El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha autorizado este miércoles la apertura de una investigación sobre posibles crímenes contra la humanidad cometidos en Filipinas, en la denominada guerra contra las drogas llevada a cabo por el Gobierno del presidente Rodrigo Duterte. Los jueces consideran que, con los datos presentados hasta la fecha por la fiscalía, dicha campaña contra el narcotráfico equivale a un ataque sistemático contra la población civil. Filipinas abandonó el TPI hace dos años, y solo se investigará el periodo en el que todavía era un Estado miembro: entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019. Las autoridades filipinas cifran en “unos 7.000” los muertos en las redadas policiales.
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Duterte considera que el TPI intenta violar la soberanía nacional de su país, así como su presunción de inocencia, y en julio pasado hizo votos por seguir luchando contra las drogas. Fue durante el discurso sobre el Estado de la Nación, donde también aseguró que esta batalla “ha reducido el crimen y favorecido la paz y el orden”. Se encaró a su vez con la justicia internacional recordando su “amor por mi patria”, y la voluntad de “acabar con los que destruyen a los jóvenes y a mi país”.
Un mes antes, un informe de Amnistía Internacional pidió a Naciones Unidas la apertura inmediata de una investigación sobre “la ola de muertes provocada por la campaña del presidente filipino, con impunidad de la policía que asesina en los barrios pobres a los que aparecen en unas listas de la droga”, según explicó Nicholas Bequelin, director regional de la organización no gubernamental. Añadió que el propio Gobierno de Duterte ha admitido “al menos 6.600 muertes a manos de las fuerzas del orden, y hay pruebas de que muchos más han perecido a manos de pistoleros con presuntos lazos policiales”.
El pasado 14 de junio la fiscalía del TPI solicitó permiso a los jueces para abrir la investigación que ahora tiene luz verde para abordar. La descripción del caso señala “la posibilidad de que miles de personas hayan muerto por su supuesta participación en el tráfico o bien consumo ilegal de drogas”. Si bien algunos de los fallecidos cayeron en enfrentamientos entre bandas, “se alega que muchos de los incidentes fueron ejecuciones extrajudiciales en el curso de operaciones policiales”. El caso está ahora en manos de Karim Khan, nuevo fiscal jefe del tribunal.
En septiembre de 2016, su antecesora, Fatou Bensouda, ya mostró su preocupación por la situación. En 2018, ella abrió el examen preliminar que ha derivado en la apertura de la actual investigación.
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