El vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, y seis ministros del Gabinete han dado positivo a la covid-19 en el repunte de contagios en el país. Se trata del 37% del Gabinete, conformado por 16 funcionarios. Choquehuanca se ha contagiado por tercera ocasión y a una semana después de haber recibido su primera dosis de la vacuna, algo que había eludido durante ocho meses. El Gobierno publicó un comunicado informando que, además de él, los responsables de Relaciones Exteriores, Gobierno (Interior), Defensa, Planificación, Justicia y Educación estaban aislándose tras someterse a pruebas.
Desde el 27 de diciembre, Bolivia se encuentra en el pico de su cuarta ola de contagios. En los últimos siete días, los nuevos casos han aumentado a un ritmo promedio de más de 9.000 diarios, superior al de otros momentos de la pandemia. La variante ómicron de la covid-19 se ha detectado oficialmente en La Paz, la capital administrativa del país, y los médicos aseguran que está expandiéndose también en otras ciudades en las que el brote es más intenso, como Santa Cruz de la Sierra y Tarija. Igual que ocurre en el resto del mundo, los contagios son rápidos, los cuadros más leves entre los vacunados y la tasa de mortalidad más baja que nunca antes (de alrededor del 0,8%). En Bolivia el subregistro de contagios y fallecimientos es muy alto.
La vacunación del vicepresidente Choquehuanca se produjo luego de que la oposición le criticara continuamente por no haberlo hecho en abril pasado, cuando le correspondía por su edad. El vicepresidente boliviano explicó que no se había vacunado antes porque había enfermado dos veces con el coronavirus. También afirmó que había logrado salir de la enfermedad usando hierbas medicinales ancestrales y comiendo “hasta pasto”. En Bolivia ha sido frecuente que en las áreas rurales la población tienen más confianza en estas hierbas que en otros procedimientos médicos. El retraso también fue la resistencia a la vacunación de los habitantes del altiplano boliviano, que constituyen la base social del vicepresidente. En esta zona tienen una importante influencia las iglesias evangélicas que se oponen abiertamente a las vacunas.
El lunes pasado, miles de gremiales y vecinos de la ciudad de El Alto (colindante con La Paz), la mayoría de ellos de origen aimara, protestaron contra un decreto del Gobierno que ordena a todas las instituciones públicas, inclusive los aeropuertos y las terminales de buses, y a muchas privadas, exigir como requisito de admisión el carnet de vacunación o un PCR reciente. La medida gubernamental también ha sido rechazada por varios sectores campesinos, que han advertido con movilizarse. “En el campo sabemos que debemos curarnos con nuestra medicina ancestral, y que los que han ido al hospital han salido en cajón”, declaró un dirigente campesino a la prensa. Durante los dos años de duración de la pandemia, en Bolivia se ha denunciado el uso masivo de sustancias que son ilegales para el tratamiento de la covid-19, como la ivermectina y el dióxido de cloro.
El presidente, Luis Arce, decidió postergar la entrada en vigencia de este decreto hasta el 26 de enero, argumentando que los puntos de vacunación no estaban preparados para una afluencia tan masiva como la que se produjo mientras el decreto estuvo operativo, entre el 3 y el 5 de enero. En este corto periodo, aproximadamente medio millón de personas se vacunó, una cifra que en el pasado solo se lograba con varias semanas de campaña. Algunos voceros de la oposición dudan de que Arce pueda imponer finalmente su exigencia, puesto que se le enfrentan grupos sociales que tienen gran capacidad de movilización y que tradicionalmente han sido parte del oficialismo. Algunos dirigentes de estos grupos han afirmado que no son contrarios al Gobierno ni tampoco antivacunas, pero no quieren ser obligados a ser inmunizados. También existen grupos de antivacunas en otros segmentos sociales y otros lugares del país, pero solo se trata de pequeños grupos.
El expresidente Evo Morales criticó a los dirigentes de las organizaciones sociales vinculadas a su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), por divulgar entre la gente que “las vacunas matan”. El que fuera mandatario boliviano se sumó al esfuerzo de Arce para aumentar la presión sobre la población que todavía no se ha inmunizado, que de acuerdo con las estadísticas mundiales es el 60% de los 11 millones de bolivianos (aunque la vacuna solo está disponible para niños desde los cinco años). Bolivia ocupa en este campo el penúltimo lugar en Sudamérica, únicamente por delante de Venezuela. Para elevar esta cifra y evitar un nuevo colapso sanitario al país, Arce desea adoptar la misma política que hoy se aplica en otros países de la región y el mundo, pero no ha sido comprendido por sus propios seguidores.
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