el final peticiones de penas “exacerbadas”, de hasta 19 años de prisión, aunque en la última fase de la vista oral todas decidieron retirarlas.
Pese a ello, el tribunal condena a las cinco acusaciones a pagar de forma “proporcional” el coste de la defensa del PP, pese a que este ha acabado sentenciado como responsable civil subsidiario a abonar 123.669 euros; y la de Laura Montero. Entre las acusaciones populares se encuentran IU; la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), vinculada al PSOE; y el Observatori DESC, representada por el abogado Gonzalo Boye, letrado también del expresidente catalán Carles Puigdemont. Estas estudian ahora si recurren al Tribunal Supremo, según confirman diferentes fuentes jurídicas.
Fuentes de IU detallan que su intención es recurrir la decisión de que tengan que pagar los abogados del PP, pero que aún estudian si harán lo mismo respecto a los gastos derivados de la defensa de Montero. Boye apunta que pedirá a los jueces una aclaración de sentencia, ya que Desc intentó retirar al inicio del juicio la acusación contra Montero, “pero lo rechazó la Sala”, así que “lo hicimos en la fase de conclusiones nuevamente”.
La sentencia de la Audiencia Nacional, que llega después de que el Gobierno impulsara el pasado año una reforma para impedir a partidos y sindicatos ejercer la acusación popular, se encuentra mucho más cerca de las pretensiones de la Fiscalía Anticorrupción y de la Abogacía del Estado. Aun así, todos solicitaban penas mayores que las impuestas finalmente por el tribunal. Para Bárcenas, sentenciado a dos años de cárcel, la Fiscalía planteaba cinco años de prisión; y la Abogacía, tres años. Para los dueños de Unifica, condenados a dos años y nueve meses, el ministerio público pedía tres años y 10 meses; y la Abogacía, cinco años y nueve meses. Y para Cristóbal Páez, exgerente del PP y que ha resultado absuelto, la Fiscalía solicitaba 18 meses de prisión, y la Abogacía, un año.
Source link