El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) vuelve a acusar a Irán de falta de transparencia. Según un informe filtrado a la prensa el lunes, Teherán no ha explicado el origen de las trazas de uranio enriquecido encontradas en varios sitios sin relación declarada con su programa atómico. Esa actitud casa mal con su participación en las negociaciones de Viena para reactivar el acuerdo nuclear de 2015. Fuentes diplomáticas admiten que el continuo tira y afloja es parte del juego, aunque advierten que el tiempo corre. Si no coopera, dificultará la vuelta al pacto firmado en 2015 por los cinco miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas —China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia—, Alemania y la Unión Europea y del que EE UU, bajo la presidencia de Donald Trump, se salió en 2018.
El asunto de los rastros de uranio enriquecido (material de doble uso civil y militar) no es nuevo. Los inspectores del OIEA los descubrieron a lo largo de los dos últimos años en tres instalaciones que Irán nunca había mencionado al organismo. Eso alentó la sospecha de que disponía de material nuclear no controlado. El OIEA tiene que rastrear su origen para asegurarse de que no se está desviando para fabricar una bomba.
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Hace tres meses el Reino Unido, Francia y Alemania frenaron una propuesta de EE UU para que la Junta de Gobernadores del OIEA criticara a Irán por ese motivo y, en cambio, el director general de ese organismo, Rafael Grossi, anunció que la República Islámica se mostraba dispuesta a aclararlo. También entonces, los europeos ejercían como mediadores entre Teherán y Washington para salvar el acuerdo nuclear, moribundo desde que la Administración de Trump lo abandonó en 2018.
Los contactos se iniciaron a principios del pasado mes de abril en Viena y, a pesar de declaraciones contradictorias sobre sus avances, siguen adelante. “Si descontamos el ruido de fondo, existe una clara voluntad política de alcanzar un acuerdo por ambas partes, aunque no se hablen directamente”, aseguran a EL PAÍS fuentes diplomáticas europeas en referencia a que las delegaciones iraní y estadounidense se comunican a través de los mediadores. “El régimen [iraní] tiene interés en que se le levanten las sanciones porque son un dogal para su economía”, añaden.
Se trata de dos procesos diferentes, uno político (las negociaciones para rescatar el acuerdo) y otro técnico (las inspecciones del OIEA), aunque con el mismo objetivo final: impedir que Irán se haga con armas atómicas. Los portavoces iraníes siempre han negado que esa fuera su intención. Sin embargo, cada vez que el organismo de la ONU encuentra algún obstáculo en su tarea, hay voces que cuestionan la sinceridad de Teherán.
Tampoco ayuda que, desde 2019, Irán incumpla el acuerdo de forma deliberada y pública como respuesta a la salida de EE UU del mismo. “Es un juego constante. Y las trazas nucleares de origen no esclarecido son parte de ese juego”, afirman las citadas fuentes diplomáticas. El problema, alertan, es que “el tiempo corre”.
En el informe filtrado el lunes, Grossi hace partícipes a los 35 países miembros de la Junta de Gobernadores de su “preocupación por la falta de avances en las discusiones técnicas” sobre los rastros de uranio procesado. Eso dificulta, añade, “la capacidad del organismo para garantizar la naturaleza pacífica del programa nuclear de Irán”. Más aún cuando desde febrero los inspectores no han tenido acceso a los datos que registran sus cámaras y aparatos de medición.
Irán redujo entonces las inspecciones aceptadas en el acuerdo de 2015 en un intento de presionar a la Administración de Joe Biden para que levante las sanciones económicas que le impuso su predecesor. Pero sin esa vigilancia, era imposible reanudar la negociación. El director del OIEA consiguió un entendimiento con los iraníes para que mantuvieran durante tres meses el sistema de control electrónico y guardaran los datos grabados a la espera de que la diplomacia obtenga resultados y se pueda seguir adelante con las inspecciones.
Ahora bien, al igual que Grossi se mostró flexible con ese arreglo, luego prolongado hasta finales de junio, el OIEA también tiene que mantener su nivel de fiscalización de las actividades nucleares porque le va la credibilidad en ello. Está por ver si, cuando la Junta de Gobernadores se reúna la semana que viene, las tres potencias europeas van a utilizar el informe del organismo para recuperar la resolución que pararon a principios de año criticando a Teherán, algo que sin duda afectaría a la negociación para volver al acuerdo.
Al final, dilucidar si Irán tiene voluntad o no de completar el desarrollo del ciclo nuclear que permite fabricar una bomba termina siendo una cuestión de fe. Lo que importa, insisten las fuentes diplomáticas, “es controlar el proceso con restricciones muy estrictas, que es lo que consiguió el acuerdo de 2015, así que se trata de no interferir en la negociación para reactivarlo y que el OIEA pueda seguir ejerciendo esa vigilancia”.
No es una mera opinión. Los datos recopilados por los inspectores lo avalan: frente a los 202,8 kilos de uranio enriquecido que le permitía el acuerdo de 2015, Irán tiene hoy 3.241 kilos, aunque todavía lejos de las seis toneladas que llegó a almacenar antes del pacto. Además, ha empezado a enriquecer muy por encima del 3,67% de pureza autorizado, a un 60% que se acerca al 90% que se requiere para fabricar bombas, y a producir cantidades experimentales de metal de uranio, otro material de uso militar que tenía prohibido.
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