El caso Villarejo se adentra en un nuevo y crucial escenario. La Audiencia Nacional acoge a partir del próximo miércoles el primer gran juicio contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo y sus colaboradores. Casi cuatro años después de su arresto y tras pasar más de tres en prisión provisional, el tribunal sienta en el banquillo al antiguo agente de la Policía Nacional, epicentro de una macrotrama de corrupción policial, empresarial y política que acumula más de un centenar de imputados. Los magistrados han decidido unir en una única vista tres líneas de investigación que se instruyeron de forma independiente y que el magistrado Manuel García-Castellón envió a juicio de forma separada. La sentencia no solo marcará el futuro de la presunta organización criminal, sino también del resto de la causa que aún sigue viva.
La importancia de esta cita resulta indiscutible, según repiten diferentes fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS para analizar un juicio que comienza a las 10.00 de este 13 de octubre con la fase de cuestiones previas y que, según el calendario provisional fijado por la Audiencia Nacional, se prolongará hasta finales de enero de 2022. Por un lado, un fallo condenatorio abre la puerta al regreso de Villarejo a prisión, donde la Fiscalía quería que permaneciera mientras sigue con las pesquisas de más de una decena de líneas de investigación en las que considera que aún quedan pruebas por recabar.
Además, por otra parte, el tribunal —compuesto por los jueces Ángela Murillo, Carmen-Paloma González y Fermín Echarri— carga con la responsabilidad de pronunciarse por primera vez sobre la dimensión del grupo liderado por el comisario jubilado, y hasta dónde llegaban los tentáculos de esta “organización criminal”, en palabras del ministerio público. Hasta ahora, Villarejo ha defendido que trabajaba como agente encubierto y que contaba con el beneplácito de los distintos gobiernos para urdir sus negocios a través de unas empresas que, según asegura, después utilizaba el propio Estado para sus intereses. “La verdadera función de sus empresas era la eficaz cobertura de sus labores como servidor del Estado”, recalca su defensa. Por ello, cómo quede plasmado o no este argumento en la sentencia repercutirá en otras líneas de investigación que quedan por juzgar, donde algunas compañías salpicadas arguyen que cómo iban a saber que era ilegal contratar a Villarejo si las instituciones “propiciaron o permitieron” sus negocios al hacer “dejación de sus funciones públicas de supervisión y vigilancia”.
El gran protagonista. Villarejo, de 70 años y nacido en El Carpio (Córdoba), se movió durante muchos años en las sombras. Fue un desconocido para el gran público hasta que EL PAÍS comenzó en 2015 a destapar sus oscuros negocios, pero sobre todo hasta que fue detenido en noviembre de 2017 en el marco de este macrosumario denominado Operación Tándem. A él se le atribuye el liderazgo de una organización criminal que, durante años, se enriqueció espiando para particulares, empresas e incluso el Gobierno de Mariano Rajoy, aprovechándose de su posición privilegiada de policía y sus contactos dentro del Cuerpo. La Fiscalía le pide en este primer juicio 109 años y 10 meses de cárcel por toda una batería de delitos: cohecho activo y pasivo, descubrimiento de secretos, falsedad documental, tráfico de influencias, extorsión y revelación de secretos relacionados con la vida sexual de una de sus víctimas, entre otros.
Qué se juzga. La Sala de lo Penal acordó juntar en un único macrojuicio las tres primeras líneas de investigación del caso Villarejo que se dieron por concluidas y que se instruyeron por separado: las bautizadas como piezas Iron, Land y Pintor. Esta decisión, que complicó la organización y celebración de la vista, se tomó el pasado febrero, cuando había comenzado la cuenta atrás para la salida de la cárcel del comisario jubilado. El antiguo policía cumplía en noviembre de este 2021 los cuatro años que, como máximo, se puede permanecer en prisión preventiva sin una condena en contra; y, para entonces, ya se hacía imposible que hubiera sentencia antes de que se alcanzara el plazo. Es más, el 3 de marzo, Villarejo quedaba libre y abandonaba el centro penitenciario de Estremera (Madrid) asegurando: “Eso de que voy a huir es mentira […] Es la razón por la que me han tenido preso, para que no hablara. Confío ahora en poder defenderme”.
Los acusados. 27 personas físicas, además de cinco jurídicas, se sentarán en el banquillo, según los autos de procesamiento del instructor. Los acusados se dividen en cuatro grandes grupos. El primero lo integran Villarejo y sus presuntos colaboradores: lo que incluye a familiares como su hijo (José Villarejo) y su esposa (Gemma Alcalá), su principal socio (el abogado Rafael Redondo) o varios policías (el también comisario Enrique García Castaño o los inspectores Antonio Bonilla y Constancio Riaño). Los otros tres lo conforman los contratantes y cooperantes del principal sospechoso en Iron, Land y Pintor. Fuentes jurídicas detallan que la Fiscalía ha alcanzado un pacto con varios acusados.
Iron. Tras casi tres años de instrucción, García-Castellón tomó la decisión en mayo de 2020 de dar por concluida una primera línea de investigación. Fue la pieza separada número 2, bautizada como Iron por el despacho de abogados que centra las pesquisas, Herrero & Asociados. Según el sumario, este bufete se hizo con los servicios del comisario para espiar a otro (Balder IP Law), adonde se habían marchado antiguos socios y empleados. La Fiscalía y el magistrado mantienen que la trama obtuvo ilegalmente “datos de carácter reservado” que iban a servir para sustentar una futura denuncia que permitiría, gracias a los tentáculos de Villarejo, desplegar una operación policial que acabara con la detención de los rivales de Herrero. El objetivo era que la repercusión mediática de “dicha actuación policial y el procedimiento judicial subsiguiente” dañara la reputación de Balder, según mantienen los investigadores, que cifran el precio del encargo en 625.000 euros —325.000 euros como coste fijo y 300.000 en concepto de prima de éxito—.
Land. Esta línea de las pesquisas (pieza separada 3, conocida como Land) impacta de lleno en la jet set española y desvela los entresijos de una guerra familiar. Además de Villarejo, por esta parte de la causa, se sienta en el banquillo Susana García-Cereceda, hija del fallecido Luis García-Cereceda, el promotor que levantó la urbanización de lujo La Finca en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Según la instrucción, junto a dos de sus colaboradores (Francisco Peñalver y David Fernández), la procesada contrató a la trama de Villarejo para espiar al resto de herederos —incluidas su hermana y la viuda del empresario— y obtener información de su vida privada que le sirviera después como “instrumento de presión” a su favor en las batallas “sobre el patrimonio social y familiar existentes”. El juez calcula que el precio pactado con el comisario ascendía a 275.000 euros, más otros 150.000 “en caso de rentabilización de los resultados”.
Pintor. Villarejo bautizó este encargo como Thew-Pintor, nombre que ha heredado la pieza separada 6 abierta por la Audiencia Nacional para investigarlo. Esta línea de las pesquisas coloca en la diana al empresario Juan Muñoz Tamara, marido de la popular presentadora Ana Rosa Quintana. El juez instructor concluyó que él y su hermano Fernando contactaron con el comisario para que obtuviera ilegalmente datos de un exsocio, al que reclamaban el pago de una deuda. La trama puso entonces un operativo que incluyó grabaciones con cámaras ocultas y el acceso a bases de datos de carácter confidencial. El tribunal ha rechazado que Quintana declare como testigo, como había pedido una de las acusaciones populares.
Piezas pendientes. Esta vista oral inaugura el largo camino que le queda a Villarejo en la Audiencia Nacional. Además de las tres líneas de investigación que se juzgan desde este miércoles, el magistrado García-Castellón ya ha dado por concluidas otras ocho piezas separadas, en siete de las cuales se encuentra señalado el comisario jubilado. En total, 54 personas (49 físicas y 5 jurídicas) han sido procesadas ya por todas estas pesquisas, que han acumulado más de un centenar de imputados y que han hecho temblar los cimientos del establishment español.
Esas otras ocho líneas de investigación que el instructor ha propuesto enviar a juicio versan sobre diversos temas. Desde los presuntos encargos de particulares —como la contratación de Villarejo por parte del empresario Javier López Madrid para supuestamente hostigar a la doctora Elisa Pinto— y empresas (Mutua Madrileña, Repsol y Caixabank). A la trama Kitchen, sobre la operación gestada en el Ministerio del Interior para espiar a Luis Bárcenas con el presunto objetivo de arrebatarle documentación comprometedora para altos cargos del PP. O al caso Dina, sobre el supuesto robo de una tarjeta de móvil a una antigua asesora del exvicepresidente Pablo Iglesias y cuyo contenido acabó publicado en varios medios de comunicación —una causa que se ha desdoblado y donde el juez ha llegado a señalar al exlíder de Podemos como presunto responsable de destruir esa tarjeta—.
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