El Tribunal de Apelación de Sassari (Cerdeña, Italia) ha puesto este lunes en el congelador el proceso para entregar al expresidente catalán Carles Puigdemont a las autoridades españolas, a la espera de que la justicia europea se pronuncie sobre dos cuestiones. La primera, el recurso del también eurodiputado contra la decisión del Parlamento Europeo de retirarle la inmunidad. La segunda, la resolución de la cuestión prejudicial planteada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre la interpretación que está haciendo Bélgica de las euroórdenes dictadas contra los líderes independentistas huidos. Ambas respuestas deben llegar de tribunales comunitarios: respectivamente, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El TGUE tiene hasta finales de este mes para pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas por la defensa del exlíder catalán huido de la justicia para recuperar la inmunidad parlamentaria. Su abogado, Gonzalo Boye, calcula que el otro tribunal, también ubicado en Luxemburgo, resolverá la cuestión prejudicial sobre la negativa de Bélgica a entregar a Puigdemont durante la primavera, con lo cual la causa en Italia queda pospuesta, al menos, hasta el inicio de 2022.
Puigdemont había regresado a la isla italiana el domingo para asistir a la vista que fijó hace dos semanas el mismo tribunal de Sassari tras su detención el 23 de septiembre. En una rueda de prensa en Alguer, el expresident catalán ha aprovechado para cargar contra el Estado español, pedirle una “rectificación” ante lo que considera un rosario de derrotas judiciales y lo ha acusado de actuar “fuera de los márgenes de la justicia europea”. También ha aprovechado para enviar un mensaje al presidente Pedro Sánchez y al jefe de la oposición, el popular Pablo Casado, sobre sus promesas de traerlo a España para ser juzgado. “¿Qué harán? ¿Me secuestrarán, como en la época en que el Estado español estuvo involucrado en la guerra sucia del GAL?”, se ha preguntado.
El juez Salvatore Marinaro no ha dictado ninguna medida cautelar contra Puigdemont, que puede moverse libremente por territorio italiano y que no ha tomado la palabra durante la diligencia judicial. La providencia que firma el magistrado insiste en los argumentos bajo los que el mismo tribunal le dejó ir hace dos semanas: Puigdemont “disfruta todavía de la inmunidad” como eurodiputado y le permite “viajar libremente para participar en reuniones derivadas de su cargo”. De ahí que el proceso para hacer efectiva la euroorden no se pueda abordar hasta que se pronuncien los tribunales de la Unión Europea.
La decisión del tribunal de apelación apunta en la vía de lo solicitado por la Fiscalía italiana, que técnicamente debía defender también los intereses de la justicia española, en virtud de la euroorden y la cooperación judicial europea. El Ministerio Público cree asimismo que se tiene que esperar a la decisión de los dos tribunales de Luxemburgo para poder proseguir con la entrega a España. Los jueces de Sassari también han rechazado la pretensión de Vox de personarse como acusación particular en la causa.
Boye ha calificado de “victoria” la decisión judicial y cree que el hecho de supeditar la resolución de la entrega a lo que dictaminen los otros dos tribunales europeos también es un espaldarazo a su tesis de que el Tribunal Supremo no era competente para llevar la causa del procés. “Desde el primer día, en noviembre de 2017, planteamos que había un problema de competencia y el Supremo ha ido cambiando las razones para otorgarse ellos mismos la competencia en función del desarrollo de los acontecimientos”, ha asegurado.
Tres jurisdicciones
Puigdemont ha manifestado que se siente “más cerca” de poder volver a España y ha sacado pecho de que en tres jurisdicciones diferentes (Alemania, Bélgica y ahora Italia) le han dado la razón. “Habría que preguntarse si España es aún un estado de la Unión Europea”, ha ironizado.
El exmandatario catalán había llegado puntualmente a la vista, donde le esperaban varios manifestantes de partidos secesionistas sardos y otras entidades independentistas de la isla. También estaban allí los eurodiputados Toni Comin y Clara Ponsatí. Justamente en medio de la diligencia, ha explicado Boye, tuvieron conocimiento de la petición de Llarena de entregar también a ambos, pues pesa en su contra también una orden de detención del Supremo por sedición.
También acompañaron al expresidente catalán representantes de Junts per Catalunya, ERC y la CUP y de varios partidos independentistas sardos. El Govern ha estado representado por las consejeras de Presidencia, Laura Vilagrà (ERC), y Justicia, Lourdes Ciuró (Junts). “Esta será una nueva derrota para la justicia española, como ya ha pasado en Bélgica y Alemania”, auguró Vilagrà. Ciuró, por su parte, aseguró que el hecho de que Puigdemont esté en Sassari demuestra que “no rehúye la justicia” y pone de relieve los “déficits” de la democracia española. El líder de Junts, Jordi Sànchez, ha exigido al Gobierno que si de verdad apuesta por la vía de la negociación se comprometa a “que no se vulneren más las libertades” del eurodiputado y expresidente catalán.
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