Tres de los aspirantes a la presidencia de Guatemala: Zury Ríos, Edmond Mulet y Sandra Torres.RR SS
En tres meses, la autoridad electoral en Guatemala debe tener listas las papeletas para que más de nueve millones de ciudadanos elijan al próximo presidente. Al cierre de las inscripciones se acreditaron las candidaturas para presidente y vicepresidente por 23 partidos políticos pero aún quedan batallas judiciales para definir la boleta electoral, lo que añade incertidumbre y preocupación entre los votantes ante un proceso en el que se juega la instalación de una “autocracia electoral” o “democracia de fachada”, según los analistas.
La campaña electoral arrancó este lunes 27 de marzo, mientras varios aspirantes todavía reclaman ante las cortes de justicia la aplicación de criterios contradictorios, discriminatorios y desiguales que los mantienen fuera de la contienda. La preocupación por la incertidumbre y las tensiones por la inscripción de candidaturas resonaron en la Organización de Estados Americanos (OEA), que señala la exclusión de cientos de personas, algunas de ellas de muy alto perfil y que aspiran a los más altos cargos de elección popular.
La incertidumbre y el desinterés también permea entre la población. Como muestra, de los 4.5 millones de jóvenes de 18 a 30 años censados solo 2.6 millones están habilitados para votar, según la Asociación Diálogos. A diferencia de las elecciones de 2015 y 2019, cuando la esperanza de cambio movilizó el interés para ir a votar, ahora los guatemaltecos están muy decepcionados por cómo se está fraguando el proceso, hacia un evidente fraude, afirma la activista maya kaqchikel Nanci Sinto.
En 2015 Guatemala vivió un periodo de manifestaciones ciudadanas a partir de la indignación por los graves señalamientos de corrupción contra Otto Pérez y Roxana Baldetti. La población quería un gobernante que no fuera corrupto y ese mismo año eligió al comediante Jimmy Morales, el presidente que en 2019 sacó de Guatemala a la CICIG, el organismo llevó ante la justicia 120 casos de corrupción. Hace cuatro años, los votantes llevaron a la presidencia a Alejandro Giammattei, en cuyo mandato se acusa la pérdida de los contrapesos institucionales.
Con todo el sistema a favor de un grupo que responde a los mismos intereses, la procuración de impunidad y evitar que se persiga la corrupción, en la papeleta presidencial podrían quedar solo las figuras que no hagan ruido al proyecto de Estado cooptado que se busca consolidar, apunta Lourdes Balconi, decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar.
El supuesto de que la papeleta electoral se diseña a gusto de esos intereses, se ve como fraude desde la mirada ciudadana pero el rigor académico no permite nombrarlo como tal. No se puede hablar de fraude porque no hablamos de una alteración de los resultados durante un corte de energía eléctrica o por la destrucción de las papeletas, pero sí de una manipulación de quiénes participan y quiénes no, explica Balconi. “Nos van a obligar a elegir solo entre los candidatos que un grupo permita que participen”, detalla la académica.
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Con esas condiciones, “¿qué sentido tiene ir a las urnas a legitimar o ratificar eso?”, cuestiona Sinto. Desde las aulas universitarias, prosigue Balconi, hay mucha preocupación porque en estas elecciones está en juego la pérdida de los mínimos de la democracia electoral: elecciones libres, transparentes y periódicas. “Podemos perder la posibilidad de elegir libremente, porque como las cortes deciden qué candidato va y cuál no, hasta hoy, no sabemos quiénes van a estar en la papeleta”, apunta la académica.
El bloqueo a la lideresa maya
El TSE ha rechazado la inscripción de las candidaturas de las fórmulas de los partidos Podemos, que se integra por Roberto Arzú García-Granados y David Pineda, así como de Thelma Cabrera y Jordán Rodas, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). El Registro de Ciudadanos rechazó la candidatura de Rodas porque su solvencia administrativa perdió vigencia por una denuncia que se presentó mientras se tramitaba su inscripción como vicepresidenciable del MLP. La Fundación contra el Terrorismo, que ha denunciado a exjueces, exfiscales y periodistas, ha pedido que Rodas no sea inscrito.
La denuncia la presentó Alejandro Córdova, el procurador de los Derechos Humanos electo por la alianza en el Congreso que lidera el partido de gobierno y que en 2021 fue señalado por participar en el presunto amaño para la elección de magistrados de justicia. La investigación no avanzó por decisión de la Corte de Constitucionalidad. En las elecciones de 2019, la presidenciable del MLP Thelma Cabrera logró el cuarto lugar con su propuesta de la refundación del Estado, para convertirlo en plurinacional y la nacionalización de la energía eléctrica.
Otra de las acciones más recientes que se observa como una maniobra de exclusión de candidatos es la denuncia que presentó el Ministerio Público contra el presidenciable del partido Cabal, Edmond Mulet. La Fiscalía a cargo de Rafael Curruchiche, sancionado por el Departamento de Estado como uno de los actores corruptos y antidemocráticos, busca investigar a Mulet porque considera que promovió su imagen política al pronunciarse a favor de periodistas bajo investigación como el presidente de elPeriódico Jose Ruben Zamora. Y eso, anotó Curruchiche, es campaña anticipada.
Mulet es uno de los 20 presidenciables acreditados por el Registro de Ciudadanos y que está habilitado para hacer campaña rumbo a las elecciones del 25 de junio, al igual que Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (Une) y Zury Ríos Sosa, por la coalición Valor-Unionista. Los tres puntean en los sondeos internos de los partidos políticos, muy por delante de Manuel Conde, el presidenciable de Vamos, el partido de Giammattei.
El sistema legal e institucional del país está negando la participación de varios contendientes, como el antisistema MLP, “lo que indudablemente contribuirá a la profundización de la autocracia electoral”, asegura el sociólogo Luis Fernando Mack en una columna de opinión publicada a principios de marzo.
La autocracia es un sistema de gobierno que centraliza el poder en una persona, cuyas decisiones no pueden cuestionarse ni sujetarse a controles, según los diccionarios de ciencia política. Al pedirle una definición más coloquial, la profesora Balconi define al autoritarismo como una “democracia de fachada”.
En el proceso de 2019 también hubo exclusiones de candidatas por la vía judicial. Cuando faltaba un mes para las votaciones, el tribunal constitucional sacó de la contienda a la exfiscal General Thelma Aldana que aspiraba a la presidencia por el partido Semilla. La corte también dejó fuera a Zury Ríos Sosa, la hija del dictador Efraín Ríos Montt, bajo la interpretación de que el artículo 186 constitucional le prohíbe participar por ser hija de un golpista.
El aspecto crítico del actual proceso electoral, dice el antropólogo y politólogo Ricardo Sáenz de Tejada, es la captura de todas las entidades del sector público, hasta la Corte de Constitucionalidad. A diferencia de las elecciones de 2019, ahora la población carece de jueces, fiscales, magistrados y un Procurador de Derechos Humanos independientes, muchos de los cuales debieron exiliarse.
El excanciller Edgar Gutiérrez coincide en que el proceso electoral de 2023 no solo está signado por la judicialización, sino por dos fenómenos inéditos en las últimas cuatro décadas: Todas las instituciones de contrapeso están controladas directamente por el Gobierno central y la falta de independencia y la debilidad técnica del TSE.
Gutierrez se refiere a que las cortes de justicia, la fiscal General y el magistrado de conciencia han sido electos directamente por el presidente Giammattei o la alianza en el Congreso que lidera el partido oficial. Ese mismo grupo de diputados ha propiciado la prolongación de funciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al no elegir sucesores.
Minutos antes del cierre para la inscripción de candidaturas, los magistrados electorales Blanca Alfaro y Gabriel Aguilera reconocieron que el tribunal no es “Supremo”, pues la ley permite que la Corte de Constitucionalidad tome las decisiones finales en materia electoral. En 2021 se propuso una reforma para que las decisiones del TSE no sean recurridas ante las cortes, pero el Congreso no aprobó la iniciativa.
La dependencia de las decisiones jurídicas para confirmar o excluir candidatos también supone costos electorales, como los 645.000 dólares que se debieron pagar por la reimpresión de boletas. Además, hubo candidatos que pudieron hacer campaña solo durante algunas semanas, recuerda Aguilera.
Hacia la deriva autoritaria
Si en el pasado las elecciones sirvieron para procesar o disolver contradicciones y produjeron nuevas correlaciones de fuerza, ahora “tienden a reforzar la deriva autoritaria que le imprime a todo el sistema el presidente Giammattei, sin que los actores centrales de la gobernabilidad reaccionen: ni los partidos autónomos y directamente afectados, ni la sociedad civil, ni los empresarios”, observa Gutiérrez.
La democracia que tanto esfuerzo y vidas costó está siendo llevada, como corderito, al matadero, ante la mirada asustadiza de los guatemaltecos, añade el excanciller.
-¿Se refiere al autoritarismo?
-Si Giammattei se auto-extendiera el mandato uno o dos años, definitivamente, sí, sería autocracia pura y dura, empeorando las condiciones de persecución y asfixiando más y más las libertades civiles y políticas, dice Gutiérrez.
Ese es el caso del presidente salvadoreño Nayib Bukele, que nombró una sala constitucional que levantó la prohibición para la reelección inmediata. En Guatemala, explica Sáenz de Tejada, no está en juego la permanencia de una sola figura sino de una coalición de redes que quieren seguir utilizando el Estado como un instrumento de acumulación.
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